El nuevo gobierno de Pedro Sánchez pone ahora el foco en los bienes de la Iglesia Católica. Según ha reconocido el Ministerio de Justicia, el gabinete socialista está trabajando en la elaboración de un listado que recogería el conjunto de propiedades que han sido inmatriculadas por la institución religiosa.
La propuesta sale adelante con especial insistencia por parte del diputado socialista Antonio Hurtado, que defendió la elaboración de esta lista en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Pero los planes del partido del puño y la rosa no terminan en la mera elaboración del inventario de bienes eclesiásticos, sino que van mucho más allá.
No en vano, el propio Antonio Hurtado ha reconocido en declaraciones a la agencia Efe que el PSOE quiere "dar un paso adelante" y emplear el listado "como punto de partida para recuperar parte de esos bienes, que podrían estar en torno a los 40.000 en todo el territorio nacional".
El precedente republicano
En junio de 1931, el Gobierno de la II República presidido por Alcalá Zamora firma un decreto por el que más de 250 catedrales, monasterios, conventos, iglesias o capillas pasaron a ser propiedad del Estado de la noche a la mañana. Esta expropiación se aprobó apenas un mes después de la quema de numerosos edificios eclesiásticos, en plena oleada de violencia anticlerical.
Las catedrales de Málaga, Palma o Zaragoza fueron algunos de los edificios expropiados por esta vía. Con el decretazo del Gobierno republicano, los templos pasaban a ser "monumentos pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional". Desde entonces, y hasta 1985, estuvo en vigor la Ley sobre Enajenación de Bienes Históricos, que vetaba el traspaso de la titularidad de estos inmuebles.
Sin embargo, ya en democracia, la legislación fue modificada en distintas ocasiones, hasta que en 1998 se aprueba una nueva Ley Hipotecaria que permite la inmatriculación con certificado propio de bienes como los que ahora quiere poner en el punto de mira el gobierno socialista.
El antecedente cordobés
No está claro, en cualquier caso, que los planes del PSOE puedan ir tan lejos como sugiere Hurtado. De entrada, hay dudas sobre la legalidad del listado que quiere elaborar el Gobierno, principalmente en relación a su compatibilidad con la Ley de Protección de Datos. Por otro lado, hay antecedentes que sugieren que un proceso así puede generar un notable desgaste político.
Un buen ejemplo lo tenemos en la Mezquita Catedral de Córdoba, que fue inmatriculada por el Cabildo en el año 2006, al amparo de la Ley Hipotecaria y con 1236 como fecha de la incorporación del inmueble al patrimonio de la Iglesia Católica. Sin embargo, diversos grupos de extrema izquierda se han aliado con colectivos islamistas para defender la "expropiación" del templo.
¿Qué han respondido las instituciones? Tanto el Ministerio de Hacienda como el de Justicia han aclarado que la Mezquita Catedral jamás fue un bien público, de modo que no cabe apelar a su "devolución". Por tanto, el grueso del debate pasó a centrarse en la cuestión de la inmatriculación, donde tampoco hay buenas noticias para los socialistas. Y es que, por un lado, la Justicia ha tumbado denuncias que pretendían cuestionar la inmatriculación del templo y, por otro lado, el propio servicio jurídico del Ayuntamiento cordobés ha aclarado que no es procedente cuestionar la titularidad eclesiástica de la Mezquita Catedral.