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José María Rotellar

Las peligrosas consecuencias económicas de un Gobierno comunista

Los radicales se impondrán a la ortodoxia provocando una sangría en el empleo y una caída de nuestra economía.

José María Rotellar
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Los radicales se impondrán a la ortodoxia provocando una sangría en el empleo y una caída de nuestra economía.
Pablo Echenique y Pablo Iglesias, tras la investidura de Sánchez. | EFE

Tras lograr ser investido Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el comunismo ha llegado al Ejecutivo y, por tanto, también va a llegar a la economía. Pues bien, el acuerdo del primer gobierno con comunistas desde la Guerra Civil -que fue, además, el único en el que los hubo- recoge aspectos muy radicales en todos los ámbitos. Por lo que se refiere al aspecto económico, todo tal y como era esperado: muchos elementos de riesgo para la sostenibilidad de la economía española. Por mucho que Sánchez lo revista con algún perfil tecnócrata, principalmente, Calviño y Escrivá, el programa firmado es radical, y o lo incumple -cosa que tampoco habría que descartar, ya que Sánchez hará lo que crea que es mejor para sus intereses- o por mucho que lo revista de algunos ortodoxos seguirá siendo radical.

Así, PSOE y Podemos pactan elevar el salario mínimo hasta 1.200 euros, subir las pensiones ligadas al IPC, derogar la reforma laboral en los puntos más dinámicos, aumentar el gasto, intervenir más la economía y subir impuestos.

Con este nuevo incremento del salario mínimo hasta los 1.200 euros, Sánchez lo habrá elevado un 22,3% de 2018 a 2019, y un 33,3% de 2019 hasta el momento en el que aplique la subida recogida en el pacto con Podemos. Con ello, la subida acumulada del salario mínimo será de un 63,1% desde los 735,90 euros de 2018. Y así, sube también la base mínima de cotización a la Seguridad Social, encareciendo más los costes laborales y, por tanto, empeorando la productividad y la competitividad de las empresas españolas, que puede reducir sus ventas, y, con ello, la actividad económica y el empleo.

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La subida del salario mínimo constituye un enorme error basado en una retórica populista que lo único que produce es que las personas menos cualificadas queden expulsadas del mercado de trabajo y se vayan al desempleo. O, lo que es peor, que se vayan a la economía sumergida, donde no cotizan ni devengan derechos, no pagan impuestos y no quedan cubiertos para la percepción futura de una pensión o de una prestación por desempleo. Al no cubrir el coste que generan ni el margen adicional empresarial, serán expulsados del mercado de trabajo debido a este incremento artificial del salario mínimo.

De hecho, esos efectos ya se notaron en su momento, con los datos de afiliación a la Seguridad Social de enero de 2019, cuando tras aprobar esa artificial subida del salario mínimo en un 22,3% se destruyeron casi 205.000 puestos de trabajo en forma de afiliados a la Seguridad Social. De hecho, distintas instituciones, nacionales y extranjeras, ya confirmaron el parón que, en el medio plazo, supondría esta subida del salario mínimo para el mercado de trabajo:

  • 40.000 empleos: la AIReF.

  • 70.000-80.000 empleos: la Comisión Europea.

  • 125.000 empleos: el Banco de España.

  • 160.000 empleos: el BBVA.

A ello, habrá que añadir los efectos de esta nueva subida de otro 33,3%, que puede llevarse por delante otros 121.000 puestos de trabajo.

Mienten con las pensiones

En cuanto a las pensiones, no reformar el sistema para garantizar su viabilidad y taparlo con medidas populistas como el ligar su subida al IPC es mentir a la sociedad, aplazar el problema y dejar que se enquiste, con el riesgo de que estalle en el medio plazo y suponga recortes en lugar de reformas.

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Para garantizar que el sistema público de pensiones sea viable y que los pensionistas no pierdan, hay que sacarlo del debate político y llevar a cabo reformas sensatas que permitan su continuidad. De no hacerlo, se pone en riesgo dicho sistema. En el acuerdo se desliza la idea de ir sosteniendo las pensiones con otras fuentes de financiación, de manera que todo apunta a que terminarán subiendo los impuestos para ello. Si a ello le añadimos que Sánchez ha renunciado a aplicar el factor de sostenibilidad y de equidad intergeneracional y ligar las pensiones, de nuevo, al IPC, contamos con un coste de las pensiones que Fedea ha estimado en 327.000 millones de euros dentro de treinta años. Esto supone 192.000 millones más que ahora.

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Derogar la reforma laboral golpeará al empleo

Por otra parte, se proponen derogar la reforma laboral de 2012. Dicha reforma laboral fue magnífica desde el punto de vista de flexibilizar el marco laboral e impulsar, así, la creación de casi tres millones de empleos. La derogación de sus puntos más dinámicos provocará un retroceso de la contratación. lo hará tocando los puntos esenciales, como los siguientes:

  • Revertir la actual prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial.

  • Legislar para instaurar de nuevo la duración ilimitada de los convenios colectivos (ultraactividad).

  • Obligación de que las empresas subcontratistas apliquen convenio de la empresa principal.

  • Obligación de registrar la jornada diaria de los trabajadores.

  • Se volverá a poner una carga administrativa muy fuerte a todas las empresas y se eliminará la flexibilidad que necesitan las pymes y autónomos en esta materia.

