Un amigo, estudioso de los temas relacionados con las ayudas sociales, me explicó en una ocasión algo que se me quedó grabado (las palabras no son literales, pero el sentido sí era éste): "En España, lo peor de la acción del Estado no es que sea poco efectiva en el largo plazo, que cronifique la trampa de la pobreza o que despilfarre los recursos con programas que no se sabe si funcionan… Los liberales protestáis mucho por todo eso. Y es cierto que algo hay. Pero lo peor es lo poco que se ayuda al que de verdad lo necesita en el corto plazo".
Por qué va la gente a Cáritas: porque allí la asistencia es inmediata, sin preguntas, sin requisitos, sin burocracia. Te plantas en la puerta de la iglesia del barrio y te dan lo que necesites, lo que sea para que puedas cubrir las necesidades más básicas. Y lo mismo ocurre con cientos de organizaciones similares. Eso sí, normalmente la ayuda de este tipo de entidades privadas está condicionada a una actitud: porque su objetivo es que dejes de necesitarles.
Enfrente, los beneficios más habituales en el sector público de nuestro país son complicados de alcanzar (tienes que demostrar a la administración de turno que cumples los requisitos que te hacen merecedor a la misma) y al mismo tiempo es demasiado fácil mantenerlos en el tiempo (esa trampa de la pobreza que tanto daño hace y que consiste en que tienes miedo de mejorar tu situación porque podrías perder la ayuda que tanto te costó conseguir). Sí, es el peor de los mundos.
No quiero aquí entrar en una discusión público vs privado. Hay otros países en los que las ayudas públicas se canalizan con criterios mucho más cercanos a los que en España practican las entidades privadas: inmediato y sin demasiadas preguntas; pero al mismo tiempo con exigencias para empujarte, con los incentivos correctos, para que no te quedes en esa situación.
De 15 a 15
En algún momento he pensado, probablemente en un ejercicio de ingenuidad por mi parte, que quizás esta crisis del Covid-19 sería la ocasión perfecta para darle la vuelta a ese modelo, tan ineficaz y dañino. Desgraciadamente, el Gobierno no sólo no ha cambiado la forma tradicional en la que actúan las administraciones españolas, sino que casi la ha agudizado.
Además, en el debate público, la discusión sobre las medidas parece que gira en torno al nombre ("renta básica", "erte", "líneas de liquidez"), sin darnos cuenta que lo que puede ser imprescindible en el corto plazo puede ser también muy dañino si se consolida como una política duradera: los plazos son clave en todas estas medidas.
El Gobierno decretó hace unas semanas un estado de alarma que se extenderá (más o menos; y con semanas con más restricciones y otras más permisivas) un par de meses… redondeando, del 15 de marzo al 15 de mayo.
La prioridad (la obsesión) debería ser mantener vivo el tejido productivo que estuviera en marcha el 10-15 de marzo para que pueda reiniciar la actividad dos meses después. Para lograrlo hay que canalizar un volumen de ayudas como probablemente no hemos visto en nuestra vida. Y sí, es liberal pedir al Gobierno que lo haga: porque también fue el Gobierno el que decretó el cierre de las empresas o les limitó al máximo su capacidad para seguir operando (sin entrar en si está justificado o no ese estado de alarma; mi opinión es que sí está justificado, pero no me pondré aquí a discutirlo).
Y cómo se logra ese objetivo: garantizando liquidez y haciéndolo sin preguntar demasiado:
- ERTE: cualquier empresa que así lo decida, podrá acudir a un ERTE durante estos dos meses, a cambio de reintegrar a su plantilla en ese 15 de mayo del que hablamos (o cuando sea que vuelva la actividad). Por supuesto, a partir de ese 15 de mayo tendrá total libertad para ajustar su plantilla a la realidad de la nueva economía que nos encontraremos.
- Líneas de liquidez: préstamos garantizados por el Estado (y con períodos de devolución y carencia muy generosos) que cubran dos meses de gastos de cualquier empresa. Es decir, el empresario o autónomo va al banco con las cuentas de 2019 y el banco le garantiza (con aval del Estado) liquidez por una cantidad equivalente a dos meses de los gastos totales del año (si incurrió en gastos por un total de 1,2 millones, puede acceder a una línea de liquidez de 200.000 euros). Para el 95% de las empresas, esta liquidez debería ser suficiente para llegar vivas a esa orilla del día 15 de mayo y para afrontar al menos el primer mes de vuelta a la normalidad.
