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CaixaBank sólo devolverá las cláusulas suelo cuando considere que hubo "abusividad"

La entidad catalana analizará una a una la situación y comercialización de cada hipoteca. Y provisiona un 50% del total de créditos afectados.

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La entidad catalana analizará una a una la situación y comercialización de cada hipoteca. Y provisiona un 50% del total de créditos afectados.
El presidente de CaixaBank, Jordi Gual (derecha), y el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Cortázar, este jueves, en Barcelona. | EFE

Devolución de cláusulas suelo, sí, pero sólo en aquellos casos en los que se considere que existió una mala comercialización. Caixabank no se suma a la alternativa Bankia y analizará cada crédito antes de ofrecer una solución al cliente. ¿Cuántos de los afectados cobrarán sin necesidad de acudir a los tribunales? No hay una cifra cerrada, pero la entidad ha provisionado un 50% del total de créditos afectados. Es decir, más o menos en la mitad de las cláusulas se le dará la razón al cliente. Para el resto, la respuesta será negativa: si creen que también ellos deben recibir algo, tendrán que ir a juicio.

Este jueves, en Barcelona, tenía lugar la presentación de resultados de CaixaBank, a cargo de Jordi Gual y Gonzalo Gortázar, presidente y consejero delegado de la entidad. Y se esperaba con expectación la posición que pudieran adoptar en la polémica de las cláusulas suelo, una cuestión en la que el banco catalán también está afectado.

En primer lugar, Gortázar y Gual han querido destacar que ésta no fue una "política habitual" de su entidad y que la mayoría de los casos que tienen en cartera provienen de las fusiones y adquisiciones que el banco ha acometido en los últimos años. No sólo eso, en 2015, tras la primera sentencia del Tribunal Supremo (TS) pero antes de otras resoluciones judiciales, Caixabank ya decidió "unilateralmente" retirar la totalidad de las cláusulas suelo de sus créditos hipotecarios.

Sin embargo, tras la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la situación ha vuelto a cambiar. Además, el Gobierno aprobó hace unos días un Real Decreto Ley (RDL) de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo que obliga a las entidades a habilitar un mecanismo extrajudicial para intentar resolver el conflicto sin que éste llegue a los tribunales.

Pero, cuidado, ni la sentencia del TS, ni la del TJUE ni el RDL del Gobierno dicen que haya que pagar sí o sí a todos los afectados. Lo que afirmó el TS en la sentencia que dio origen a todo este lío es que las cláusulas que se hubieran comercializado de forma abusiva, sin unos requisitos de "especial transparencia", eran nulas y daban lugar al derecho al cobro de la diferencia entre lo pagado en la hipoteca y lo que se hubiera pagado sin esa cláusula suelo. Es cierto que los tribunales están fallando de forma mayoritaria en favor de los demandantes, pero no lo es menos que ningún precepto establece que haya que anular de forma retroactiva todas las cláusulas o que el banco tenga que pagar sin más comprobaciones.

Ante esta situación, el sector se ha dividido en dos. Por un lado, Bankia y BMN, las dos entidades en manos del Estado, han decidido pagar a todos los afectados y no darle más vueltas al tema. Como explicaba este lunes en Madrid José Ignacio Goirigolzarri, ante la posibilidad de seguir perdiendo juicios, con el elevado coste en minutas de abogados que eso supone, la decisión que han tomado ha sido pagar a todos aquellos que tengan una cláusula suelo y reclamen la devolución, sin entrar en consideraciones acerca de si hubo o no abuso en la comercialización. Según sus cálculos, les sale más caro ir a juicio, incluso aunque puedan ganar algunos casos, que pagar a todo el que reclame (y tenga cláusula suelo, que también hay quien pide que le quiten una cláusula que no tiene) y olvidarse de la cuestión.

Los bancos, por su parte, no están de acuerdo. Y pelearán en los casos en los que crean que el cliente no tiene razón y la cláusula no es abusiva ni se comercializó de forma inadecuada. También CaixaBank. Gual y Gortázar no se han querido meter en polémicas con Bankia ni comentar las decisiones de otras entidades. Pero sí han dejado clara su postura, que se puede resumir en tres puntos:

  • Cumplirán con el RDL y habilitarán en sus entidades puntos y formularios para que todos los clientes afectados puedan reclamar
  • Responderán a todas las peticiones, ya sea en un sentido o en otro
  • Pagarán, pero sólo a los clientes que crean que cumplen con los requisitos establecidos por el TS

En Caixabank celebran la decisión del Gobierno. Gortázar ha asegurado que creen que la solución planteada por el Ministerio de Economía "tiene mucho sentido y es bienvenida". Es más, para cumplir con lo previsto en el RDL han dispuesto a un equipo de 130 personas en sus servicios centrales que se encargarán de analizar las solicitudes y preparar la respuesta de la entidad.

A partir de ahí, la postura está clara: "Revisaremos todas esas peticiones para comprobar que la solicitud responde a dos criterios: que sea un consumidor [persona física] y la falta de transparencia [en la comercialización]. Cuando sí cumpla, procederemos a devolver las cantidades con intereses, de una manera sencilla y fácil. Si no cumple con estas características, lo diremos y explicaremos".

¿Y cuántos clientes afectados recibirán una respuesta positiva y cuántos no? No hay una cifra, aunque se puede hacer una estimación con los cálculos que la entidad ha realizado para las provisiones. Así, el impacto potencial máximo es de 1.250 millones, es decir: si todos los clientes con cláusula suelo recibieran la indemnización que reclaman, ésta sería la cantidad que CaixaBank estima que tendría que devolver. Mientras, las provisiones suman sólo 625 millones de euros (el 50% del total), con lo que puede pensarse que más o menos éste será el porcentaje de reclamaciones que se resolverán con una respuesta positiva.

"Esto no quiere decir que vayamos a devolver el 50%", ha explicado Gortázar, " vamos a hacerlo en todos los casos que cumplan los requisitos". En este sentido, ha afirmado que "es imposible" conocer ahora mismo si la cifra final de lo que se devolverá será más o menos elevada, aunque ha calificado las dos cifras (tanto los 1.250 millones como los 625) de estimaciones "conservadoras". Es decir, que la entidad cree que no será necesario llegar a esas cantidades. En cualquier caso, el criterio está claro y Gortazar y Gual lo han repetido en varias ocasiones: "Cuando se haya producido esa abusividad, se devolverá y cuando no la haya, no se devolverá".

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