  • Brecha salarial y planes de igualdad, que no deberían regularse por RDL sin un acuerdo amplio previo en la mesa de dialogo social.

Todo ello, supondrá una contrarreforma lesiva, pues:

  • Introducirá rigidez en la contratación.

  • Incrementará costes en la contratación.

  • Disminuirá, con lo anterior, las oportunidades en el mercado de trabajo.

Esto tendrá un impacto negativo en la economía, debido a que esos mayores costes provocarían una disminución de la contratación, junto a un empeoramiento de las expectativas de los agentes económicos.

Cada año, así, dejarían de crearse más de 100.000 puestos de trabajo que sí podrían generarse de mantenerse la reforma laboral sin derogar, provocado por una pérdida anual de alrededor de 2 décimas de PIB. De esta forma, de aquí al final de la legislatura se habrán perdido 757.000 empleos, que superará el millón de puestos de trabajo destruidos en un entorno de cinco años.

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Más gasto y más impuestos

Por su parte, el incremento de gasto propuesto no es viable, porque no puede seguir aumentando sin parar, ya que los ingresos caerán cuando el ciclo económico agudice todavía más su ralentización, provocando un mayor déficit y, por tanto, más deuda, inasumible ya al encontrarse la economía española a unos niveles de deuda que supone casi el 100% del PIB. Por lo menos, entre pensiones (ya citado), gasto social y menor reducción del déficit estructural estamos hablando de un incremento de gasto de 12.637 millones en el mejor de los casos y 36.000 millones en el límite superior (equivalente al ajuste de gasto que tuvo que hacer el PP en diciembre de 2011, pues quieren revertir ahora la práctica totalidad de las medidas de austeridad), que puede hacer mermar el PIB y el empleo en casi 6 décimas.

El incremento del intervencionismo en la economía tampoco es una buena noticia, pues siempre que se restringe la libertad económica, la riqueza y el empleo se contraen, como, por ejemplo, cuando se regula el precio máximo de alquiler, el salario mínimo ya mencionado, o, a buen seguro, las maniobras que intentarán para impedir la libertad de apertura comercial o la competencia de las VTC con el sector del taxi (recordemos que Podemos tiene una posición muy extrema en contra de las VTC).

Además, la subida de impuestos es un desatino, máxime en una coyuntura de desaceleración económica, y la más que probable intromisión en la regulación de los impuestos cedidos a las regiones, para obligarlas a subir impuestos (se desliza en el punto 9.6 del programa), linda con socavar la autonomía financiera que las mismas tienen reconocida en la Constitución y limita algo positivo como es la competencia fiscal, que pone ante el espejo a los gobernantes regionales. Las subidas de impuestos sólo contraerán más la economía, el empleo y, con ello, la recaudación.

No sólo piensan aumentar el IRPF en varios puntos, que desincentivará a los trabajadores, especialmente a la parte de los mismos que más sostiene la recaudación (pues terminarán incrementándolo más que lo que aparece en el acuerdo, ya malo de por sí), sino que, además, impondrá un tipo mínimo del 15% en el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, por no hablar de la tasa para transacciones financieras, que perjudicará a la financiación en los mercados, o las tasas digitales o la ya aplicada repercusión del AJD a los bancos, que, tal y como el Banco de España ya detalló, está encareciendo los préstamos a los clientes, con lo que se ralentiza la expansión del crédito y, por tanto, el crecimiento económico. Como última perla de subida impositiva nos encontramos con un mayor gravamen a las SOCIMIS en la parte de beneficio no repartido, que dificultará la existencia de este tipo de sociedades, de manera que el mercado inmobiliario puede perder parte de su dinamismo, con las consecuencias en cascada que tendría sobre toda la economía. Todo esto, junto con el incremento de gasto, puede parar la actividad económica y provocar otro frenazo adicional en el empleo de medio millón de puestos de trabajo.

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Calviño no ahuyenta los males

Todo ello, hace imposible que España pueda cumplir con los objetivos de estabilidad, pues se generarán más déficit y más deuda. La presencia de Calviño por sí misma no ahuyenta esos males; simplemente, puede servir para tratar de mostrar ortodoxia en el Gobierno, pero se verá superada por el programa radical que han acordado, de manera que la ortodoxia desaparecerá, porque todo parece indicar que se impondrán los radicales.

En definitiva, se trata de un pacto peligroso para la economía, además de serlo, por otras múltiples razones, no económicas, para España en todos sus aspectos. Vivimos momentos sombríos, momentos en los que el presidente Sánchez ha preferido pactar con los comunistas, independentistas y con el antiguo brazo político de ETA a buscar un acuerdo de mínimos con el centro-derecha que permitiese unos presupuestos razonables, una serie de reformas sensatas que enderezasen la economía y transmitiesen confianza a agentes económicos, mercados e instituciones. Sin embargo, él ha preferido optar por una medida peligrosa para España y su economía: un gobierno en el que los comunistas parece que llevarán la voz cantante, a la vista del acuerdo firmado, con el chantaje permanente de los independentistas y sus facturas a cobrar, junto con las que mostrarán al pago el resto de pequeños grupos que le han dado el sí. Lo ha elegido él; nadie se lo ha impuesto. Son tiempos preocupantes, mucho más de lo que la sociedad percibe en estos momentos. El comunismo ha llegado al Gobierno y, si aplican el programa que han firmado, llegará también a la economía, con tristes consecuencias.

Tertuliano de En Casa de Herrero.

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