Es decir, una amenaza que no permite mirar hacia otro lado, porque, siendo como es muy grave, la posibilidad de que se produzca el hecho amenazante depende de factores externos, sin control alguno por nuestra parte.
Sé que en estos momentos existen amenazas diversas sobre nuestro país, algunas más controlables que otras, de las que se habla cumplidamente en los diferentes foros políticos, sociales, económicos, y de las que la sociedad tiene consciencia sobrada.
La amenaza que apenas se menciona es, precisamente, la de la deuda pública; es decir, la deuda contraída por el sector público, con los residentes o con el sector exterior –particulares e instituciones–.
No voy a distinguir entre la interior y la exterior porque ambas son igualmente deudas; considero además que toda ella está emitida en euros, para evitar los efectos de alteración del tipo de cambio entre la moneda nacional y la de la deuda emitida.
España tiene acumulada, en datos de fin de año 2017, una deuda de 1.144.000 millones de euros, lo que equivale al 98,3% del PIB, y creciendo. Se preguntarán cómo podemos deber tanto.
Es más, ¿cómo hemos llegado a esta cuantía, cuando diez años antes (2007) la deuda se situaba en 384.000 millones de euros, equivalentes al 35,6% del PIB de aquel año? ¿De dónde sale tanta deuda? La fuente es siempre la misma: el déficit del sector público. Lo mismo que ocurre en la deuda del hogar; gastar más de lo que se ingresa.
El déficit es, simplemente, el resultado anual de la liquidación del presupuesto del sector público, cuando el gasto supera al ingreso. Pues bien, el déficit de cada año se convierte, automáticamente, en incremento de deuda el año siguiente.
Por ello, las alegrías frente al déficit –unas veces por ideología y otras por simple prodigalidad– van incrementando la deuda año tras año, hasta hipotecar la economía de la nación, pues la única forma de reducir deuda es mediante el superávit presupuestario.
¿Dónde está la amenaza? Está en que en cualquier momento pueda producirse un incremento en el tipo de interés al que se coloque la deuda; y eso no depende de nosotros.
Además, dado que ningún Gobierno parece inclinado al superávit, la amortización de una deuda sólo podrá realizarse mediante la emisión de deuda nueva al tipo de interés vigente en ese momento.
Por ello, ¿qué ocurriría si los tipos actuales –negativos para Letras del Tesoro y para Bonos y Obligaciones hasta dos años, y positivos a mayores plazos, entre el 0,3% y el 2%)– llegaran a situarse en el 3%? Pues que, aun teniendo una tasa de crecimiento económico del 3% –difícil–, el crecimiento conseguido se diluiría en el pago de intereses.
¿No es esto una gran amenaza? Las alegrías de pedir y de conceder en el pasado se transforman en tristezas en el presente y más aún en el futuro.