El viejo refranero nos decía: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Nadie ha presumido tanto como el Gobierno de Pedro Sánchez de fomentar la igualdad, y nunca se ha apreciado más desigualdad entre los españoles.
Los muchos años me han permitido ver, con estupefacción en algunos casos, nombres varios que desfilan por la arena política, en teoría luchando por los intereses de todos nosotros, cuando quizá ninguno de los presuntos beneficiarios estaría dispuesto a dar dos céntimos –en estas cuantías me muevo mejor contando en pesetas– para que el paladín siguiera en la tarea.
Ello me lleva a una consideración: ¿por qué es tan difícil cesar a un ministro? Vamos, supongo yo que debe de ser muy difícil por lo poco que se practica, cuando hay quien cada día hace méritos para su liberación.
Ya sé que el presidente prefiere dimisiones por un amor familiar sobrevenido, que obliga al llamado a renunciar al honor de servir a España, o a quien sea, porque se siente interpelado por sus obligaciones familiares, a las que siempre ha considerado de orden superior. ¡Y es que tenemos gentes demasiado buenas, aunque no alcancemos a comprenderlas!
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se ha despachado con una acusación que en el comercio internacional se consideraría gravísima. Así, ha dicho que el Gobierno de la Comunidad de Madrid practica el dumping fiscal.
Ya teníamos junto al dumping clásico –la práctica comercial consistente en establecer un precio inferior al coste de los productos–, perseguido, no con mucha eficacia, por la Organización Mundial de Comercio, el dumping salarial, el social, el ecológico; y a partir de ahora tenemos el dumping Montero –el dumpitero–.
La acusación, y viniendo de una ministra de Hacienda, debería ser motivo de destitución fulminante, pero debe de ser muy difícil semejante tarea. No se sabe por qué, en lugar de culpar del fracaso al ministro correspondiente, se interpreta que es el presidente del Gobierno quien ha fracasado. Esto no pasa en otras profesiones, por elevadas que sean.
Pues bien, la señora ministra, que fue anteriormente consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, parece desconocer que en el año 2018 Andalucía cerró con una deuda de 35.409 millones de euros, equivalente al 22% del PIB regional, mientras que Madrid lo hizo con 33.270 millones, equivalentes a un 14,50% de su PIB. Es más, Madrid sólo pidió financiación al Estado por 1.671 millones, mientras que Andalucía desplazó 26.733 millones a financiación del Estado, o sea de los españoles.
¿Por qué será que, habiendo en España casos más próximos al dumping fiscal, la señora ministra se fija en Madrid, que se ha caracterizado por una buena administración, afirmación que resultaría arriesgada en el caso de Andalucía?