El Gobierno francés aprobó ayer martes por decreto la reforma laboral, una de las medidas estrella del presidente, François Hollande.
Tras constatar la falta de consenso entre los propios diputados socialistas, el Ejecutivo ha dado luz verde al primer ministro, Manuel Valls, para sacar adelante la medida sin la celebración de una votación en el Parlamento.
Así, el Gobierno recurrirá ahora a la cláusula 49.3 de la Constitución en virtud de la cual puede adoptar medidas por decreto si la oposición no saca adelante una moción de censura en un plazo de 48 horas. El Ejecutivo ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para validar dicho procedimiento.
Valls ha defendido que se trata de "un texto coherente y equilibrado" y ha lamentado que los grupos opositores, en lugar de sumarse a la "dinámica del compromiso", hayan optado por "bloquear" la iniciativa. "El país debe avanzar", ha explicado el primer ministro, que ha intentado hasta este martes por la mañana conformar una coalición in extremis.
El proyecto, que ha recibido críticas también de diputados socialistas, tiene entre sus aspectos más controvertidos el artículo 2, según el cual prevalecen los convenios de empresa por encima de los sectoriales, así como la aparente permisividad con los despidos colectivos.
La oposición conservadora y centrista ya ha anunciado la presentación de una moción de censura, si bien necesitaría de 60 diputados de izquierdas. Durante una entrevista por la noche en la cadena TF1, Valls ha evitado entrar a valorar este desafío: "Lo que cuenta para mí no es la aritmética, es la reforma".