Este jueves era un día tranquilo en el Congreso. Apenas había convocatorias. Eso sí, la única que aparecía en la agenda oficial de la Cámara era muy esperada: hablamos de la comparecencia de José Luis Escrivá, ese nuevo ministro de un nuevo Ministerio (el de "Inclusión, Seguridad Social y Migraciones"), que tanto ha dado que hablar desde su nombramiento.
Era la primera vez que Escrivá acudía a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo y casi todo el mundo estaba expectante ante lo que diría. Por un lado porque, como presidente de la AIReF, el actual ministro fue uno de los participantes más activos en el debate de las pensiones en los últimos años (y de los que tuvo un enfoque más optimista al respecto). Por el otro, porque algunas de sus propuestas no son fáciles de encajar con las propuestas de sus socios de Gobierno (o, incluso, lo que proponía el PSOE en su programa).
Escrivá ha hecho una presentación muy técnica, muy en su línea, a los miembros del Pacto de Toledo. Y ha mantenido un discurso no demasiado diferente al que ha defendido en los últimos meses. Optimista respecto a la sostenibilidad del sistema. Con una propuesta principal que no implica una reforma real, sino un mero cambio presupuestario: esa idea de separación de fuentes de financiación que en realidad no cambia nada en el fondo del asunto. Y con algunas medidas en la mochila que serán polémicas, porque entran en contradicción directa con lo que defienden sus compañeros de Gobierno: sobre todo, retrasar la edad de retiro efectivo y mejorar la fiscalidad de los planes de empleo (ese segundo pilar de las pensiones del que tanto se habla).
El discurso
Escrivá ha comenzado, como hace casi siempre, con un análisis optimista de la situación actual. Por eso, aseguraba nada más empezar que "la Seguridad Social es solvente" y el incremento del gasto que se espera para los próximos años "es manejable". No sólo eso, además, el ministro ha defendido que "el Pacto de Toledo es el marco idóneo para eliminar la incertidumbre" y ha apuntado al borrador que hace un año estuvo a punto de aprobarse como "un punto de partida excelente" para la próxima reforma (sin decir que fue Podemos el que dinamitó un acuerdo que estaba casi cerrado).
"¿Por qué esa incertidumbre?", se preguntaba Escrivá. Y se respondía a sí mismo que el miedo que sentían los pensionistas (actuales y futuros) hundía sus raíces en las noticias que año tras año hablan del déficit de la Seguridad Social: "Estos datos tienen un impacto enorme sobre la opinión pública. La preocupación por las pensiones está en máximos. Con esta catarata de noticias sobre la situación del sistema, no debe sorprendernos que tengan esta preocupación sobre el sistema. Debemos intentar eliminarla".
¿Cómo? Pues la propuesta de Escrivá es doble: por una parte, "un acuerdo en el Pacto de Toledo". Por otra, eliminar "el déficit contable, que no económico, del sistema". O lo que es lo mismo: la principal propuesta del ministro no consiste en hacer una reforma real, sino en traspasar al resto de los ministerios determinados gastos (o incrementar los ingresos, haciendo que la financiación de determinadas políticas de empleo corra a cargo de los Presupuestos del Estado): "Estamos trasladando la idea de que el déficit está sobre todo en la Seguridad Social. Pero se ha sobrecargado al organismo con gastos impropios y merma de ingresos", ha dicho, lo que en su opinión "traslada innecesariamente a los ciudadanos una visión que no es real".
Además, aunque Escrivá reconoce que las cotizaciones en España están entre las más altas de la UE, también cree que "están sesgadas hacia las cotizaciones por desempleo. España es el país en el que la parte para contingencias comunes es más baja".
La reforma
Pero más allá de ese maquillaje en las cuentas que no es una reforma, Escrivá también traía a su primera comparecencia propuestas de cambio sustanciales y que podrían resumirse en dos puntos: retrasar la edad real de jubilación y ampliar el peso de los planes de empresa en la ecuación del sistema público.
"Muchos de los estudios más alarmistas no tienen en cuenta el efecto de la normativa actual en la edad efectiva de jubilación", ha apuntado el ministro. O lo que es lo mismo, lo que propone es incrementar "los incentivos para trabajar más" y los "desincentivos" para las jubilaciones anticipadas. Palo y zanahoria: empujar a las personas con una edad cercana a los 65-67 años para que sigan en activo y al mismo tiempo castigar con más dureza que ahora a los que quieran acogerse a alguna modalidad de jubilación anticipada: "Esta es una palanca enorme. Por cada año que la edad efectiva aumenta, resolvemos un 25% del problema" del déficit ha apuntado el ministro. Según sus datos, la jubilación anticipada ha subido un 66% en los últimos años: "El supuesto desincentivo, en el caso de muchas personas, es mucho menor de lo que no podría suponer. Este incentivo tiene margen de resideño para que sea más un desincentivo". El problema, de nuevo, es que este planteamiento entra en contradicción directa con todo lo defendido por sus socios de Gobierno (no sólo Podemos, también ERC, Bildu y otros grupos minoritarios) hasta el momento.
La segunda pata de la reforma de Escrivá es la que tiene que ver con los sistemas de ahorro complementarios. Y aquí ha lanzado una bomba que, aunque ya se había anunciado anteriormente, ha resonado con fuerza en la sala de la Comisión: "Estamos dispuestos a ir desplazando la fiscalidad desde los planes individuales a los planes de empleo" que forman parte, en muchas empresas y sectores, de negociación colectiva. O lo que es lo mismo, lo que plantea el ministro es terminar (o reducir mucho) los actuales incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales y llevarse esos incentivos a los planes de empresa: un segundo pilar de las pensiones que a Escrivá le gustaría que cubriese a muchos más trabajadores que en la actualidad. Eso sí, al finalizar la Comisión, y a preguntas de los periodistas presentes, el ministro ha asegurado que ese "desplazamiento" se hará de forma progresiva y que no tiene por qué suponer la eliminación completa de los actuales incentivos (quizás una reducción, pero esto no lo ha aclarado).
De hecho, en este último punto se ha detenido, destacando el ejemplo que suponen los planes de empleo en el País Vasco: "Allí son muy importantes y tienen incentivos mucho mejor diseñados. Hasta el 50% de los trabajadores tienen ese plan de empleo, que suman el 20% del PIB del País Vasco. Es un modelo que ha funcionado muy bien en otros países".
Frente a esto, denunciaba que los actuales planes de pensiones son "un producto muy caro", con poca rentabilidad y que no cumple los objetivos previstos porque, en su opinión, los que se benefician de estos planes de pensiones son fundamentalmente las personas de más alto poder adquisitivo.
Aquí hay dos cuestiones importantes: el primero es que, como en otros puntos del discurso de Escrivá, no está claro si a sus socios les gusta esta idea de incentivar los planes de ahorro (aunque sean colectivos y en el marco de la negociación colectiva). Además, el ministro ha planteado los incentivos a los planes de empresa y a los individuales como si fueran cuestiones excluyentes (pongo uno para quitar otro)... y no tiene por qué ser así. Es decir, incluso aunque no vea como necesario impulsar ese segundo pilar de las pensiones, esto podría ser totalmente compatible con mantener los actuales incentivos al ahorro individual. Porque, además, hay trabajadores (por ejemplo, los autónomos, pero no son los únicos) que no podrían beneficiarse de esos planes colectivos y a los que vendría muy bien que la fiscalidad para los individuales siguiera siendo favorable a los ahorradores.