El acuerdo de presupuestos que han suscrito PSOE y Podemos incluye un apartado dedicado a los gobiernos locales. Este epígrafe constituye una concesión de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, puesto que su desarrollo resultará en una barra libre de gasto para los ayuntamientos controlados por las "marcas blancas" de Podemos.
La introducción al punto 9 del documento afirma que "los Ayuntamientos son la Administración que más ha contribuido a la corrección del déficit público". Sin embargo, en vez de aplaudir el buen funcionamiento de la Regla de Gasto, PSOE y Podemos consideran que "con la excusa de la crisis, los Ayuntamientos han visto recortadas sus competencias, a raíz de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local".
En realidad, la norma que cuestionan socialistas y comunistas planteaba un reordenamiento de funciones con el que se pretendía evitar duplicidades. Solo en el caso de Madrid se estima que el Ayuntamiento llegó a asumir 1.000 millones de gasto que, en realidad, correspondían a competencias del gobierno autonómico.
PSOE y Podemos también quieren evitar que la no ejecución de una inversión resulte en la amortización de deuda.Ahora mismo, el superávit de un ayuntamiento en 2018 da pie a un aumento del gasto en 2019, pero la no ejecución de dichas partidas en 2019 resulta en la amortización automática de deuda. Esto explica, por ejemplo, la positiva evolución del pasivo local de Madrid, que se reduce bajo gobierno de Manuela Carmena por el escaso nivel de ejecución presupuestaria del gabinete de Ahora Madrid.
El capítulo de gastos que pueden ser financiados con superávit está acotado por el concepto de las Inversiones Financieramente Sostenibles. PSOE y Podemos quieren "incrementar el ámbito" de dicha clasificación, para abarcar "materias con especial repercusión social". De esta forma, el margen para aumentar el gasto local sería aún más holgado.
Otro capítulo en el que PSOE y Podemos quieren aumentar el desembolso de los ayuntamientos es el dedicado a losgastos de personal. El acuerdo entre ambas formaciones contempla "una tasa de reposición del 100% para todos sus sectores, funciones y servicios". Además, contemplan también que se puedan incorporar"nuevos efectivos" por un porcentaje que oscilaría entre el 5% y el 15%, dependiendo del supuesto.
Tampoco hay buenas noticias para los contribuyentes. Se incluye un epígrafe dedicado a la plusvalía municipal, gravamen que viene de sufrir un revés del Tribunal Constitucional por haber sido cobrado a propietarios que vendieron con pérdidas. Sin embargo, en vez de crear algún tipo de mecanismo para agilizar las devoluciones de este impuesto, PSOE y Podemos se muestran más preocupados por "la merma considerable de los ingresos municipales" que supone la sentencia 59/2017 del TC. Así, PSOE y Podemos acuerdan que Hacienda y la Federación de Municipios se reúnan antes de final de año y aprueben fórmulas de "compensación a los Ayuntamientos por las cantidades que tengan que devolver".
Además, el documento suscrito por Sánchez e Iglesias contempla igualmente la"creación de oficinas de información y acción contra la despoblación". Definidas como "centros dotados de un equipo multidisciplinar que trabajará para poner en valor las zonas afectadas y atraer nuevos pobladores e inversores", estas nuevas instancias burocráticas consumirán un gasto de 10 millones de euros en caso de aprobarse los Presupuestos de 2019.
Por último, el proteccionismo alimentario queda codificado en las normas de funcionamiento de las Administraciones, en la medida en que se anuncia la "incorporación de criterios de proximidad en la contratación de alimentos". A partir de ahora, la cercanía productiva y no el precio será el criterio rector que seguirán los Ayuntamientos cuando necesiten desarrollar algún programa de compra de alimentos.