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La "jungla" de los tributos propios: las CCAA cobran 81 impuestos

Canon eólico, impuesto sobre las estancias turísticas, sobre los premios del bingo... la creatividad recaudatoria de las regiones no tiene límites.

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La "jungla" de los tributos propios: las CCAA cobran 81 impuestos
El presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra | EFE

Los tributos propios son la guinda del pastel de la maraña tributaria autonómica. "Son una jungla inexplorable", aseguraba esta semana el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, en un encuentro con la prensa. Por este motivo, Pich reclamaba a los responsables políticos "una revisión global de los tributos ligados a la financiación autonómica y, en especial, la organización estatal de los elementos esenciales de los impuestos propios".

Las autonomías tienen la potestad de establecer tributos propios, pero siempre que cumplan determinados requisitos, como que no graven hechos imponibles ya gravados por el Estado o que no se apliquen a negocios que tengan la actividad en otra Comunidad Autónoma. Pero como Hacienda tiene gravado casi todo, a las autonomías no les queda más remedio que echarle imaginación si quieren seguir haciendo caja.

Canon eólico, impuesto sobre las estancias turísticas, sobre los premios del bingo, gravamen de protección civil… la creatividad de las autonomías para intentar llenar sus arcas no tiene límites. Tanto es así, que las regiones españolas cargan a los contribuyentes con 81 impuestos propios, tal y como recoge el ultimo informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral del REAF (el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas).

Cataluña, la que más impuestos propios tiene

Cataluña es la región líder en este tipo de tributos con 18 de estas figuras impositivas aprobadas. A la región de Quim Torra le sigue Andalucía, con 8 impuestos propios, y Asturias, con 7. En el otro lado de la tabla están Castilla-La Macha y Castilla y León, con sólo 2 impuestos cada una.

A pesar del esfuerzo recaudatorio de Cataluña, tres de sus impuestos propios han sido declarados inconstitucionales. El más sonado es el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, que también aplicaban Asturias o la Comunidad Valenciana, y que quedó suspendido por invadir las competencias estatales. La Justicia también ha invalidado en Cataluña el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear y el impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y de la difusión de la cultura digital.

Los impuestos de las CCAA con más tributos propios

Estos son los impuestos de las CCAA que más figuras tributarias propias tienen:

  • Cataluña: canon del agua, canon sobre la deposición controlada de residuos municipales, canon sobre la deposición controlada de residuos industriales, canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción, canon sobre la incineración de residuos municipales, gravamen de protección civil, impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, impuesto sobre los depósitos, impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno producidos por la aviación comercial, impuesto sobre la emisión de gases y partículas por la industria, impuesto de la producción de energía eléctrica de origen nuclear, impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas, impuesto sobre las viviendas vacías, impuesto sobre el riesgo medioambiental de elementos radiotóxicos, impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas, impuesto sobre las emisiones e dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica e impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.
  • Andalucía: impuesto sobre tierras infrautilizadas, impuesto sobre depósito de residuos peligrosos, impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera, impuesto sobre vertidos a las aguas litorales, impuesto sobre depósito de residuos radiactivos, impuesto sobre depósitos de clientes en las entidades de crédito, impuesto sobre las bolsas de plásticos y canon de mejora de infraestructuras hidráulicas.
  • Asturias: impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua, impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas, impuesto sobre el juego del bingo, impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, recargo sobre el IAE, impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente e impuesto sobre depósitos en entidades de crédito.

Como se observa en el gráfico, Cataluña es la región que más recaudó por impuestos propios en 2017, con 610 millones de euros. Canarias es la segunda en el podio debido a que entre sus tributos propios incluyen los impuestos sobre las labores del tabaco.

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Cuestan mucho y recaudan poco

Aunque en 2018 las CCAA no han creado ningún impuesto propio más respecto a años anteriores, la tendencia de los años anteriores ha sido al alza. Y todo ello a pesar de que a cierre de 2017 estas figuras impositivas apenas recaudaron 2.196 millones de euros, el 2,1% de la recaudación tributaria total, por lo que suponen una escasa fuente de financiación para las autonomías.

De esa cifra, el 61,1% de la recaudación proviene de los impuestos propios ambientales, siendo el 58% sobre temas relacionados con el agua. "Los impuestos medioambientales son muy complicados, difíciles de calcular y necesitan personal especializado", explicó la experta del REAF, María José Portillo. Por ello, Portillo pidió "consenso" a las regiones para acabar con el "trabajo de chinos" que supone este tipo de tributación.

El REAF avisa de que el gasto de personal de técnicos autonómicos, los jueces por los litigios existentes, el personal de apoyo o los gastos asociados a la gestión tributaria están engordado una factura que no se ve compensada con la poca recaudación de los impuestos propios. Uno de los casos más llamativos y que explican las deficiencias de este tipo de tributos es el impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales, que ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la UE y solo había recaudado 17 millones de euros entre las tres autonomías que lo tenían implantado.

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