El Gobierno de Pedro Sánchez se ha descolgado esta semana con una de las escasas rebajas fiscales que ha planteado en sus poco más de 100 días en el poder, tras la larga y sustancial retahíla de subidas que está negociando con Podemos, para tratar de frenar el encarecimiento de la electricidad. Sin embargo, no solo no servirá de nada, sino que el programa energético que defiende el PSOEacabará elevando aún más el coste de la luz que soportan familias y empresas.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció el pasado miércoles en el Congreso la suspensión del impuesto a la generación eléctrica que aprobó en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy, lo cual permitirá reducir el recibo entre un 2 y un 4%, equivalente a 1,5 euros al mes para el consumidor medio. Esta eliminación es, a priori, necesaria, puesto que anula el perjudicial incremento tributario que aplicó el PP años atrás. Pero la iniciativa tiene múltiples trampas.
La primera y más evidente es que no se trata de una eliminación impositiva, sino de una mera suspensión temporal. Es decir, la voluntad del Gobierno no consiste en derogar este tributo, sino en dejar de cobrarlo durante un tiempo limitado, lo cual ya da buena cuenta de sus verdaderas intenciones. Además, Ribera también pretende aprobar un nuevo bono para subvencionar la calefacción en algunos hogares, lo cual se traducirá, de una u otra forma, en un precio más alto para todos aquellos clientes –la inmensa mayoría– que no puedan acogerse a esas condiciones. Y, por si fuera poco, los socialistas quieren impulsar una nueva reforma energética, que, en esencia, reproducirá los graves errores cometidos en el pasado.
Así, lejos de eliminar los elevados costes políticos que soporta el sistema, causa última del encarecimiento de la luz en España en los últimos años, Ribera pretende resucitar la burbuja renovable e introducir nuevas trabas al mercado mayorista, la única parte del sistema que funciona de forma razonable. El coste real de la energía que producen las eléctricas se ha mantenido estable a lo largo del tiempo y en línea con el de otras potencias europeas, pero la constante y creciente asunción de gastos ajenos al mercado por parte de los políticos, desde primas verdes y subvenciones al carbón hasta impuestos de todo tipo, ha terminado hinchando la factura hasta niveles inaceptables. Prueba de ello es que el precio de la electricidad en el mercado mayorista apenas representa el 35% del recibo final, siendo el resto costes políticos e impuestos.
Dado que el PSOE quiere mantener intacta la parte de la factura dependiente del poder estatal e incluso incrementar su coste mediante nuevas subvenciones y primas, la luz mantendrá la nefasta tendencia alcista que ha registrado desde principios de la pasada década. España, a diferencia de lo que sucede en otros países, carece de una estrategia energética razonable y sostenible en el tiempo. Lo único que debe primar en el sistema eléctrico es la eficiencia. La ausencia de un auténtico mercado libre y la constante intromisión gubernamental a la hora de producir electricidad y fijar precios condena a la economía española a soportar una energía cada vez más cara, con todo lo que ello supone para el bolsillo de las familias y la competitividad de las empresas.
Abaratar la electricidad es posible: basta con despolitizar por completo el sector.