La comparecencia de Octavio Granado, este martes, ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados se suponía que era para hablar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Pero la verdad es que ese tema ha tenido muy poquita relevancia. Apenas unos minutos para evidenciar lo obvio (que la hucha de las pensiones ha pasado de 66.815 millones a 8.095 en seis años) y un rato más para discutir quién es más culpable de este deterioro (si el PSOE por el hundimiento del mercado laboral o el PP por la caída en los ingresos por cotizaciones).
El grueso de su discurso, de las preguntas de los portavoces y de las réplicas del secretario de Estado se ha dedicado a analizar la situación real del sistema y a plantear opciones a futuro. Así, Granado ha puesto encima de la mesa las alternativas que tiene por delante el sistema público de pensiones. Lo ha hecho con cifras y demostrando un enorme conocimiento en la materia. Su intervención ha tocado prácticamente todos los puntos relevantes. Eso sí, también disfrazando, matizando o esquivando los aspectos menos populares. De hecho, al final, ni siquiera ha quedado claro si apoya o no de verdad el IPC (ese indicador que en su primera intervención aseguraba que no le causaba problemas y que la portavoz del PSOE ha repetido una y otra vez que era el único que se tendría en cuenta gracias a su grupo).
El futuro del sistema
Las siguientes son sus afirmaciones más importantes en cada tema y lo que implicarán para los pensionistas actuales y, sobre todo, los del futuro:
- IPC sí o IPC no:éste era el punto más esperado en la comparecencia de Granado. Y al final no ha quedado del todo claro si apoyaba una cosa o la contraria. Al principio parecía desdecirse a sí mismo por sus palabras del hace diez días (vamos, que entraba en la vereda políticamente correcta del IPC y nada más). Pero luego ha vuelto a los matices: en su opinión, vincular las prestaciones al IPC del mes de noviembre tiene ciertos problemas y puede generar incentivos perversos en el Gobierno de turno. ¿Y la conclusión? Pues en los próximos dos años las pensiones se revalorizarán con el IPC de noviembre y nada más. ¿A partir de ahí? Con el "indicador que mejor asegure el poder adquisitivo de los pensionistas". ¿Y ése cuál es? Tampoco está claro.
La revalorización de 2018 y 2019 tienen que remediar la pérdida de poder adquisitivo. Y luego habrá que buscar la fórmula más adecuada para mantener el poder adquisitivo. Lo que he intentado decir [en sus declaraciones anteriores] es que usar un indicador de un mes concreto tiene problemas. [Otra opción sería] un IPC medio de los meses a lo largo de un año. Lo que digo es que habrá que buscar un indicador que asegure el poder adquisitivo. Pero no podemos pensar que no deben usarse nunca otros indicadores [que el IPC].
- La reforma de 2011 y la del 2013: de las palabras de Granado (y de las de los portavoces de los grupos) parece claro que las dos últimas reformas de las pensiones correrán suertes muy dispares. La del PSOE, que implicaba cambios paramétricos (edad de jubilación, período para el cálculo de la base, años cotizados para cobrar el 100%) no sólo se mantendrá, sino que lo más probable es que haya que darle otra vuelta de tuerca en los próximos años. Mientras tanto, la del PP (que implantaba un Factor de Sostenibilidad que ligaba la prestación a la esperanza de vida y un nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones que sustituía al IPC) está muerta y enterrada, algo que no es extraño, pues fueron sus propios promotores los que la dejaron caer en su momento.
La reforma de 2013 y 2011 no tienen nada que ver. La reforma de 2013 sólo se ha aplicado cuando la inflación ha sido baja. Eso demuestra que las reformas de pensiones hay que acordarlas en el marco del diálogo social. Si no, se hundirán con la primera turbulencia.
- Período de cálculo:otra polémica con Granado de protagonista. Este lunes, Expansión publicaba esta noticia: "Granado defiende calcular la pensión con la cotización de toda la vida laboral". Y el secretario de Estado ha tenido que explicarse. No ha querido decir que sí, pero tampoco que no. Y lo que se intuía tras sus palabras es que está de acuerdo en que éste es el camino. También es cierto que es lógico, sería una continuación de la reforma de 2011, la de los cambios "paramétricos": esa palabra que tanto gusta a los técnicos y que esconde un endurecimiento en los requisitos de acceso a la pensión.
Utilizar períodos de cómputo escasos perjudica a los trabajadores. En casi toda Europa, el período de computo es prácticamente toda la vida laboral. Lo que dije es que cuando se cumplieran los 25 años [cuando se complete la reforma de 2011], yo propondría al diálogo social que continuara subiendo el período de cómputo a la totalidad. Pero ése es un río que deberemos cruzar en 2023. Y el diálogo social lo hará.
Por cierto, un apunte curioso en este punto. Siempre que se ha hablado de esta posibilidad (ampliar el período de cálculo) se ha endulzado el trago (porque no deja de ser una forma de reducir las pensiones) con la propuesta de que los trabajadores puedan escoger sus mejores años de cotización. Fátima Báñez lo planteó en varias ocasiones. Pues bien, este martes Granado ha calificado la propuesta de "peregrina" y lo ha descartado.
