Magdalena Valerio es ya la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, un encargo que se intuye peligroso y atractivo a partes iguales, del que se puede salir triunfante o que puede convertirse en uno de los grandes dolores de cabeza del recién estrenado Gobierno. Por un lado recibe una herencia muy buena de Fátima Báñez: tras cinco años creando más de medio millón de puestos de trabajo al año, a la nueva ministra de Trabajo no le será fácil mantener las cifras de su predecesora. También es cierto que probablemente el clima de opinión respecto de su labor sea bastante más favorable que el que rodeaba a la política popular. Por ejemplo, el mito de la precariedad: como apuntábamos hace unas semanas, con el mismo número de asalariados que en 2006, ahora tenemos un millón más de fijos y un millón menos de temporales. Sin embargo, los medios de comunicación sólo hablan de temporalidad o precariedad, como si fueran dos fenómenos que hubieran aparecido en España en 2012 y no dos problemas endémicos del mercado laboral que tras la reforma de aquel año, si acaso, han mejorado algo. Probablemente si en el próximo año se generan 500.000 empleos, habrá menos titulares sobre la calidad de los mismos.
Pero la labor es complicada no sólo por una cuestión de números. En eso la nueva ministra también tendrá la ayuda de la coyuntura económica. Muy mal se tendrían que hacer las cosas para que se detenga la creación de empleo en una economía que está creciendo por encima del 2,5%. Por eso, Valerio tiene por delante un reto que va más allá de los datos de la EPA, en sus manos están los dos temas más radioactivos que le esperan al Consejo de Ministros de Pedro Sánchez: la reforma laboral y la de las pensiones. En los dos casos, el flanco izquierdo del Gobierno está al descubierto: después de los años de crítica al Ejecutivo del PP por dejar desprotegidos a los trabajadores, ahora tendrá que aguantar un ataque similar por parte de Podemos. No hay que ser adivino para intuir que el partido morado intentará aprovechar cualquier resquicio en este tema, uno de los más sensibles para el electorado de izquierda.
En lo que tiene que ver con la Seguridad Social, y una vez que el Pacto PP-PNV finiquitó la reforma de las pensiones de los populares (salvo sorpresa mayúscula, el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad han pasado a la historia), lo normal es que el nuevo Gobierno espere a ver si sale algo de la Comisión del Pacto de Toledo. Aunque sólo sea por no meterse en problemas antes de tiempo.
Pero en la reforma laboral no tendrá tanto margen. Desde que se consolidó como líder del PSOE (sobre todo, tras su victoria ante Susana Díaz en las primarias), Pedro Sánchez ha hecho de la oposición a la reforma de 2012 una de sus principales banderas. En alguna ocasión, incluso, ha dicho que esta sería una de las primeras medidas que tomaría nada más llegar a La Moncloa. Y esta será una promesa que ahora tendrá que cumplir, de una u otra manera. Es verdad que, haga lo que haga, sus adversarios políticos en la izquierda dirán que ha incumplido su palabra y que ha dejado tirados a los trabajadores. Pero al mismo tiempo no es menos cierto que algo tendrá que presentar el socialista a sus bases y a los sindicatos, que tanto tiempo llevan pidiendo esta contra-reforma.
La nueva ministra
Quizás por eso Valerio ha sido uno de los miembros del nuevo Gobierno más activo en los medios en esta semana. Ha hablado de "replanteamiento total" de la reforma de 2012 y de hacerlo "inmediatamente". La pregunta es qué entiende la ministra por "total" y qué puede aprobar este Gobierno en minoría. Los 84 escaños dan para lo que dan y no está claro que los apoyos que se unieron para descabalgar a Rajoy también lo hagan para tocar una norma que ha tenido unos resultados muy estimables desde su aprobación. Vamos, que una cosa es que el PNV te haga presidente y otra que apruebe una reforma laboral que devuelva las cosas a cómo estaban en 2010-11.
Porque al final la pregunta clave es ésa: ¿de verdad Sánchez va a derogar la reforma para hacer como si ésta nunca hubiera existido? ¿O en realidad hablamos de retoques cosméticos para contentar a sus bases? Porque esa es otra: del titular ("Se deroga la reforma laboral") a la realidad (se toca tal o cual artículo) puede haber mucho margen de maniobra. Lo importante aquí no es sólo lo que se haga sino cómo se venda. Y cómo llegue todo esto a la opinión pública.
A grandes rasgos, podemos dividir la reforma laboral en dos grandes capítulos: coste del despido y negociación colectiva (y aquí pueden entrar varias cuestiones que van desde la ultra-actividad a la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales o el descuelgue). Lo que más titulares se llevó y lo que más polémica genera es la primera parte, lo de los 20, 33 ó 45 días. Sin embargo, lo que se intuye como realmente peliagudo, al menos en lo que tiene que ver con los sindicatos, es lo que toca a la negociación colectiva.
