La Consejería de Fomento y Vivienda, cuya titular, la comunista Elena Cortés, se ha caracterizado por su defensa de la "okupación" de viviendas privadas vacías, ha descubierto que más de 5.000 viviendas sociales alquiladas en Andalucía no cumplen con la obligación de pagar un alquiler de entre 25 y 60 euros, una cantidad mínima si se compara con cualquier cifra del mercado de alquileres privado. Además, hay quien usa sus viviendas sociales para veranear o que, a pesar de tener adjudicada una, han comprado apartamentos en la playa u otras propiedades.
La Junta de Andalucía es propietaria de 80.000 viviendas sociales. De ellas, 46.000 están en alquiler a los precios ya indicados y en un 11 por ciento de ellas, más de 5.000, sus inquilinos no pagan. Para distinguir entre quienes no pagan por mala fe y quienes no pagan porque no pueden, la Consejería ha tenido que investigar.
Como consecuencia de esa investigación, en los dos últimos años la Consejería ha tenido que abrir 155 expedientes en los que ha encontrado, según El País, inquilinos que no pagan porque no quieren, inquilinos que están usando sus viviendas para pasar las vacaciones en verano e incluso inquilinos que son propietarios de otros inmuebles o que usan las viviendas sociales como sedes de sus negocios.
Esta situación suele ser forzada por circunstancias adversas y no una opción vital. Pero también están los que actúan de mala fe y la Consejería de Fomento y Vivienda se ha propuesto combatir esa morosidad deliberada. Es decir, "los que hacen un uso fraudulento de un inmueble que es público", afirma Fernando Herrera, director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Herrera ha dicho al diario de Prisa que, además de quienes no pueden pagar han encontrado intolerable "que alguien viva todo el año fuera de la vivienda del parque público y regrese en verano porque está en una ciudad costera". De todos los casos, destaca especialmente Herrera el de un concejal del PP de la localidad onubense de Alosno que dedicaba el piso a local de clases particulares para su hija.
De todas formas la Consejería hace hincapié en que abre expedientes de desahucio obligados por la ley aunque sólo lleva a los tribunales cuando hay mal uso de la propiedad pública. Por ejemplo, pone a personas que residen en una vivienda social pero se compra un apartamento en la playa o heredan un piso de sus padres y lo alquilan a otro, o se lo ceden a un familiar que no cumple los requisitos para acceder a este tipo de viviendas.
Lo que no se explica desde la Consejería es qué clase de investigación se hace antes de conceder una vivienda social que, a la vista de los hechos contrastados por la propia Consejería, no parece ser exhaustiva ni precisa.