Y otro apunte. Lo que no es cierto, como dice Granado, que utilizar períodos más cortos de tiempo perjudique a los trabajadores. De hecho, es contradictorio con la aprobación de la medida, que se hace para reducir la factura de la Seguridad Social. Si ampliar el período de cálculo beneficiase a los trabajadores, sería a costa de subir el coste que tiene que pagar el sistema. Puede haber unos pocos (muy, muy pocos) trabajadores a los que les beneficie pasar de 25 años a toda la vida laboral. A la inmensa mayoría, le perjudicará… y mucho.
- Los diez años: la última polémica a la que debía enfrentarse hoy Granado tiene que ver con sus palabras, también ante el Consejo General de Economistas, de que el actual sistema "tiene arreglo para los próximos 10 años", un período tras el cual será necesario acometer nuevos ajustes. Parece un período muy corto para un modelo que todos los partidos aseguran que es totalmente sostenible. Aquí su explicación ha sido más sencilla:
Lo que dije es que cada 10 años el sistema tiene que reformarse. Y no me arrepiento de haberlo dicho.
- Impuestos y PGE:Granado se apunta a lo fácil. Si la Seguridad Social tiene déficit… que lo pague el Estado. ¿Cómo? Pues hay dos opciones, con impuestos finalistas o bien a través de una transferencia anual. Al secretario de Estado le gusta más esta opción, porque entre otras cosas sitúa el riesgo de una baja recaudación en Hacienda. Y ha anticipado una novedad: la Seguridad Social ha planteado a Hacienda un plan para ir transfiriendo poco a poco (en cinco años) ese dinero que, en su opinión, no debería pagar el organismo: servicios centrales, prestaciones de maternidad, complementos a pensiones…
Eso sí, sobre cómo lo pagará el Estado, de esto no ha dicho nada. En este punto, hay dos posibles formas de ver este problema. La que podríamos llamar "doctrina Montoro": el Estado es uno y da igual quién pague y quién tenga déficit. Y la "doctrina Granado": lo relevante para el secretario de Estado de Seguridad Social es cuadrar las cuentas; y luego, el problema que lo resuelva Hacienda y que asuma cómo pagar esas partidas.
¿Impuestos ad hoc? No me parece mala noticia. Eso se llama imposición afectada. Pero tiene un problema… si la recaudación es menor, te quedas con menos. Las transferencias del estado tienen una ventaja: discutes la cuantía y con eso te quedas. ¿Que a lo mejor perdemos algo? Pues sí, pero todos los impuestos recaudan menos de lo que decían al principio. ¿Alguien se cree que vamos a cubrir el déficit de la Seguridad Social con una tasa Google? Prefiero recibir transferencias del Estado y no fiarlo a un impuesto que me puede generar un déficit. Un impuesto concreto tiene la ventaja de que no es un préstamo. Pero si el dinero nos llega desde otras fórmulas más seguras, mejor. Hemos planteado a Hacienda es un plan que reequilibre el estado financiero de la Seguridad Social a cinco años. Nos parece un planteamiento razonable. Asumible por la economía española.
Por mucho que crezcan los salarios [no habrá dinero para pagar el déficit]… Tenemos que pensar qué gastos de la Seguridad Social tienen interés público. Por ejemplo, las prestaciones de maternidad o paternidad. ¿No tiene sentido que haya aportación pública? ¿Quién pone ese dinero? ¿Las cuotas o los PGE?
- El resumen: el esquema que ha planteado Granado está muy claro
- Vincular al IPC: sí para el futuro inmediato y algún otro índice similar para los años siguientes. El objetivo, que los ya pensionistas siempre mantengan poder adquisitivo. Al menos mientras haya dinero en la caja y no haya que aplicar una congelación como la de 2010-2012 o, todavía peor, un recorte a la griega.
- Reformas de 2013, con sus dos índices:al cajón y la llave del cajón, a la basura. Estas dos reformas tenían dos grandes ventajas: sacaban las pensiones del debate político y unían la suerte de los pensionistas a la recaudación (que es como decir al crecimiento económico del país en su conjunto)
- Reformas paramétricas: mantener la línea iniciada en 2011. Si sólo miramos los números, aquella reforma fue mucho más dura (al menos en lo que respecta a la primera pensión) que lo que se planteó en 2013. Pero como tuvo menos contestación social, los partidos ya saben que ése es el camino a seguir: recortar las pensiones endureciendo los requisitos de acceso al sistema (sobre todo, ampliando el período de cotización usado para el cálculo de la base reguladora de la pensión)
- El reparto de cargas ya está claro: los partidos no quieren asumir ni un rasguño de coste electoral. Todo el ajuste lo asumirán los pensionistas del futuro, los que se jubilen a partir de 2025-2027.