El coste del despido
Pedro Sánchez ya lo advirtió en una entrevista en El Diario antes de las elecciones de 2015: volver a los 45 días de indemnización por año trabajado es irreal. No sólo eso, hay que recordar que el primero que generalizó a todos los trabajadores los contratos con 33 días/año de indemnización en caso de despido improcedente y que dio el primer paso para esclarecer y facilitar las causas de despido objetivo (que se paga a 20 días por año) fue el PSOE.
En este sentido, la reforma del PP en 2012 fue sólo un paso más en la dirección que había iniciado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010-2011: estableció por ley que los 33 días serían la indemnización para todos los contratos indefinidos (algo que, de hecho y en la práctica, ya ocurría para la mayoría de los nuevos contratos desde la reforma socialista) y definió con más precisión las causas económicas que permitían a una empresa acudir al despido objetivo (en caso de pérdidas "actuales o previstas" o tras los famosos tres trimestres consecutivos de caída de las ventas).
Aquí se intuye que no habrá cambios o los que haya serán cosméticos. El problema es que el coste del despido (y las dificultades del mismo) es una de las causas que mejor explican uno de los fenómenos que más disfuncionalidad introducen en el mercado laboral español: la dualidad. Los empresarios españoles usan los contratos temporales como un colchón para hacer frente a los imprevistos. En otros países, las empresas saben que si tiene que hacer ajustes (debido al día a día de los negocios, que obliga a cambiar las organizaciones) tendrán margen para hacerlo; en España la flexibilidad que otorga la legislación es nula, así que las empresas se buscan esa flexibilidad a través de los contratos temporales. Por eso, cuando llegan las crisis, son estos trabajadores los que primero acaban en el paro. También por eso, los jóvenes se ven inmersos en un círculo vicioso de contratos temporales que no les permiten ni construir una carrera laboral estable ni adquirir la formación que te otorga un puesto de trabajo más estable. Y, por último, esa dualidad también tiene mucho que ver en la baja productividad de la economía española: ni las empresas se gastan dinero en formar a quien se puede ir en dos meses ni estos trabajadores se preocupan por ir más allá de lo exigido porque saben que su horizonte en la empresa tiene un plazo muy reducido.
En las negociaciones con Ciudadanos del primer semestre de 2016, Pedro Sánchez aceptó un remedo del contrato único que tanto había criticado en otros foros. No era exactamente un contrato único (algo que el PSOE no puede permitirse, porque a su izquierda dirán que es una forma de precarizar a todos los trabajadores) pero en la práctica se le parecía. ¿Veremos algo similar? Si no se hace nada, tampoco hay razones para suponer que el panorama, en cuanto a dualidad, vaya a cambiar mucho. A pesar de esto, no parece, escuchando a Valerio, que los tiros vayan por un cambio radical en este punto. Pero sí puede ser posible una simplificación de las modalidades de contratación. ¿Hasta dónde llegará? ¿No tanto como pedía Ciudadanos pero algo más que ahora? Eso no debería ser tan complicado. Aunque el factor Podemos estará ahí como freno: cualquier cosa que huela a abaratar el despido será usado por la formación morada para atacar a los socialistas, con razón o sin ella y tirando de demagogia si es necesario (quizás entonces Báñez recuerde aquello de que "quien a hierro mata...").
Negociación colectiva
En lo que hace referencia a la negociación colectiva, sí deberíamos ver novedades en el corto plazo. De hecho es lo que ha avanzado la ministra y lo que ha venido diciendo Sánchez una y otra vez en los últimos años: "reequilibrar" las relaciones entre sindicatos y empresarios, "recuperar" la negociación colectiva, detener la caída de los salarios producida por la pérdida de fuerza de los trabajadores...
