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Las pensiones que vienen: de la hucha ficticia de Valerio a la barra libre de Podemos

En el partido morado prometen subir todas las prestaciones (las de los jubilados actuales y futuros). Y aseguran que a ellos les salen las cuentas.

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En el partido morado prometen subir todas las prestaciones (las de los jubilados actuales y futuros). Y aseguran que a ellos les salen las cuentas.
Isabel Celáa y Magdalena Valerio, este viernes, en el Palacio de la Moncloa, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | EFE

Otra vez la hucha que no es tal. Magdalena Valerio quiere mantener la ficción en torno al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y ha decidido dejar 1.500 millones en el mismo. Así lo anunció este viernes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Todo esto tiene un punto de absurdo, porque al mismo tiempo se anuncia que se completa el préstamo del Estado a la Seguridad Social de 15.000 millones de euros y que se hace la última transferencia desde los Presupuestos Generales del Estado al organismo (otros 15.000 millones al año en total). ¿Por qué no reducir el préstamo en esos 1.500 millones y dejar de marear la perdiz con la famosa hucha que ya no tiene ni para pagar el 20% de una mensualidad? Pues por no decir, no reconocer, no explicar a la opinión pública que la hucha nunca existió en realidad y mucho menos desde que se invirtiera al 100% en deuda pública española. En esto Valerio no se diferencia en nada de sus predecesores: todos ellos jugaron siempre con el Presupuesto y las palabras para no admitir lo obvio.

Si la Seguridad Social tiene unos ingresos por cotizaciones de 123.500 millones de euros y se gasta en transferencias a las familias 154.600 millones (ambas cifras, como las demás de ingresos y gastos del organismo utilizadas en este artículo, están sacadas del proyecto de PGE para 2019), lo lógico sería decirlo y explicarlo. Que los españoles sepan que existe ese agujero entre los ingresos que se obtienen por ese impuesto tan especial que son las cotizaciones sociales y el gasto en prestaciones, sean de la clase que sean. Y que sepan que ese dinero hay que buscarlo en otro sitio, en la recaudación del resto de impuestos que pagan cada día.

Los políticos hablan mucho de la "separación de fuentes de financiación" como una forma de solucionar los problemas de la Seguridad Social. En realidad, lo que quieren decir es que se dejen de imputar ciertos gastos al organismo (como, en su día, dejó de pagar la asistencia sanitaria) para que se imputen al Estado. Pero ni los gastos ni los ingresos de verdad cambiarían. En realidad, como hemos explicado en Libre Mercado en varias ocasiones, se trata simplemente de mover las partidas del Presupuesto y que todo cambie para que lo fundamental (el montante total de ingresos y gastos) siga igual.

Pero la rueda de prensa de este viernes tuvo una virtud: permitió intuir cuál pueden ser la política de pensiones del futuro Gobierno y las diferencias que hay entre lo que plantean sus dos socios. El PSOE, como antes el PP, le tiene miedo a este tema. Sabe que es peligroso desde un punto de vista electoral y cree que lo mejor es no tocar nada y mantener la táctica de la patada p’alante: subir las pensiones con el IPC siempre mientras se pueda, intentar ocultar la realidad con la "separación de fuentes de financiación" (usada no con fines de organización de las cuentas, sino en forma de trilerismo presupuestario para no explicar la realidad a la opinión pública) y buscar una reforma paramétrica muy dura en el Pacto de Toledo (endureciendo las condiciones de acceso al sistema).

Enfrente, Podemos es más claro. En el partido morado no están por la labor de perder el tiempo con juegos artificiales. Lo que prometen en su programa es subir las pensiones actuales, las futuras y las de todos los colectivos posibles. Eliminar todo lo posible la contributividad del sistema, acercando las prestaciones máximas y mínimas. Y disparar las cotizaciones para pagarlo. ¿Irreal? Bueno, eso es cuestión de quién haga las cuentas. En Podemos dicen que a ellos les salen y que es cuestión de voluntad política. Casi nadie más cree que sea posible cumplir con esas promesas, pero mientras tanto, los de Pablo Iglesias están buscando en la negociación ese Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tan codiciado por su importancia y por el impacto en los medios de todo lo que se haga desde esa cartera.

