No es sólo cuestión de una décima de crecimiento aquí o allí. Ni de pequeñas divergencias sobre los ingresos fiscales. O sobre el ritmo de consolidación fiscal. Todo eso también. Pero hay mucho más. Los informes que los grandes organismos internacionales han publicado esta semana sobre la economía española suponen una enmienda a la totalidad de la política económica del Gobierno. Prácticamente todas las grandes medidas planteadas por Pedro Sánchez son criticadas (de forma expresa o implícita). Y, al mismo tiempo, se proponen muchas otras que o no están sobre la mesa o han sido expresamente rechazadas por el Ejecutivo. Ahora sólo queda por ver si los hombres de negro tienen capacidad de influencia en La Moncloa. Hasta ahora, ni con José Luis Rodríguez Zapatero, ni con Mariano Rajoy tuvieron demasiado éxito.
Este miércoles casi coincidía en el tiempo la publicación de los informes de las tres grandes instituciones internacionales que vigilan la economía española. Por un lado, estaba el Paquete de Otoño del Semestre Europeo de la Comisión Europea. La OCDE, por su parte, presentaba en Madrid su "Estudio sobre la economía española" correspondiente a 2018. Y el FMI, para no ser menos, también daba a conocer las conclusiones de su análisis anual sobre la situación económica de nuestro país.
La primera reacción ha sido, lógicamente, mirar a las cifras de crecimiento, déficit o deuda. Y sí, tal y como explicábamos este mismo miércoles, los tres organismos coinciden en su pronóstico: la economía española crecerá menos de lo esperado y eso se traducirá, entre otras cosas, en un menor ritmo de reducción del déficit.
Es un duro varapalo al nuevo Gobierno. Sin embargo, la respuesta desde Moncloa ha sido medida. Al fin y al cabo, los pronósticos mantienen la senda de crecimiento para España y nadie prevé un incremento del déficit. Por eso, Nadia Calviño aprovechaba este jueves la rueda de prensa que mantenía con Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, para minimizar las diferencias. Es una cuestión de unas "décimas" arriba o abajo, venía a decir la ministra de Economía, no de una discrepancia en el fondo.
Pero los documentos van mucho más allá. Cada uno a su estilo o con sus preocupaciones (la Comisión más centrada en el equilibrio fiscal y OCDE y FMI más en las reformas). Pero con una coincidencia: una enorme lista de deberes para el Gobierno, muchos mensajes de preocupación por tal o cual aspecto de la economía español y un buen puñado de peticiones de reformas. Es lo habitual en estos casos. Con Rajoy o con Sánchez, los organismos internacionales están para hacer esto: analizar la economía de los países miembros y hacer recomendaciones. Lo hacen con España y con todos los demás países que visitan. Lo llamativo aquí no es eso, sino la dirección de estas recomendaciones: un porcentaje muy elevado hace referencia a aspectos sobre los que se ha hablado mucho en las últimas semanas. Y en casi todos los casos, lo que piden estos organismos va en contra de lo propuesto por Sánchez.
Las propuestas
- Consolidación fiscal: aquí coinciden todos. Los tres organismos piden a Sánchez que aproveche el crecimiento económico para reducir el déficit y la deuda con más rapidez de lo previsto. Y esto es justo lo contrario de lo que pretende el Gobierno y le exigen sus socios parlamentarios: que use el margen otorgado por el incremento en la recaudación para gastar más sin tocar los grandes impuestos. Así, el FMI dice que es "crítico" mantener el objetivo del 1,8% para 2019 (mientras el Gobierno no se plantea ningún escenario en el que el déficit baje del 2%); la Comisión alerta de que existe un "riesgo" de una "desviación significativa" de España en el ritmo de ajuste presupuestario (la previsión de déficit para 2019 es del 2,1% si hay Presupuestos y del 2,4% si no se logran aprobar); y la OCDE pide que nuestro país muestre un ritmo de consolidación fiscal "más ambicioso" mientras continúe el crecimiento económico.
Como decíamos al comienzo del artículo, no es una discusión sobre una décima más o menos de recaudación, sino sobre el objetivo de la política fiscal: todos coinciden en que España no está aprovechando estos años de crecimiento para sanear el balance de sus cuentas públicas. Y no parece que el Gobierno que ha hecho de la reversión de los "recortes" que, asegura, realizó el PP una de sus banderas, vaya a cambiar, sino todo lo contrario, esta tendencia.