Desde la izquierda se culpa de los bajos salarios (los de verdad y los que se consiguen forzando las estadísticas) a la reforma de 2012, sobre todo por lo que tiene que ver con la negociación colectiva. La norma introducía tres novedades fundamentales en este aspecto:
- Daba prioridad a los convenios de empresa frente a los de ámbito superior (algo habitual en los países de nuestro entorno pero que en España supuso un terremoto, porque quitaba de un plumazo buena parte del poder y el control que tenían las cúpulas de las centrales sindicales y de la patronal)
- Permitía el descuelgue de los convenios colectivos en aquellas empresas con dificultades económicas: ni mucho menos esto capacitaba a los empresarios a hacer lo que quisieran, puesto que este descuelgue debía ser pactado si se querían llevar las condiciones (por ejemplo, los salarios) por debajo de las fijadas en el convenio
- Ponía límites a la ultra-actividad de los convenios
Ninguna de las tres gustó a los sindicatos. En su opinión, llevar la negociación a nivel de empresa da más poder al empresario, para presionar a sus trabajadores y bajar los salarios. Y lo del descuelgue va en la misma dirección: las empresas, aseguran, amenazan con despedir si no se les permite ese descuelgue... y así fuerzan la mano de los representantes de los trabajadores para que acepten las nuevas condiciones (porque hay que recordar que más del 90% de los descuelgues desde la reforma han sido pactados). Ésta ha sido la gran batalla de la reforma. Sus defensores aseguran que garantiza una flexibilidad clave, que ha permitido salvar cientos de miles de puestos de trabajo, gracias a que las condiciones que rigen las relaciones laborales se han pactado allí donde deben pactarse: a nivel de empresa y entre los ejecutivos y los trabajadores a los que afectarán esas condiciones. Antes, la única opción eran los despidos; ahora, defienden, se evitan los despidos acudiendo a cláusulas de flexibilidad interna. Enfrente están los que opinan que sólo ha servido para precarizar el empleo y dar un poder exagerado a los empresarios.
Aquí tiene que haber algún cambio de forma casi obligatoria. Los sindicatos (tradicional apoyo del PSOE y martillo del Gobierno del PP) lo exigirán. Y la izquierda del PSOE y los demás partidos de la oposición presionarán mucho al respecto. Las declaraciones del nuevo presidente y su ministra apuntan claramente en esta dirección. También es cierto que volver a un modelo como el vigente antes de 2012 es complicado: en Bruselas no se entendería que se eliminase la mínima flexibilidad introducida en aquel momento. Y encontrar los votos en el Congreso no será fácil: sólo con Podemos y el resto de la extrema izquierda no llegan a los 176 necesarios.
El problema es que no se intuye un camino intermedio sencillo de encontrar. Quizás podrían endurecerse los requisitos y exigencias para que ese convenio de empresa tenga prioridad o para acceder al descuelgue. También es cierto que es una negociación muy técnica y en la que el ciudadano medio es complicado que se haga una idea de hasta dónde se ha llegado. De hecho, en muchas ocasiones son los tribunales los que deciden la suerte de las reformas laborales: una palabra aquí o allá en el texto normativo acaba siendo la clave de cómo se aplica en la práctica una ley.
Para las empresas grandes, la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial es clave. Les da una facilidad enorme para pactar con sus sindicatos en función de las condiciones reales del mercado o la situación puntual de cada planta. En el caso de las pymes, que no recurren tanto a los convenios propios por una cuestión de costes y por la complicación que imponen los requisitos legales, la posibilidad del descuelgue es muy importante: introduce mucha flexibilidad en un marco que no ha sido negociado ni pactado pensando en sus necesidades. Esto es importante tenerlo en cuenta: si se otorga prioridad a los convenios de ámbito superior, serán las centrales y la patronal las que lleguen a acuerdos que luego afectarán a todas las empresas de ese ámbito. Tampoco es que haya sido tan empleado como a veces se piensa: según datos de CEOE, desde la reforma los descuelgues de convenios de ámbito superior apenas han implicado 8.334 inaplicaciones de convenios, que han afectado a 334.513 trabajadores.
En cualquier caso, para la patronal será un tema muy importante mantener la negociación colectiva a nivel empresa. Y aquí se introduce un tercer tema muy importante de cara a la opinión pública: el famoso pacto de rentas. El PSOE necesita la foto y el titular de un acuerdo entre patronal y sindicatos que empuje al conjunto de los convenios colectivos en la dirección de una subida de sueldos. Se ha llegado a hablar de un 10% en tres años. Y el caso es que el acuerdo, al menos para el primer año, está casi cerrado. Fátima Báñez ha dejado un último regalo en el cajón para su sucesora. Todas las informaciones apuntan en la misma dirección: los representantes de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO están a punto de cerrar un acuerdo que sirva de marco para la negociación colectiva (no es obligado aplicarlo a los convenios, pero sí influye en los mismos): según apunta Europa Press, el acuerdo podría recoger una subida salarial del 2% más un variable del 1% (incluso se habla de subidas superiores para los sueldos más bajos), así como el establecimiento de manera progresiva de un salario mínimo de convenio de 1.000 euros. Está claro que esta foto será un gran triunfo para el nuevo Gobierno (aunque se haya gestado bajo el amparo del anterior) y reducirá la presión a corto plazo para tocar la reforma. La principal motivación de la misma (que se comience a hablar de subidas de salarios) ya estará conseguida. Y queda por ver si la patronal está dispuesta a separar ambas negociaciones: sueldos y contra-reforma.