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La guerra contra el azúcar fracasa: su efecto sobre el consumo es mínimo

Las subidas de impuestos no ayudan a reducir el consumo de refrescos y bollería, pero sí a engordar las arcas públicas a costa de las rentas bajas.

Patricia Malagón
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Cataluña ha aprobado un impuesto específico al azúcar | Europa Press

Dinamarca, en 2011, fue el primero en implantar tasas contra el azúcar, y su efecto fue que los daneses empezaron a hacer la compra en los países limítrofes, además de no reducir el consumo y destruir puestos de trabajo. Su fracaso fue tal que en 2013 este impuesto fue eliminado. Posteriormente, en 2014, México también le declaró la guerra al azúcar. Su Gobierno introdujo un nuevo impuesto para las bebidas azucaradas -es el país que más refrescos per cápita consume del mundo- y para la comida con mayores niveles de calorías y azúcar.

El objetivo era reducir el consumo de este tipo de productos, una medida similar a la que se adopta con el tabaco -más impuestos para que se consuma menos-. Además, el efecto de la subida fiscal repercute más en las clases bajas que en las medias o altas, ya que dedican un mayor nivel de renta al consumo y suelen adquirir con mayor frecuencia este tipo de productos. Otros países como Francia, Italia o Reino Unido implantaron medidas similares a las mexicanas en los últimos años, pero lo cierto es que no han tenido mucho éxito.

Las empresas dedicadas a la producción de estas bebidas aseguran que dichas medidas tienen que ver más con el afán recaudatorio que con su impacto real sobre el consumo. "En México, solo ha servido para hacer a los ciudadanos más pobres", según argumentan. Los estudios oficiales disponibles, por su parte, señalan que el consumo de este tipo de productos apenas ha bajado un 6% en México a pesar de la subida fiscal.

La Asociación de Bebidas Refrescantes en España (Anfabra) se pronunció hace varios meses sobre este tipo de poíticas: "Desde hace mucho tiempo se viene impulsando la reducción del contenido de azúcar, disminuyéndolo un 23% en los últimos 10 años. Estos impuestos no son eficaces para resolver problemas de salud ni para cambiar hábitos de consumo", añadían.

En España, ya se planteó aprobar este impuesto a nivel nacional, pero, finalmente, no pasó la votación en el Congreso. Sin embargo, son numerosas las comunidades autónomas que se han embarcado en una guerra particular contra el consumo de azúcar. Cataluña fue la primera en aprobar un impuesto específico. De hecho, desde marzo, el precio de las bebidas azucaradas ha subido hasta un 50% y la Generalidad ingresó 31 millones extra gracias a esta tasa. Por el momento, no se tienen datos sobre el efecto en el consumo.

Hace unos días, el Parlamento de Canarias también pidió subir los impuestos a las bebidas azucaradas y a ciertos alimentos. Andalucía, por su parte, ha planteado la guerra al azúcar de otra manera, ya que, en este caso, ha prohibido la venta de productos con más de 200 calorías en los centros educativos y ha obligado a los restaurantes a ofrecer agua gratis y a elaborar un menú saludable para incorporarlo en su carta.

Por su parte, a nivel nacional, el Gobierno ha pactado con la industria alimentaria reducir hasta un 10% los niveles de azúcar, sal y grasas en 3.500 productos. Una medida que tendrá su efecto real a partir del año 2020.

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