El plan de Valerio

Como decimos, la rueda de prensa de Valerio tuvo la virtud de poner encima de la mesa los puntos principales del plan del PSOE para las pensiones. Básicamente, se trata de no hacer nada por el momento y esperar a que el Pacto de Toledo apruebe una reforma como la de 2011. La actual ministra de Trabajo lo planteó en los siguientes términos:

  • Gasto: que España dedique el 12,5% del PIB en pensiones "no es exagerado". Y es cierto, ni es "exagerado" ni deja de serlo. Podría ser el 15%. Simplemente, habrá que explicar a los españoles qué otros gastos se van a recortar o qué impuestos se van a subir para llegar a esa cifra (por cierto, entre las más altas de la OCDE, sólo superada por Francia, Portugal, Italia y Grecia)
  • Impuestos: Valerio señaló directamente a países como Francia o Alemania para explicar que el déficit de la Seguridad Social (el oficial de 17.000 millones y el real que, como hemos visto antes, supera los 31.000) se debe sufragar con impuestos.
  • Horizonte temporal: para "cuando se jubile la generación del baby boom" las cuentas de la Seguridad Social "tienen que estar saneadas". Estamos hablando de 2025-2027 como tarde. Aquí es interesante la referencia de Valerio a las cuentas, porque apunta en la dirección que comentábamos anteriormente. La idea no es tanto hacer una reforma para controlar el gasto, sino en mover partidas del presupuesto para tirar unos años más. Sanear a la Seguridad Social llevándose gastos a la Administración Central. Como explicó en su día Cristóbal Montoro, es un ardid político para no explicar lo obvio: todo el dinero de los impuestos (también las cotizaciones) va a la misma caja (la del Estado) y allí se decide qué hacer con él. O lo que es lo mismo: las pensiones dependen y seguirán dependiendo de la capacidad de generación de riqueza de los empresarios y los trabajadores y del reparto presupuestario que se haga de los impuestos (tal cantidad a esta partida, tal cantidad a esta otra,...).
  • Sin reformas: Valerio explicó que sus planes de futuro pasan por la lucha contra el fraude laboral, pagar con impuestos los que denominó como "gastos impropios" (por ejemplo, las pensiones no contributivas), incrementar las "transferencias del Estado a la Seguridad Social", lograr "más ingresos fiscales con una reforma fiscal más justa" y subiendo los ingresos por cotizaciones a través de la mejora del empleo. Evidentemente, si se consiguen subir los ingresos, mejor para las cuentas del Estado; pero como vemos, no hay nada de nada en lo que se refiere a reformas para controlar el gasto.

El programa de Podemos

Así, mientras el PSOE sigue pensando en cómo mantener el sistema existente por unos años más, en Podemos son mucho más ambiciosos. Los socios minoritarios del Gobierno piensan que es posible prometer pensiones más altas, a los actuales jubilados y a los del futuro. En realidad, si salen adelante sus propuestas, supondrían una auténtica revolución en el sistema y una reforma de sus fundamentos. Probablemente, el cambio más importante desde que se creó. Y tendría una virtud, sería un cambio del que todos nos daríamos cuenta. Otra cosa es cómo financiarlo. Pero en la formación comunista no están en eso.

1. Pensiones más altas a los actuales pensionistas: en Podemos prometen la "actualización por ley de las pensiones al IPC de manera inmediata y buscaremos blindar esta garantía constitucionalizándola de forma expresa". También quieren "incrementar las mínimas y no contributivas" (hasta 750 y 600 euros respectivamente).

2. Pensiones más altas para los futuros pensionistas: los de Iglesias proponen varias reformas que permitirían que las prestaciones reconocidas a los jubilados del futuro fueran más elevadas.

  • "Derogar" de forma definitiva "el mal llamado factor de sostenibilidad": hablamos de la fórmula matemática que reducía la primera pensión en función de la esperanza de vida y que se introdujo en la reforma de 2013 (en realidad, ya se había suspendido su aplicación y todo el mundo daba por hecho que, en la práctica, estaba derogado). Debería haber entrado en vigor en este año 2019 y habría supuesto un recorte de esa primera pensión en un 0,5%; un recorte, eso es cierto, que se consolidaba a futuro para el pensionista, porque su prestación siempre se calcularía en base a la primera paga, y que sería más elevado según fuera creciendo la esperanza de vida.
  • "Las personas que lleguen a la edad de jubilación podrán elegir libremente los años de cómputo para el cálculo de sus pensiones entre todos los de su vida laboral": en Podemos no sólo no se plantean una nueva reforma paramétrica (ampliación de los años cotizados para cobrar el 100%, más años para calcular la base, retrasar la edad legal de jubilación) sino que quieren mejorar las actuales condiciones. Con esta reforma, subirían las prestaciones de los nuevos jubilados, porque podrían escoger sus mejores años de trabajo y cotización.
  • "Las personas que hayan cotizado al menos 35 años podrán jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones. Jubilación anticipada y sin penalización en sectores especialmente duros": en la misma línea de lo apuntado en el apartado anterior. Podemos no sólo no se plantea retrasar la edad de jubilación (en otros programas ha propuesto volver a los 65 años) sino que quiere facilitar todo lo posible que más personas se retiren antes de cumplir los 67 años. Con los 35 años cotizados para jubilarse de forma anticipada un porcentaje bastante alto de trabajadores podrían comenzar a retirarse a partir de los 63 años sin sufrir menoscabo en su prestación.