- Renta básica: mismo principio, garantía inmediata a todos los hogares que la soliciten a través de su ayuntamiento. Único requisito: no tener empleo, pensión o cualquier otro ingreso del Estado. Incluso, posibilidad de que el ayuntamiento firme en nombre del peticionario (por ejemplo, que certifique que alguien tenía empleo en febrero pero lo ha perdido) y aporte la garantía de que está en situación de necesidad. Éste sería el programa más susceptible de fraude, pero podría limitarse con un control a posteriori, cobro de más impuestos en 2021 a los que lo recibieron de forma indebida, vigilancia de los ayuntamientos, etc…
- Suspensión del pago de todos los impuestos (voluntaria, el que quiera mantenerse al día y no acumular a futuro, también podría) mientras dure el estado de alarma. Y un calendario de pagos que se extienda hasta el 2021 para ponerse al día con Hacienda.
La idea parece clara: entrega de dinero-liquidez inmediata y sin demasiadas preguntas. A todos los agentes económicos. Y asumiendo que en algunos programas esto podrá generar algo de fraude, que se vigilará a posteriori (y sí, siendo muy estricto con aquellos a los que se cace tratando de aprovechar la situación). No es el único sistema: el otro día, en El País, Toni Roldán (el que fuera responsable económico de Ciudadanos) proponía un esquema de Renta Básica que podría encajar en un modelo como éste.
De los ERTE a las líneas ICO
El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias parece que ha escogido el camino contrario. En los últimos días, he hablado con varios empresarios y trabajadores de banco: no los que hacen las notas de prensa o los ejecutivos de las grandes del Ibex. Me refiero a amigos con pymes o directores de sucursal. Entiendo que no es una encuesta, ni tengo la intención de que lo sea. Pero tampoco creo que sean casos aislados: todo lo que he leído en la prensa sobre estas medidas apunta en la misma dirección.
* ERTE: a un autónomo con dos empleados le dijeron que preparase bien la documentación, porque "se lo podían echar para atrás" si había algún error o no estaba bien justificado.
Y eso por no hablar de la obligación de mantener el empleo durante seis meses, bajo amenaza de tener que devolver las ayudas: "Es imposible que ahora sepa si en octubre voy a tener actividad para toda mi plantilla", me decía el responsable de una pyme hace unas semanas (por lo que yo conozco de su empresa, tendrá unos 20-25 empleados a su cargo).
De hecho ya hemos visto noticias de decisiones contrarias de la inspección de trabajo: aquí, por ejemplo, la negativa a aceptar el ERTE de Óptica 2000 o la Financiera de El Corte Inglés (no sé cuántas gafas creerán los responsables del Ministerio que la gente se está haciendo estas semanas).
* Líneas ICO: tres cuartos de lo mismo. Dos trabajadores de banco y uno de una gestoría me cuentan que desconocían los criterios de concesión, que entre las pymes hay muchas dudas, que el dinero lo estaban acaparando las grandes empresas o las pymes más grandes (más rápidas para pedir esa liquidez y con más medios para sortear la burocracia), que se les terminaron los fondos que tenían asignados en unas pocas horas…
* Renta básica: mientras escribo estas líneas, todavía no hay una propuesta definitiva del Gobierno, pero todo apunta a que buscan más un programa que se consolide tras la crisis que una propuesta para pasar estos dos meses. De hecho, esto último ya debería estar aprobado... Lo otro es muy discutible si hace falta realmente.
Por cierto, en esta misma línea, varios amigos afectados por ERTE ya me han dicho que no saben cuánto cobrarán el subsidio al que en teoría tienen derecho (primero hay que tramitar el ERTE, que se acepte, reconocer el derecho…)
* Impuestos: casi mejor, ni hablamos. El Gobierno todavía está pensando (y los autónomos y pymes dudando) si permitir los aplazamientos que deberían haberse decretado de forma inmediata hace 3-4 semanas. Y hay muchas dudas sobre las condiciones y los plazos de esos aplazamientos.
El doble error (¿o no?)
Pero si hasta ahora hemos hablado de la falta de flexibilidad, capacidad de reacción e iniciativa a corto plazo, lo peor no es eso: las medidas no sólo están mal diseñadas para esas 9 semanas que separan el 15 de marzo del 15 de mayo… es que, además, el planteamiento general que se intuye tras las propuestas del Gobierno destrozará la capacidad de respuesta de nuestra economía a partir de ahí. Lo que es imprescindible para el corto plazo (dar dinero a todo el mundo, sin preguntar) puede ser letal si se cronifica (los que reciben esas rentas, empresarios o particulares, no tienen ningún incentivo a cambiar su situación).
