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Montero descarta "subidas y bajadas masivas" de impuestos, pero amenaza a Sucesiones y Patrimonio

La ministra de Hacienda ha dicho que el Ejecutivo pretende "retomar la agenda fiscal", porque hay impuestos que no recaudan lo suficiente.

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La ministra de Hacienda ha dicho que el Ejecutivo pretende "retomar la agenda fiscal", porque hay impuestos que no recaudan lo suficiente.
María Jesús Montero, este viernes | EFE

El Gobierno ha tenido que admitir la recesión que le espera a España en 2020, aunque ha mandado a Bruselas un Programa de Estabilidad para los próximos años demasiado optimista. Tanto es así, que hasta la propia Airef, la que "avalaba" las cuentas, según presumían Calviño y Montero este mismo viernes, tenía que matizar minutos después, que el escenario del Ejecutivo de Pedro Sánchez tenía "riesgos" de empeorar.

El Gobierno prevé un desplome del PIB del 9,2% este año y una tasa de paro que se elevará al 19%. En cuanto al déficit y la deuda pública, el Ejecutivo pronostica que el déficit público alcance el 10,34% del PIB este año, hasta los 115.671 millones de euros. Se trataría del mayor déficit desde el año 2012, cuando ese descuadre fiscal fue del 10,7%. Está insólita cifra se acerca al máximo histórico del 11,3%, logrado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2009

Como consecuencia de esto, la caída de los ingresos será del 5,3%, con 25.711 millones respecto al año pasado, y el aumento del gasto público será del 10,5%, con 57.765 millones de euros más, hasta el 51,5% del PIB. Mientras tanto, la deuda pública se disparará hasta al 115,5%. Estas son algunas de las partidas que se van a descuadrar, según lo anunciado por el Gobierno:

Más gastos: 25.711 millones

  • Crédito extraordinario para el ministerio de Sanidad: 1.400 millones de euros.
  • Actualización de las entregas a cuenta a las CC.AA: 2.867 millones de euros.
  • Gastos relacionados con los ERTE: 17.894 millones de euros.
  • Bajas laborales por aislamiento consideradas accidente laboral: 1.355 millones.

Menos ingresos: 6.120 millones de euros

  • IVA al 0% en determinadas compras sanitarias: 1.022 millones de euros
  • Prestación extraordinaria por cese de actividad: 981 millones de euros
  • Exenciones y moratorias en cotizaciones sociales: 2.907 millones de euros

De dónde va a sacar el dinero el Gobierno -con la economía hundida- para sufragar unos gastos, que podrían ser mayores de lo previsto, y cuando tiene el déficit y la deuda pública al límite, es la principal incógnita de esta ecuación. Preguntada en la rueda de prensa telemática de hoy, por si piensa llevar a cabo subidas masivas de impuestos para hacer frente a la gran factura de gasto público que se avecina, María Jesús Montero ha dicho que el Gobierno no va a aprobar "ni subidas masivas de impuestos ni bajadas masivas". También ha rechazado llevar a cabo recortes en los salarios de los empleados públicos.

Tasa Google, Tasa Tobin y "¿a los ricos?"

Montero se ha encomendado al impuesto a las grandes tecnológicas (tasa Google) y a las transacciones financieras (la tasa Tobin) para solucionar la falta de recursos de las arcas públicas. Estos dos tributos han sido los dos primeros en tener luz verde desde que gobiernan Sánchez e Iglesias. A principios de 2019, el PSOE ya intentó implantarlos, pero el rechazo a sus Presupuestos y el adelanto electoral, terminaron truncando sus planes. En sus diferentes programas económicos, Podemos también ha defendido la necesidad de gravar a las tecnológicas y a la banca, así que, en este punto, el acuerdo con los socialistas fue rápido.

Ahora, las tasas Google y Tobin están pendientes de su aprobación en el Congreso, así como la Ley de lucha contra el fraude fiscal, que está "a punto de entrar" a tramitación. Según la ministra de Hacienda, estos dos impuestos podrían entrar en vigor en el último cuatrimestre del año, sobre todo, la Tasa Google, ya que la Tasa Tobin es algo más compleja de poner en marcha. Sea como fuere, el Gobierno quiere aprobarlas "a la mayor brevedad posible".

Preguntada por si están estudiado un impuesto para las grandes fortunas, como pretende Iglesias, Montero ha sido ambigua en su respuesta. La ministra de Hacienda ha reconocido que hay "acuerdos por definir", pero que gravar a la riqueza "no tiene necesariamente" que hacerse "a través de una figura concreta". En su discurso habitual, ha recordado que "el Gobierno considera que las rentas más altas deben contribuir más".

Amenaza a las herencias

A pesar de que Montero ha negado las subidas de impuestos, al menos, en 2020, una de sus reflexiones ha sido más que llamativa. La ministra de Hacienda ha dicho que el Ejecutivo pretende "retomar la agenda fiscal", porque hay impuestos, "como el de Sucesiones o el de Patrimonio, que están en manos de las comunidades autónomas y están teniendo especiales dificultades para lograr una recaudación significativa". Estas palabras son toda una declaración de intenciones para llevar a cabo la armonización fiscal de los impuestos autonómicos que lleva promoviendo Montero desde que fuera consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía.

Aunque no ha dado plazos, la ministra ha avanzado que "va a ser uno de los elementos" que se traten en la comisión de reconstrucción de la economía española, por lo que podría poner ya sobre la mesa el debate de incrementar estos dos impuestos.

Desde que es ministra, Montero ha insistido en su objetivo de "armonizar" la fiscalidad autonómica para evitar la "competencia desleal" que, según ella, se produce entre las diferentes regiones españolas. Armonizar es el eufemismo que utilizan los socialistas para subir la fiscalidad de manera obligatoria en las regiones con impuestos bajos. Patrimonio o Sucesiones son algunos de los tributos que están en el punto de mira del PSOE, cuya gestión tienen transferida al 100% a las CCAA.

Las asociaciones contra el Impuesto de Sucesiones llevan años alertado de las intenciones de Montero. De hecho, cuando Pedro Sánchez llegó al poder, se dispararon las consultas en los despachos de abogados por parte de contribuyentes que querían saber si era mejor donar en vida para salvaguardar sus herencias del posible sablazo.

En el caso de los familiares directos, regiones como Madrid, Andalucía, Canarias o Cantabria tienen bonificada prácticamente la totalidad del impuesto a las herencias. Por tanto, si el Gobierno de Pedro Sánchez lograra cumplir con sus objetivos, la armonización de Sucesiones supondría un importante palo fiscal para todos los habitantes de estos territorios.

Pero Sucesiones y Patrimonio no son los únicos impuestos que pretende incrementar Montero. En esta misma comparecencia criticó que el "esfuerzo" en Sociedades sea "desigual" entre las pymes y autónomos y las grandes empresas, lo que puede avanzar también cumplirá sus previsiones de reformarlo. Mientras tanto, Izquierda Unida está trabajando en un documento para debatir con Podemos que recoge la mayor subida fiscal de la historia. Habrá que ver si logran convencer a los socialistas.

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