Y no se precisaban dotes de adivino. Si el mensaje público es que el reparto de dinero del Estado a las comunidades autónomas resultará de un proceso de negociación, la posibilidad de satisfacer a todos es, con toda seguridad, nula.
No cabe siquiera el infantilismo de suponer que si aumentamos, cualquiera que sea su cuantía, los recursos a repartir, la disconformidad terminará. Consideremos que nunca hay bastante, pues ya se enseña en la primera lección de un curso introductorio de Economía que las necesidades son ilimitadas y los recursos para satisfacerlas, escasos. Ahí es donde se ancla la verdadera esencia de la economía como ciencia, y de la actividad económica como actividad humana.
Se me dirá que las CCAA son compulsivas en el gasto, y en parte algo de razón tienen quienes así opinan; pero si el desmán en el gasto puede encontrar solución con una negociación más o menos habilidosa, o amenazante, real o imaginaria, será menor de lo que pensábamos, porque, con suavidad, encontrará solución.
En última instancia, y para fraude de quienes sí se ajustaron su cinturón sometiendo el deseo de gasto a la posibilidad del correspondiente ingreso, siempre cabrá, y ya se está hablando de ello, la posibilidad de una quita en el importe de la deuda, basada, una vez más, en la benevolencia del acreedor para con el deudor contumaz.
Después de esto, es difícil oponerse a la tesis del Estado Providente, salvo que el concepto metafísico de providencia se sustituya por el más real, aunque más mundano –así hay que reconocerlo–, de prodigalidad. Es difícil aceptar la bondad de tanta generosidad desde una responsabilidad que se estima exigible a la autoridad en el deber ser de sus decisiones, cuando éstas comportan un incremento exagerado de la deuda pública, contraída por las Administraciones Públicas y sus empresas dependientes, situándola en una cuantía equivalente al producto interior bruto de la nación española.
Me dirá el ministro de Hacienda de cualquier país que si opta por financiar los gastos mediante impuestos, como sería lo normal y exigible en un funcionamiento ordenado de la economía pública, los electores le volverán la espalda y le acusarán de que roba a los contribuyentes. La deuda, en cambio, le permite disponibilidad de caja sin necesidad de aumentar los tributos. Pero el orden no permite ni lo uno ni lo otro; la solución es disminuir el gasto y no que la actitud pródiga agote a los contribuyentes con los impuestos, y haga sucumbir a la nación por su elevado endeudamiento.
Mientras no haya reglas rígidas para determinar cuánto corresponde a cada una, las CCAA se sentirán ofendidas por un presunto resultado injusto.
Que las reglas disminuyen el poder –el discrecional– ya lo sabemos, pero, contrariamente, pueden aumentar la justicia.