El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), así como el anteproyecto de ley de residuos que prevé hacer obligatoria la recogida separada de nuevos flujos de residuos y que, entre otras medidas, prohíbe los plásticos de un solo uso a partir de julio de 2021 y aplica un impuesto a este material.
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera ha indicado que este es un momento "oportuno" en el que se inicia el debate sobre la reactivación, la reconducción de la economía, el empleo y la actividad.
Agua del grifo, gratis
El anteproyecto que traspone la Directiva Europea de Plásticos de un solo uso de 2019, prevé entre otras medidas que cafeterías, bares y restaurantes deberán cobrar un precio por cada vaso y tapa del café para llevar de plástico a partir del 1 de enero de 2023, al tiempo que en la restauración se deberá ofrecer de forma obligatoria agua de grifo al consumidor, aunque este podrá, en todo caso optar por agua embotellada. El abandono de basura en el medio ambiente podrá conllevar multas de entre 1.000 y 2.000.000 de euros, según su gravedad.
El texto establece limitaciones a los plásticos de un solo uso. En concreto, a partir del 3 de julio de 2021 estará prohibido introducir en el mercado bastoncillos de algodón (excepto en el ámbito de productos sanitarios), cubiertos, palillos, platos, pajitas y agitadores de bebidas de plástico, así como los palos para sujetar globos, excepto los globos de aplicaciones industriales y profesionales que no se distribuyan a consumidores; los recipientes y vasos para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.
En este marco, el anteproyecto contempla un nuevo impuesto especial que el Gobierno justifica porque "responde a las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea, que en numerosos informes ha señalado que España cuenta con margen de actuación en materia de fiscalidad verde".
Así, prevé imponer un impuesto especial a los envases de plástico no reutilizables que será de carácter indirecto y recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español.
Según el Gobierno, será "similar" al que se implantará en Reino Unido o Italia y precisa que ascenderá a 0,45 euros por kilogramo de envase. Con ello, aspira a una recaudación cercana a 724 millones de euros, que obtendrá de los vasos de bebidas, incluidos sus tapas y tapones y los recipientes para alimentos, tales como cajas, con o sin tapa, utilizados con el fin de contener alimentos que están destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar; normalmente se consumen en el propio recipiente, o están listos para el consumo sin ninguna otra preparación posterior, como cocinar, hervir o calentar, incluidos los recipientes para alimentos utilizados para comida rápida u otros alimentos listos para su consumo inmediato.
El texto fija que en 2026 se tendrá que reducir un 50% su comercialización, con respecto a 2022; y en 2030, esa reducción debe ser del 70%, también con respecto a 2022. En ese sentido, se buscarán alternativas reutilizables o de otro material no plástico.
No obstante, desde el 1 de enero de 2023 quedará prohibida su distribución gratuita y se deberá cobrar "un precio por cada uno" de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta.
También quedarán prohibidos desde el 3 de julio del año que viene cualquier producto de plástico que se fabrique con plástico oxodegradable, así como los cosméticos y detergentes que tengan microplásticos añadidos de forma intencionada.
Igualmente, se limitarán además de los vasos de bebidas, sus tapas y tapones, así como las cajas, con o sin tapa, utilizados con el fin de contener alimentos que están destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar.
Se fomentará también la reducción del desperdicio alimentario y la preferencia por el agua no envasada, para lo que se buscarán nuevas vías para apostar por la donación de alimentos, aumentarán las fuentes de agua disponibles en las vías públicas y edificios y se ofrecerá de forma obligatoria en la restauración un vaso o una jarra de agua gratuita.