La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un informe en el que atiza duramente las políticas de los gobiernos españoles a la hora de construir nuevas infraestructuras. "La falta de planificación y la desatención a los criterios económicos en beneficio de la rentabilidad política a la hora de seleccionar los proyectos a realizar" han sido los causantes de la creación de déficits, según comentan Ginés de Rus (ULPGC y FEDEA) y Ángel de la Fuente (FEDEA e Instituto de Análisis Económico, CSIC).
"Hemos invertido enormes cantidades de recursos en la construcción de infraestructuras punteras que a menudo resultan redundantes o excesivas en relación con las necesidades existentes, a la vez que tenemos déficits de equipamientos necesarios en otras áreas y descuidamos el mantenimiento de redes esenciales de transporte o de distribución y depuración de aguas", comentan en su informe.
"Con independencia de su signo político, los gobiernos españoles de las últimas décadas, no han resuelto bien las tareas de planificación y de evaluación que les corresponden en este ámbito. Tampoco se ha acertado en el diseño del modelo de colaboración con el sector privado o de los mecanismos de financiación de ciertas infraestructuras. Evidencia de desajustes en este sentido son, por ejemplo, los problemas que se observan en el ciclo integral del agua y las infraestructuras de transporte, donde se han construido obras inútiles o no se están realizando satisfactoriamente las necesarias operaciones de mantenimiento".
En el informe ponen como ejemplo la red de alta velocidad con la que cuenta España, la segunda más extensa del mundo en términos absolutos y la primera si se tiene en cuenta a la población. Señalan que su construcción ha supuesto un desembolso de más de 50.000 millones de euros que han provocado que la deuda de ADIF se eleve hasta los 18.000 millones de euros. De hecho, el 60% de los ingresos de la compañía se destinan al pago de intereses de la deuda.
Además, señalan que, según la Asociación Española de la Carretera (AEC), por ejemplo, la red viaria española acumula un déficit de inversión en mantenimiento del orden de los 7.000 millones de euros. Con independencia de la exactitud de esta cifra, la falta de mantenimiento de la red ha sido reconocida por el propio Gobierno como un problema prioritario.
"En España no ha existido nunca una planificación global centrada en cómo satisfacer las necesidades de transporte del país, sino una superposición de planes parciales sin conexión entre sí, elaborados por distintas direcciones generales de carácter unimodal. Estos planes, además, han estado a menudo motivados más por el deseo de utilizar la obra pública con fines electorales que por criterios técnicos", denuncian los expertos de Fedea.
Por todo ello, el organismo propone una serie de medidas para paliar esta situación. Entre ellas destaca el pago por uso, que es más equitativo que la financiación con cargo al presupuesto público porque paga el beneficiario directo de la infraestructura y lo hace en proporción al uso de la misma. "Si el usuario no paga y el coste se transfiere al contribuyente, se producen dos efectos, uno inmediato, al aumentar la demanda y con ella los costes de congestión, operación y mantenimiento, y otro posterior, requiriéndose ampliaciones de capacidad que no hubiesen sido necesarias con una política de precios eficiente", advierten.