Por ejemplo, la renta básica tiene toda la pinta de que terminará siendo otro de esos programas masivos, sin condicionalidad de ningún tipo, caro, inefectivo y no controlado. Como no se haga bien (y, con Iglesias al mando, hay pocas expectativas), lo que debería ser un puente de dos meses o una puerta de entrada al mercado laboral (el impuesto negativo que planteó en su momento Ciudadanos sí era un esquema interesante), acabará degenerando en un cepo de la pobreza, a la argentina o griega, con cientos de miles de ciudadanos subsidiados y más temerosos de perder la ayuda que de salir de la misma.
Y lo mismo con las líneas de liquidez o los ERTE: mantener la estructura productiva de 15 a 15, tiene sentido. Lo que ha ocurrido ha sido tan repentino e inesperado, que ahora mismo no puedes entrar a discriminar quién sí y quién no. A todo el que te pida un préstamo, se lo das. A todo el que te proponga un ERTE, se lo concedes.
A partir del 15 de mayo, sin embargo, la economía española necesitará afrontar enormes cambios en su estructura productiva: va a haber sectores que van a sufrir una brutal caída de la demanda (turismo, restauración, etc…); también habrá otros que van a dispararse (servicios sanitarios, alimentación, servicios a domicilio, logística, tecnología…). Algunos de estos cambios durarán unos pocos meses, pero otros serán permanentes. Lo lógico es que salgamos del confinamiento con hábitos nuevos, diferentes prioridades, nuevos gustos e, incluso, aficiones que nos eran desconocidas hasta hace unas semanas.
Lo normal es que el agregado sea negativo: es decir, que el PIB caiga, y bastante, este año, y que muchas empresas tengan que cerrar de forma definitiva. Pero la mejor manera de garantizar una recuperación sólida no es aferrarse, de forma artificial, a un modelo productivo (el de diciembre de 2019) que ya no volverá, sino facilitar que los empresarios y trabajadores se adapten, de la forma más sencilla, rápida y eficiente posible al nuevo entorno. ¿Cómo? Flexibilizando al máximo la normativa y burocracia (también en el mercado laboral) y garantizando que la liquidez que llegue a las empresas a partir del 15 de mayo esté asociada a su viabilidad. Por ejemplo, para los años 2020-21, pienso en un esquema de líneas de crédito o de préstamos, en el que las entidades financieras se juegan el 75-80-85% y el Estado cubre del 15 al 25% con avales; algo así podría equilibrar el riesgo (apoyamos la estructura productiva sin tirar el dinero en proyectos con cero viabilidad).
Se podrían hacer algunos planes parciales con el objetivo de que algunas empresas sobrevivan con asistencia externa unos meses más: por ejemplo, para el sector turístico, por la importancia que tiene en España y por sus peculiaridades (desde la estacionalidad al hecho de que es el más afectado por las nuevas pautas de relación hasta que haya una vacuna o cura contra el Covid-19). Pero en la mayoría de los casos, mantener de forma indefinida empresas zombies -quebradas, sin negocio y sin otros ingresos que los del Estado- no es la solución.
Mi principal duda reside en si este doble error con los tiempos y las medidas es realmente un error. Porque para una parte del Gobierno, las consecuencias no tienen por qué ser tan negativas: sí, van a destrozar buena parte de estructura productiva y la que quede en pie dependerá del Estado; sí, veremos cómo se disparan los sectores que tienen pasar por el BOE para garantizar sus ingresos; y sí, habrá una población empobrecida, que necesitará el subsidio de turno para llegar a fin de mes. ¿Esto es un error? No, es Argentina: el modelo con el que buena parte de este Gobierno lleva soñando desde hace años. Nunca pensaron que lo tendrían tan cerca. Y ahora está al alcance de su mano. No es extraño que trabajen con todas sus fuerzas para lograrlo.
La pregunta es qué hacen ahí, mientras tanto, los Calviño, Escrivá, Duque o Maroto: los denominados "técnicos", los que en teoría se enfrentan en cada Consejo de Ministros a los radicales… Pues, hasta ahora, más bien poca cosa. En realidad, sólo están sirviendo como coartada moderada para pedir más dinero en Bruselas. Eso sí, dentro de unos años, si el país se heleniza, publicarán sus memorias (un poco a lo Solbes) explicando que ellos ya advirtieron de que el camino no era ése. Mientras tanto, ahí siguen: presumiendo de Ministerio y calladitos. Yo a Garzón, a Díaz o a Iglesias, no les pido nada. Ni saben, ni quieren, ni pueden. Para mí que los verdaderos culpables son los otros, los buenos… ellos sí que no tienen excusa, salvo la cobardía o la soberbia.