Cada semestre, PwC publica un amplio sondeo sobre fiscalidad realizado entre casi 1.000 empresarios, directivos y expertos tributarios. La última edición llega tras la aprobación de diversas medidas recaudatorias que golpean al sector empresarial, como las modificaciones en el Impuesto de Sociedades o el aumento de los Impuestos Especiales.
La encuesta empieza preguntando por el nivel de carga impositiva en la Vieja Piel de Toro. Un 18% opina que los impuestos son "muy altos" y un 50% añade que los tributos son "altos". La suma de ambas opciones alcanza un 68%, más que duplicando el 32% de empresarios que entiende que la fiscalidad vigente es "baja" o "muy baja".
A continuación, el sondeo pregunta por las perspectivas que tienen las empresas. La compleja situación política parece haber hecho mella en la comunidad empresarial y el porcentaje de empresarios que no anticipa grandes cambios ha bajado del 34% al 21%, mientras que el número de consultados que anticipa importantes aumentos ha subido del 16% al 32%. A estas cifras hay que sumarle otro 46% que espera subidas más moderadas, de manera que un 78% anticipa un cambio a peor en el marco impositivo.
En la pregunta referida específicamente a la fiscalidad que soportan las empresas vemos que un 21% la considera muy alta y un 45% entiende que es alta. El 30% opina que los niveles actuales son intermedios y solo un 4% define los actuales niveles de presión fiscal empresarial como reducidos. Durante el próximo año, un 77% cree que veremos nuevos aumentos y un 23% espera que las cosas se queden como están.
PwC pregunta también por la presión fiscal que soportan las rentas del trabajo (un 87% cree que es "alta" o "muy alta") y por el rol que juega la fiscalidad indirecta en nuestro país (el 54% considera que es "intermedia", el 12% opina que es "baja" y un 34% la considera "muy alta"). Según la mayoría de los encuestados, los impuestos indirectos deberían tener un mayor peso y los directos tendrían que reducir su importancia en el sistema.
El sondeo también pregunta por la "justicia" del modelo fiscal vigente. Un 13% lo ve "muy injusto" y un 43% lo define como "injusto", mientras que un 40% se posiciona en un plano intermedio y solo un 3% entiende que el sistema actual es "justo" o "muy justo". En cuanto a la complejidad de las normas tributarias y la seguridad jurídica de nuestros impuestos, el 80% hace una valoración negativa, el 9% opina que las cosas están bien en este sentido y el 13% hace un pronunciamiento intermedio.
Un 79% se queja de la "coexistencia de varios sistemas tributarios", en referencia a las distintas capas de normas fiscales que acarrea la subdivisión administrativa del Estado. Además, un 56% opina que dedican mucho tiempo a cumplir con las reglas fiscales, frente a un 38% que entiende que estamos en una situación intermedia y un 6% que opina que nuestra burocracia fiscal es relativamente rápida y eficiente.
Sobre este punto, PwC añade una segunda pregunta, en la que un 64% declara que considera "poco seguro" o "muy poco seguro" el grado de seguridad jurídica que brinda el modelo fiscal vigente. Peor aún, solo un 6% opina que las inspecciones tributarias son "objetivas", mientras que un 82% entiende que son "favorables" o "muy favorables" a las posiciones de la Administración. Algo similar ocurre con la Justicia: solo un 7% cree que sus fallos son favorables a la posición de los contribuyentes, mientras que un 41% opina que las sentencias son "favorables" o "muy favorables" a la posición de la Administración.
Esto contribuye a que el 81% declara que el grado de conflictividad que generan las normas actuales sea "alto" o "muy alto". Y, para colmo, apenas un 3% considera "efectivos" los sistemas ofrecidos por la normativa fiscal española para resolver conflictos, mientras que un 74% los describe como "nada efectivos" o "muy poco efectivos".
Por último, PwC pregunta sobre la relación entre los impuestos pagados y los servicios públicos recibidos. Llama la atención que solamente un 5% opina que la presión fiscal es "baja" o "muy baja" en relación con el nivel de servicios públicos que proporcionan las Administraciones. Sin embargo, un 59% opina que pagamos demasiados impuestos para los servicios que recibimos. Un 37% aboga por una respuesta intermedia.