- Déficit estructural y deuda: en este punto es particularmente importante la advertencia que llega desde Bruselas sobre el déficit estructural (el que no tiene en cuenta los efectos del ciclo económico) y la falta de ajuste en el mismo, algo que podría tener un impacto muy negativo cuando cambie la dirección de la coyuntura o se agudicen los problemas de las economías de nuestro entorno. La previsión de la Comisión es que no haya ni una décima de mejora en este indicador, frente a las seis décimas que propone este organismo. Es decir, el déficit estructural seguirá tal cual y toda la mejoría del déficit nominal llegará por los ingresos extras derivados del crecimiento económico. Otro año más sin ajustes.
Hay que recordar que son las instituciones comunitarias las que revisan el presupuesto cada seis meses y es la ayuda de nuestros socios la que impidió la quiebra de España en 2010 y 2012 y la que ha sostenido la deuda española en todos estos años. Pues bien, todas las previsiones que hacen referencia al equilibrio presupuestario empeoran en este Paquete de Otoño de la Comisión, en el que se advierte de que "España debería aprovechar" los ingresos extra derivados del crecimiento para "reducir la ratio deuda/PIB" con más intensidad, algo que la Comisión cree que no se producirá. Además, como ya hemos visto, tanto el FMI como la OCDE también exigen un camino de reducción de la deuda más acelerado que el planteado por el Gobierno.
- Nuevos impuestos y recaudación: éste ha sido uno de los temas estrella (al menos para los medios de comunicación) del documento de la Comisión. También aquí el Gobierno comunitario da un importante toque de atención a Sánchez. En Bruselas creen que ninguno de los tributos que se subirán o se crearán (si se cumplen los planes de Moncloa, algo que no está claro) recaudará según acuerdo lo previsto desde Madrid. Ni el impuesto a las transacciones financieras, ni la Tasa Google, ni siquiera las medidas de lucha contra el fraude. Y no hablamos de ajustes menores: en todos los casos, las previsiones de la Comisión apuntan a que se logrará una recaudación entre un 20 y un 50% más baja de la planteada por el Gobierno español.Así, mientras que desde España se asegura que las nuevas medidas generarán un ingresos extras para las arcas públicas equivalentes al 0,6% del PIB (unos 7.000 millones de euros), en la Comisión creen que nos quedaremos apenas en un 0,4% (más de 2.000 millones de diferencia). Esto, unido a un incremento del gasto (también derivado de las medidas previstas en los Presupuestos) de tres décimas del PIB (el Plan Presupuestario enviado a la Comisión dice que serán dos), dejaría el ajuste presupuestario por las medidas aprobadas por el Gobierno en apenas una décima del PIB.
- Salario mínimo: es una de las pocas medidas concretas que los informes entran a valorar. Y lo hacen para alertar del peligro de que una subida tan grande como la propuesta por Sánchez y sus socios (el 22% para el año que viene) genere una pérdida de puestos de trabajo. Así, la Comisión advierte de que "el ritmo de creación de empleo se reducirá como consecuencia de la desaceleración de la demanda final, así como por el efecto amortiguador del incremento del salario mínimo". El FMI, en la misma línea, concluye que "el fuerte incremento del SMI del 22% podría poner en riesgo las oportunidades de empleo de los trabajadores poco cualificados y de los jóvenes".
- Impuestos y reforma fiscal: en este punto no hay una crítica directa a una política concreta (entre otras cosas porque el Gobierno no ha puesto sobre la mesa una reforma fiscal completa). Eso sí, todas las propuestas marchan en la dirección contraria a las medidas aprobadas o propuestas por el Gobierno en los últimos meses. Así, los tres organismos alertan sobre el incremento de los impuestos al trabajo (que es lo que está planteando Hacienda en las últimas semanas: con subidas del IRPF y cotizaciones sociales, por no hablar de Sociedades). En todos los casos, los autores de los documentos advierten sobre el efecto desincentivador que pueden tener estas medidas sobre la creación de empleo.
No sólo eso, además, tanto el FMI como la OCDE recuperan algunas de sus clásicas propuestas de reforma fiscal: más peso de la tributación sobre el consumo y menos sobre el trabajo, lo contrario de lo que se está haciendo en España desde hace años y de lo que el nuevo Gobierno pretende. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el IVA, los dos organismos piden que se amplíe el número de productos que pagan el tipo general del impuesto: justo el camino contrario al emprendido por el Gobierno, que ha aumentado la cantidad de artículos que tributan al tipo reducido o ultra-reducido.
Como consolación, quizás, podría decirse que tanto el FMI como la OCDE piden más impuestos verdes, también otra vieja exigencia de los organismos internacionales que, esta vez sí, el Gobierno parece que cumplirá.