3. Eliminar los topes de cotización para incrementar los ingresos: como todas las promesas anteriores habrá que financiarlas, en Podemos también miran al lado de los ingresos. Su propuesta pasa por dos apartados. En primer lugar, acabar con las reducciones de cuotas y bonificaciones a la contratación (unos 3.000 millones al año). Y, lo más importante, "eliminar los topes de cotización", sin tocar las pensiones máximas, por supuesto, "para que los salarios más altos coticen más a la Seguridad Social".

En la práctica, esta medida supondría terminar, de un plumazo, con el carácter contributivo del sistema. De hecho, no se puede ver de forma aislada, sino que hay que unirla al punto uno, en el que Podemos promete subir las prestaciones más bajas y las no contributivas. La formación morada quiere, de esta forma, acelerar y consolidar la reforma silenciosa del sistema de pensiones, ésa que erosiona poco a poco la contributividad del sistema, acercando las prestaciones máximas y mínimas. O lo que es lo mismo: da igual cotizar mucho o poco porque, en el momento de la jubilación, cobraremos cifras parecidas (nunca serán iguales, para mantener la ficción, pero se acercarán mucho).

De esta manera, la pensión pasaría de ser un derecho contributivo (con todos los matices a esto, porque no deja de ser un derecho que cada año depende de los trabajadores del presente) a una prestación más del estado (modelo asistencial).

El elefante

En cualquier caso, lo que no explican ni Valerio ni Iglesias (o su candidata a ministra de Trabajo según los medios, la gallega Yolanda Díaz) es cómo se van a enfrentar al elefante, silencioso pero cada vez más grande, que tienen en la habitación: esos 31.000 millones de déficit real que hay entre las cotizaciones y las transferencias corrientes.

Porque es cierto que su aproximación es diferente: en el PSOE parece que tiene como objetivo contener ese déficit (o que crezca poco) mientras que en Podemos ni se preocupan de intentarlo, sus promesas de gasto dispararían los números rojos. Ni siquiera la subida de las cotizaciones que plantean los morados sería suficiente. Y eso si los sueldos altos fueran a dejar que les incrementen los costes laborales, de un día para otro, en un 20-25% extra. Una medida así supondría un enorme palo a las empresas, sobre todo en lo que respecta a sus trabajadores más productivos.

Según los cálculos del Banco de España, "manteniendo el resto de factores constantes" (es decir, sin aplicar el Factor de Sostenibilidad ni el Índice de Revalorización de las Pensiones incluidos en la reforma de 2013) "la evolución demográfica implicaría un aumento del gasto en pensiones de entre 5 y 7,2 puntos del PIB en 2035 y de entre 7,6 y 13,6 puntos del PIB en 2050". Si tomamos como referencia un PIB de 1,2 billones de euros a cierre de 2018, vemos como esos 5-7 puntos del PIB de los que habla el Banco de España suponen entre 60.000 y 90.000 millones de euros más de gasto al año que habría que financiar en 2035 (y no queda tanto para esa fecha).

El año que viene el incremento del gasto no será tan importante, pero cuidado, el número de pensionistas crece cada año y los nuevos jubilados tienen derecho prestaciones cada vez más elevadas respecto a los que fallecen. Si se eliminan los factores dirigidos a controlar algo esa subida del gasto, lo normal es que éste siga creciendo como lo ha hecho en el pasado. Sólo para que nos hagamos una idea, el gasto en prestaciones contributivas ha pasado de 95.700 millones a más de 135.000 millones en la última década, incluso tras la aplicación de la reforma de 2011.

Por eso, sean cuales sean las cuentas del nuevo Gobierno, parece claro que para intentar mantener en pie este esquema habrá que subir mucho los actuales impuestos o crear nuevos tributos. El caso francés, en el que los trabajadores pagan desde hace años un impuesto del 10% de su salario para financiar el sistema, aparece cada vez más en las ruedas de prensa de los políticos españoles. Allí, hace casi 30 años, se instituyó un nuevo impuesto, la Contribución Social Generalizada, que este año supondrá cerca del 10% del salario de cada empleado. Esto no es una cotización que dé derecho a una prestación más alta; es un tributo finalista (o así se vende) que se supone que va destinado a cubrir las cuentas de la Seguridad Social y cerrar así su déficit. Por ahí parece que van los tiros en España: un nuevo impuesto para no hacer nada por el lado del gasto.

La brecha fiscal en España (la diferencia entre lo que paga el empresario y lo que recibe el trabajador) ya está por encima de la media de la OCDE. En Francia es todavía más amplia: de hecho, los galos tienen el récord mundial en este apartado. ¿Es ése el modelo para los próximos años? ¿Es sostenible? ¿Se generarán los ingresos suficientes como para cubrir el déficit? ¿Cuál sería el impacto en la estructura productiva y en la competitividad de nuestras empresas? Habrá que esperar a saber quién es el nuevo ministro de Trabajo y ver a cuál de los dos socios pertenece. En cualquier caso, sea quien sea, tendrá muchas preguntas a las que responder.

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