La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está empeñada en conseguir acabar con el espacio de tributos bajos que tiene la Comunidad de Madrid. No es que Madrid tenga unas competencias que no posean Extremadura, o Castilla-La Mancha o cualquier otra comunidad autónoma, o que no poseyese Andalucía cuando allí gobernaban los socialistas, con Montero como consejera de Hacienda varios años. Lo que pasa es que Montero ha emprendido una especie de cruzada contra las regiones que bajan los impuestos a los ciudadanos.
Es cierto que no lo está teniendo fácil para argumentarlo, porque al principio dijo que Madrid recibía menos dinero del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) en la sorprendente -por inédita- actualización de las entregas a cuenta en la prórroga de octubre, debido a que Madrid había bajado el IRPF. Sin embargo, en el desglose Madrid recibía más fondos por IRPF (casi 89 millones) por haber incrementado la recaudación en esa figura tributaria gracias a una mayor actividad.
Después dijo que tiene que haber una fiscalidad justa porque las regiones ricas tienen que aportar para financiar los servicios esenciales de las regiones con peor marcha económica, pero ahí volvió a pinchar en hueso: Madrid es, de largo, la que más aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Esenciales, para que esas regiones con menor capacidad económica puedan prestar los servicios, sanitarios, educativos o sociales.
Es más, a través del tope establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre del SFA, todos los años la Administración General del Estado se queda con entre 500 y 750 millones de euros que le corresponden a Madrid por el fondo de competitividad y que por dicho tope, establecido pensando en su día para que Madrid no lo recibiese, se queda el Gobierno central, con lo que Madrid es solidaria hasta con Montero y sus cuentas.
Y por último, acusa a Madrid de "dumping fiscal" y de verse favorecida por el efecto capitalidad, pero, sin embargo, todas las regiones de régimen común -y las forales, más- tienen la misma capacidad que Madrid para subir o bajar impuestos; y en cuanto al efecto capitalidad, Madrid no siempre ha ocupado un lugar tan destacado como ahora, y, sin embargo, alberga la capital desde que Felipe II la situó en Madrid -con la excepción de los pocos años en los que Felipe III se llevó la Corte a Valladolid, para, luego, volver a situarla en Madrid-.
Los impuestos que quiere Montero para Madrid
Por eso, se cierne sobre Madrid una importante subida de impuestos a la que quiere obligar el Gobierno de la Nación. ¿Cuál es ese escenario? Ni más ni menos que el sistema tributario que Montero tenía impuesto en Andalucía:
- Un IRPF casi cinco puntos superior al de la Comunidad de Madrid.
- Un Impuesto de Sucesiones confiscatorio hasta que tuvieron que suavizarlo para sacar adelante los presupuestos regionales, pero que seguía en tasas elevadísimas al sobrepasar el millón de euros, hasta la rebaja fiscal actual del PP.
- Un Impuesto de Donaciones igualmente confiscatorio, con tipos muy elevados.
- Un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales cuatro puntos superior al de Madrid.
- Un Impuesto de AJD que era el doble que el de Madrid.
- Un Impuesto de Patrimonio que llegaba a aplicar con los socialistas el 3% en Andalucía, frente a la completa exención en la Comunidad de Madrid.
La única duda es si obligarán a subir también el IRPF, porque el resto de figuras tributarias mencionadas están, a buen seguro, en la mente de la ministra de Hacienda.
Ése es el modelo que quiere imponer el Gobierno. Un modelo en el que se gravarán con fuerza las Sucesiones de personas que hayan trabajado duro y acumulado una vivienda en Madrid desde hace más de cincuenta años y unos ahorros conseguidos con esfuerzo a través de toda una vida laboral, con el agravante de que lo que ha permitido generar el hecho imponible habrá estado gravado antes hasta en dos ocasiones: por renta y por patrimonio.
Un modelo en el que podrían llegar a pretender subir el impuesto de la renta a toda la clase media, que es la base sobre la que se sustenta la recaudación del impuesto. Un modelo que gravará la compra de una vivienda de segunda mano cuatro puntos más, con un coste adicional de hasta 12.000 euros para una vivienda de 300.000 euros.
O el modelo que elevará el coste de AJD -que aunque Sánchez haya hecho sujeto pasivo a los bancos, termina siendo repercutido a los clientes, con lo que la subida del impuesto también lo pagarán los ciudadanos- al doble que el coste que supone ahora.
Con ello, van a impedir que los madrileños puedan seguir ahorrándose una importante parte en impuestos, que les ha permitido hasta ahora destinar a mayor consumo e inversión, que ha permitido, así, contar con un mayor crecimiento económico y empleo y, a través de este mayor crecimiento de Madrid poder ser más solidario con el resto de regiones. Por tanto, la medida es también contraproducente para el resto de CCAA, porque si se empobrece Madrid con una subida de impuestos obligada, se empobrecerá el resto al tener menos fondos Madrid para repartir con las demás.
Empobrecer a los madrileños
Con ese acoso fiscal a Madrid, cambiando la normativa para obligarle a subir impuestos, al tiempo que Sánchez suba todo lo que sea competencia estatal, hará que los madrileños tengan que pagar casi 1.900 euros más al año cada uno en impuestos, que se compone de los 1.150 euros anuales que se ahorra cada madrileño por las rebajas de impuestos regionales, más los 735 euros por el ahorro en el IRPF estatal producido por las rebajas aplicadas cuando el PP estuvo en el Gobierno de la nación.
Ese ahorro es notable, por ejemplo, en IRPF, respecto a lo que pagaría un contribuyente madrileño de aplicarse en Madrid el tipo nacional, más alto.
Es decir, que los socialistas se quitan ya para siempre aquella careta impostada de Zapatero donde decía que "bajar impuestos era de izquierdas", cosa que enseguida se vio que era falso, para aplicar la más rancia política intervencionista de derroche en el gasto, impuestos altos, déficit recurrente y creciente, deuda abultada y, con todo ello y con la intromisión en la actividad económica, poner, así, trabas al crecimiento económico.
Eso no tiene sentido: el modelo de Madrid funciona -ahí están todos los datos económicos y de empleo, que lo demuestran-. En lugar de obligar a Madrid a que suba los impuestos, deberían animar a las demás CCAA a que compitiesen con Madrid en mejores servicios, gasto eficiente e impuestos bajos. Es la base de la corresponsabilidad fiscal, pero parece que el Gobierno sólo quiere que las regiones utilicen su capacidad normativa tributaria en un sentido: el de subir impuestos.
Si el Gobierno hace eso, Madrid podría intentar buscar fórmulas de compensación bajando otros tributos o con algunas deducciones, pero no es sencillo y siempre cabría la posibilidad de que el Gobierno lo recurriese. La otra alternativa, contra la que el Gobierno no puede hacer nada, es que Madrid puede emplear el aumento de recaudación, si es que se da, que es mucho suponer, a obtener superávit y amortizar la deuda pública, para eliminar esa pesada carga a las generaciones futuras. Como la deuda son impuestos diferidos en el tiempo, eso también es bajar impuestos.