- La Seguridad Social no acometerá ninguna reforma. El objetivo es que los fondos necesarios para cubrir el déficit lleguen vía Presupuestos. A través de más impuestos o de recortes de gasto en otras partidas.
Demografía y ahorro
- Fondo de Reserva: en este tema, el que se suponía que motivaba su comparecencia, Granado ha dado a sus antecesores una de cal y otra de arena. Por una parte, ha reconocido lo obvio: que el Fondo se ha utilizado para pagar las pensiones y que si ha bajado es porque no había dinero para pagar las prestaciones con lo que se recaudaba con las cotizaciones. Eso sí, también ha criticado las políticas que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó y que supusieron una rebaja de los ingresos por cotizaciones.
Cuando disminuye el Fondo de Reserva, se genera alarma. Pero está bien usado. Por eso en España no han bajado las pensiones durante estos años, como en Grecia, Irlanda, Portugal. Pero si no hubiéramos reducido la cotización de los desempleados, los mayores de 52 años, los becarios, las bonificaciones… Eso sí, su utilización ha sido correcta, legítima y razonable. Pero ahora lo que hay que hacer es reponer los ingresos.
- Demografía: Granado cree que las previsiones más pesimistas sobre la evolución de la población española no se cumplirán. En este punto, ha defendido las que la semana pasada presentó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
La demografía no va a ser la japonesa. Las proyecciones de la AIReF son más razonables. No creo que la base de los sistemas de reparto sea el empleo, sino la demografía. A cambio, los sistemas de capitalización entran en crisis cuando llegan las crisis financieras. La AIReF dice lo que nosotros llevamos años diciendo: 'España no va a ser nunca Japón' Está bien que alguien diga que la inmigración [va a ser la salvación]. No creo que vayamos a ser el país más envejecido del mundo.
- Políticas de ayuda a la familia: Quizás una de las sorpresas de la intervención de Granado ha sido la dedicada a la familia, un tema que no suele estar en la agenda de los partidos de izquierda. Sin embargo, el secretario de Estado de Seguridad social sí ha querido reivindicar esta cuestión y lo ha hecho para pedir "políticas de ayuda a la familia serías".
Necesitamos políticas agresivas de familia. Nos hemos quedado sin políticas de apoyo a las familias. No tiene por qué ser natalistas, como las de Franco. Pero sí que la gente tenga hijos cuando quiera tenerlos, no cuando pueda. Las familias españolas llevan décadas diciendo que quieren tener dos hijos.
El cambio en la versión del IPC
El 26 de septiembre, Octavio Granado creía que vincular las pensiones a un único indicador era "perverso". El 9 de octubre, el secretario de Estado de la Seguridad Social asegura que no le supone "ningún problema" el acuerdo de la Comisión del Pacto de Toledo para que las prestaciones de la Seguridad Social se vinculen sólo al IPC.
¿Y esa diferencia de criterio en apenas diez días? Pues Granado ha vinculado la polémica que ha rodeado sus palabras a un problema de la sociedad española, "que no se ha desprendido de la época de Franco", ha dicho, por su tendencia "al monolitismo". En su opinión, es normal y lógico que haya diferencias de criterio dentro de un partido político y en la mesa del Consejo de Ministros: "En el Gobierno español hay diferencias de matiz. El día que la ministra de Economía diga lo mismo que la ministra de Trabajo, tienen que empezar a preocuparse. A los electores parece que les gusta que los gobiernos sean monolíticos".
Con estas palabras explicaba todo el ruido generado en las últimas dos semanas en torno al IPC. Y es que el mismo día que el Pacto de Toledo acordaba vincular las pensiones a este indicador, Granado defendía en una intervención ante el Consejo General de Economistas que esta medida tendría "efectos perversos" y pedía que se incluyeran también otros aspectos, como los ingresos del Estado, la evolución del PIB o la subida de las cotizaciones.
No sólo eso, la ministra de Economía, Nadia Calviño, hizo en Bruselas unas declaraciones igual de contundentes y en la que no se hablaba sólo en su nombre sino en el del conjunto del Ejecutivo: "Siempre he dicho, y es la posición del Gobierno, que se trata de un asunto en el que no podemos fijarnos solo en un parámetro, como, por ejemplo, la actualización de las pensiones al IPC". Pues bien, a Granado no le parece relevante ni estas palabras ni las suyas de unos días antes. Las asocia a una pequeña discrepancia en un asunto menor o una cuestión de matices dentro de un discurso homogéneo, no a un cambio de criterio en algo tan fundamental como las pensiones.
"Yo hablaba del IPC en el Colegio de Economistas", ha dicho el secretario de Estado, insinuando que hay cosas que se pueden decir a los expertos, pero mejor que no lleguen a la opinión pública. "Lamento que mis palabras hayan causado tanta polvareda. Estoy absolutamente de acuerdo con la recomendación del Pacto de Toledo que nos ha llegado a través de los medios de comunicación [la vinculación sólo al IPC]. No me produce ningún problema".