La amable locución Estado de Bienestar quiere ser una traducción de Welfare State. Fue una innovación política del Gobierno conservador británico en plena II Guerra Mundial. Contó con algunos precedentes, como el de Bismark en Alemania, también conservador. Más cercano fue el New Deal de F. D. Roosevelt en los EEUU de los años 30, de índole más bien liberal –en el sentido norteamericano del término–. El elemento común de esos experimentos fue que el Gobierno, temeroso de una revolución socialista, se encargó de organizar la asistencia social a las clases desfavorecidas: subsidio de paro, seguro de enfermedad, pensiones, etc. Hasta entonces había sido una función limitada de ciertas organizaciones benéficas, religiosas o civiles.
El Gobierno español de los años 40 (aunque más orientado hacia los fascismos) imitó resueltamente el modelo inglés del Welfare State en una coyuntura de verdadera miseria económica. Se contaba con el precedente del Instituto de Reformas Sociales, de principios del siglo XX, en el que colaboraron los dos grandes partidos de entonces.
En el original inglés, la noción de welfare, con minúscula, se refería más bien a la satisfacción individual de ciertas necesidades básicas. Incluso el state, también con minúscula, quería decir "estado" en el sentido de situación personal. Pero enseguida prendió el Welfare State, con mayúsculas, para indicar la acción del Gobierno para tratar de solucionar los problemas sociales.
Hasta aquí, casi nada hay que objetar al progreso que ha significado el Estado de Bienestar, que hoy caracteriza la política de todos los países europeos. Otra cosa sería calcular el coste creciente que significa esa idea. El mito surge cuando se exageran las propiedades benefactoras de esa política (ahora se dice en plural, "políticas"). Se convierte en una perfecta justificación para algo de más altos vuelos. A saber, la tendencia a que el Estado (ahora, "las Administraciones Públicas") intervenga, dirija y controle las relaciones económicas y sociales de cualquier tipo. Hasta las ondas electromagnéticas son ahora propiedad del Estado. Todo lo cual supone automáticamente un continuo aumento de los impuestos y una expansión desenfrenada del funcionariado. Suenan muy bien las repetidas ofertas de empleo público. Acabamos creyendo que el Estado crea puestos de trabajo. Todos los partidos políticos del abanico parlamentario se muestran a favor del aumento del gasto público. Lo cual supone indefectiblemente la subida de la suma de impuestos, en el sentido más amplio del término. A veces se disfrazan de cotizaciones sociales o de mil formas de tasas y gravámenes de todo tipo.
En definitiva, el Estado de Bienestar constituye la razón ideal para legitimar la ampliación del poder de los que mandan. Bien está que se aseguren las pensiones a todos los españoles o a los de cierta edad. Pero parece escandaloso que, con el mismo dinero de los impuestos, los políticos se otorguen pensiones privilegiadas, pingües dietas y otros privilegios. En ese caso todos los partidos se muestran unánimes. Es solo una ilustración.