El Consejo de Ministros aprobó este viernes la esperada liberalización de la estiba, pero la auténtica guerra del sector comienza ahora, y es aquí donde el Gobierno va a tener que demostrar su auténtica convicción y firmeza a la hora de frenar y combatir la brutal huelga que llevará a cabo este privilegiado gremio sindical.
El Ministerio de Fomento no solo hizo lo que tenía que hacer, sino que, por desgracia, la citada reforma llega con más de cinco años de retraso. Las autoridades comunitarias llevan desde 2011 alertando a España de que el actual monopolio de la estiba es contrario a la legislación europea, pero primero el PSOE y después el PP se negaron a aprobar las medidas necesarias para corregir dicha situación por miedo, precisamente, a las represalias de los estibadores. El punto de inflexión, sin embargo, se produjo en 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la UE, ante la desidia del Ejecutivo, sentenció que España debía modificar el sistema vigente.
La reforma, por tanto, era obligada. El incumplimiento de la sentencia no solo conllevaría una cuantiosa multa de más de 130.000 euros diarios, cuyo coste recaería sobre los hombros de los contribuyentes, sino que atentaría contra los principios básicos de la legislación y convivencia comunitarias. Además, la estiba es el único sector que no respeta la regla fundamental de la libre contratación, constituyendo así un retrógrado y caduco monopolio sindical, en manos de 6.150 trabajadores, donde abunda el enchufismo y el cobro de sueldos irreales, de más de 100.000 euros al año en muchos casos, a costa de otros posibles trabajadores y la competitividad de los puertos.
Dadas las numerosas y prolongadas prebendas que ha disfrutado este gremio, y partiendo de la base de que los trabajadores más veteranos, próximos a su jubilación (55 años en el régimen del Mar), poco o nada tienen que perder, el sindicato amenaza con paralizar los puertos mediante una oleada de huelgas, convocadas y encubiertas, cuyo éxito podría poner en serios aprietos el tránsito de mercancías a lo largo y ancho del país, con todo lo que ello supone. En este sentido, cabe recordar que la mayoría de las exportaciones e importaciones se realiza por vía marítima.
Así pues, no se trata de una huelga al uso, sino de un chantaje en toda regla al conjunto del país, ya que los estibadores son conscientes de su enorme capacidad para paralizar buena parte de los suministros que entran y salen de los puertos. El Gobierno, y el resto de partidos, no pueden sucumbir a semejante afrenta, cuyo objetivo no es otro que emplear como rehenes a las familias y empresas españolas para mantener unos privilegios laborales que, además de injustos, son contrarios a la normativa comunitaria y la libre competencia.
La obligación del Ejecutivo y la responsabilidad de la oposición es defender el interés general. El Estado, por tanto, no puede ceder antes las irracionales demandas sindicales. El Ministerio de Fomento y el Ministerio del Interior deben coordinarse y preparar convenientemente los planes de contingencia que sean necesarios para garantizar el normal funcionamiento de los puertos y el estricto cumplimiento de los servicios mínimos. Si, llegado el caso, los estibadores cumplen su amenaza de "reventarlo todo", el Gobierno tendrá que adoptar todas las medidas pertinentes que contempla la ley para asegurar la operatividad portuaria, tal y como en su día hizo el Gobierno del PSOE con los controladores aéreos. No hacerlo no solo sería una grave irresponsabilidad, sino una rendición inaceptable ante un privilegiado gremio a costa del resto de la población.