Alquileres, autónomos, renta mínima... el Gobierno de Pedro Sánchez está dando forma a una lista de medidas para paliar la crisis económica que azota a España por el coronavirus. Una de ellas es el ingreso mínimo vital, tal y como ha confirmado este miércoles el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El ministro ha dicho que el Gobierno "está comprometido" con esta medida y que "estamos estudiando su diseño". En cuanto esté preparada "en sus detalles se comunicará y se implementará", ha señalado Escrivá en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Moncloa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Escrivá ha confirmado además que el Gobierno trabaja en medidas adicionales para proteger a las empleadas de hogar de los efectos de la crisis derivada del Covid-19.
En la misma rueda de prensa, Escrivá ha dado algunos detalles sobre cómo está la situación de los autónomos españoles, para los que se les ha aprobado la prestación por cese si cierran el negocio o si facturan menos del 75%. El resto, tendrá que seguir pagando los mismos impuestos, por lo que pueden verse abocados a cerrar si el Estado no les echa un capote.
El ministro de Seguridad Social ha anunciado que más de 50.000 autónomos han solicitado ya la prestación extraordinaria. Para Escrivá, esta ayuda es una de las más "extensas, integrales y generosas que se están dando en todos los países del entorno". La duración de esta prestación es de un mes, "pudiéndose ampliar hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que éste se prorrogue".
También ha confirmado que más de 130.000 personas han solicitado la baja por incapacidad temporal como consecuencia de la pandemia por tener coronavirus o estar en cuarentena. También ha recordado que en este caso los costes laborales los asume la Seguridad Social desde el primer día.
"Cualquier autónomo que haya visto interrumpida su actividad o reducida su actividad de forma intensa tiene derecho a esta prestación", que, al menos, va a llegar a 661 euros mensuales para quienes coticen por la base mínima. También quedarán exonerados del pago de la cotización a la Seguridad Social, con lo que unido a la prestación mínima de 661 euros, la suma de ambas ayudas (prestación y ausencia de cotización) alcanzará un mínimo de 950 euros, que se pueden ampliar teniendo en cuenta la base de cotización que se tenga.
Eso sí, los autónomos van a tener difícil demostrar que sus ingresos han caído tanto como aseguran, ya que, para calcular cuánto han caído sus ingresos se tendrá en cuenta el promedio del semestre anterior.
¿Dos meses sin pagar el alquiler?
Por otro lado, el Gobierno baraja aprobar en un próximo Consejo de Ministros suspender el pago del alquiler durante al menos dos meses a todas las personas que han quedado en situación vulnerable por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
La medida, según fuentes del Ejecutivo, supondría una condonación de esa deuda, no un retraso o moratoria en el pago de la renta, e iría acompañada de una compensación económica por parte del Estado de hasta el 100% para los propietarios de los inmuebles en alquiler.
Esta sería una solución que convencería a Nadia Calviño, que la semana pasada se mostró en contra de obligar a los caseros a aplazar los alquileres, como se ha hecho con las hipotecas para sectores vulnerables, porque "no tienes en el otro lado a un banco", sino a un ciudadano que puede haber alquilado su vivienda y que, por tanto, se vería afectado por una moratoria en el pago. "Hay que reflexionar. Hay varias medidas que se habían propuesto, que pueden tener un efecto beneficioso desde una perspectiva, pero negativo desde otra", dijo en una entrevista en Antena 3.
No obstante, esta propuesta a la que ha tenido acceso EFE y que ha sido impulsada por Unidas Podemos, podría sufrir alguna modificación en el transcurso del debate interno en el Ejecutivo. De salir adelante, se podrían acoger a esta iniciativa cualquier persona que a raíz de esta crisis no pueda hacer frente al pago del alquiler por pérdida de empleo, reducción de jornada o ERTE.
En el caso de autónomos y pymes, si han sufrido una caída "sustancial" de sus ingresos, se podrían liberar además del pago del alquiler de su local y oficina durante dos meses o lo que dure el estado de alarma.
Además, el Gobierno acordaría que los contratos de arrendamiento de inmuebles que finalicen durante el estado de alarma sean prorrogados automáticamente por tres meses y establecería que en los seis meses siguientes a la aprobación de esta propuesta no se puedan dar subidas "abusivas" de los alquileres.
Ayuda progresiva a los caseros
En cuanto a los arrendadores, la idea del Ejecutivo pasa por ofrecerles una compensación económica por la renta de sus inquilinos que dejarían de percibir, que será progresiva en función de la cantidad de inmuebles en propiedad que tenga en alquiler.
De este modo, en el caso de quienes tengan hasta dos inmuebles en alquiler la compensación sería del 100% de la renta, pero a partir de ahí, si el propietario tiene más viviendas en alquiler la cuantía se va reduciendo y quedaría en el 5% para quienes tengan más de ocho propiedades arrendadas, según la propuesta que siempre ha defendido Unidas Podemos.