- Reforma laboral: uno de los grandes objetivos de Sánchez y sus socios es acabar con la reforma laboral del PP, sobre todo en lo que hace referencia a la negociación colectiva y a la flexibilidad interna de las empresas. Pues bien, también aquí los informes conocidos este miércoles le piden no sólo que no lo haga, sino que profundice todavía más en la dirección comenzada en 2012. El más contundente en este punto es el FMI, que dice textualmente lo siguiente: "La mayor flexibilidad salarial es un logro crítico de anteriores reformas del mercado de trabajo y debe ser mantenido, en particular la prevalencia de los convenios de empresas sobre los acuerdos sectoriales". Es exactamente lo contrario de lo que Magdalena Valerio ha pactado con los sindicatos esta misma semana.
- Reforma de las pensiones: en la misma línea que el anterior punto, las propuestas de los organismos internacionales marchan en la dirección contraria a la anunciada por el Gobierno y a lo que se conoce de las negociaciones en el Pacto de Toledo. Así, el FMI afirma que las reformas de 2011 y 2013 implantaron medidas "financieramente apropiadas", aunque reconoce que no tenían "aceptación social", por lo que era necesario hacer ajustes a las mismas. Eso sí, el organismo con sede en Washington también dice que "es crítico evitar poner toda la carga" en los cotizantes del futuro y pide "soluciones equitativas y sostenibles". Hay que recordar aquí que el Gobierno ha derogado las dos patas de la reforma de 2013 (el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones) que estaban dirigidas a controlar el incremento del gasto en función de los ingresos del sistema, pero también a repartir las cargas de forma más equilibrada entre las diferentes generaciones.
En esta cuestión de las pensiones, la OCDE también plantea propuestas muy alejadas de las que maneja Sánchez: así, el documento de este organismo habla de subir la edad de jubilación según la esperanza de vida y pide reducir las prestaciones a través del incremento del número de años con los que se calcula la base regulatoria (también subiendo el número de años cotizados que dan derecho a cobrar el 100% de la pensión). Además pide ampliar las opciones de inversión de los trabajadores en planes privados, algo que también parece quedar al margen de los planes del Ejecutivo.
- Tamaño de las empresas: otro punto fundamental en los informes y en el que el Gobierno está haciendo justo lo contrario de lo que le piden. Tanto la OCDE como el FMI recuerdan en sus documentos que España tiene un problema grave de competitividad en parte derivado del tamaño de sus empresas. El tejido productivo de nuestro país tiene demasiadas micro-pymes que se estancan y no crecen. Y una de las razones es una regulación que incentiva a las empresas para sigan siendo pequeñas (por ejemplo, penalizando fiscalmente a las que pasan de un determinado tamaño). Por eso, los expertos de estos organismos piden de nuevo que España deje de penalizar el crecimiento empresarial: en este punto, hay que recordar que las pocas medidas que ha tomado el Gobierno favorables a las empresas han estado limitadas a las de menor tamaño. Es decir, si acaso, se ha avanzado todavía más en ese camino que penaliza el crecimiento empresarial (o incentiva el estancamiento, según la perspectiva que queramos tomar).
Sánchez, como Rajoy
La lista de los deberes sigue. Y en casi todos los casos, lo hace en la dirección opuesta a la marcada por Sánchez. Por ejemplo, los organismos internacionales piden profundizar en las regulaciones que mejoran la unidad de mercado (justo cuando los socios nacionalistas presionan para que nadie toque sus competencias en ningún aspecto y el Gobierno parece dispuesto a deshacer algunos de los avances de los últimos años) o en flexibilizar y liberalizar los mercados de bienes y servicios (como se ha visto con la guerra del taxi y Uber, lo contrario de lo que el Gobierno pretende; y no es éste el único caso).
Puede decir Pedro Sánchez que a Mariano Rajoy también le pusieron deberes y que tampoco los cumplió. Y es verdad. Quizás la principal diferencia esté en el lenguaje. El Gobierno del PP siempre tuvo sobre la mesa, al menos en teoría, las reformas que los organismos internacionales le pedían, aunque aprobó muy pocas (y las que aprobó, muchas veces, estaba muy aguadas respecto a las intenciones iniciales). Al Ejecutivo socialista no le queda ni eso. Ni siquiera pretende (salvo Calviño, que parece la voz de la ortodoxia en el Consejo de Ministros) hacer caso a la Comisión, el FMI o la OCDE. ¿Las consecuencias? A corto plazo, no muchas (o mejor dicho, dependerá de lo que cada uno piense sobre la efectividad o no de las medidas). Pero los efectos quizás sí puedan verse a medio-largo plazo, sobre todo si España vuelve a necesitar la ayuda o el respaldo de estos organismos. La credibilidad con las cuentas públicas y el afán reformista de nuestro país no salen muy reforzados de esta semana.