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El Gobierno acelera la contrarreforma laboral sin contar con los empresarios

Vuelve aquello de acabar con "los aspectos más lesivos" de la reforma laboral. El Gobierno se aleja así de las recomendaciones de Bruselas.

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Vuelve aquello de acabar con "los aspectos más lesivos" de la reforma laboral. El Gobierno se aleja así de las recomendaciones de Bruselas.
Rueda de prensa posterior al consejo de ministros | EFE

El Gobierno quiere comenzar a derogar la reforma laboral, empezando por ese mantra que tantas veces ha repetido en los últimos años: "Los aspectos que considera más lesivos" de la reforma laboral que puso en marcha Fátima Báñez en 2012. Unos "aspectos" que, en esencia, configuran las virtudes de una reforma que logró recuperar todo el empleo perdido durante la depresión económica que siguió a la crisis subprime.

Entre los aspectos que quiere derogar el Gobierno se encuentran la subcontratación, la prevalencia de los convenios o su ultraactividad. Es decir, la posibilidad de descuelgue de las empresas de los convenios sectoriales para poder negociar las relaciones laborales directamente entre empresarios y empleados. Esto dotó a nuestro mercado laboral de una flexibilidad que no tenía, y ha dado las herramientas necesarias a los empresarios para poder aumentar la contratación, ajustando los costes de la misma a su realidad económica. Ahora, con una brutal crisis económica, en la que la demanda se ha desplomado y ha borrado de un plumazo los ahorros y liquidez de un gran número de empresas, el Gobierno se ha propuesto derogar estos "aspectos" de flexibilidad durante este curso. Así se aprobó este martes en Consejo de Ministros.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha subrayado el compromiso por la creación de "empleo digno" y ha destacado el papel que debe jugar el diálogo social con patronal y sindicatos. "Somos un Gobierno que se faja muy bien en el diálogo social", ha destacado.

El Ministerio de Trabajo, ha señalado, tiene "a las puertas" tres leyes: la de teletrabajo, la reforma para modificar la estructura y el ámbito temporal de la negociación colectiva y la de los trabajadores de plataformas digitales.

El plan normativo del Ministerio de Trabajo recoge así algunos de los aspectos de la primera fase de la derogación de la reforma laboral, como la prioridad del convenio de sector sobre el de empresa, la ultraactividad (su vigencia), los descuelgues y la subcontratación.

Se trata de los puntos que ya formaban parte del programa del Gobierno de coalición. Además, la derogación de la reforma laboral fue un compromiso que adquirió el Gobierno de Sánchez con los herederos de Batasuna ETA en el Congreso.

Todos estos asuntos —como la regulación del teletrabajo o la de los riders— están siendo abordadas en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos. Desde los sindicatos venían reclamando la reanudación de las negociaciones para derogar la reforma laboral paralizadas por el impacto de la pandemia.

"Hay que retomar la negociación sobre la reforma laboral donde se quedó en marzo", ha reiterado este martes el secretario general de CCOO, Unai Sordo. "El riesgo de caída salarial con la reforma PP de 2012 es grande. Los ERTE demuestran que otro modelo laboral (frente a la precariedad-despido) debe abrirse paso", ha señalado en Twitter. Se olvidaba Sordo de que los expedientes temporales de regulación de empleo no han sido un invento del gobierno socialcomunista que tanto gusta a los sindicatos, sino que fue una herramienta que puso en marcha Fátima Báñez, la misma que diseñó la reforma laboral que, aunque se quedó corta, permitió recuperar el empleo perdido en la depresión provocada por la crisis financiera, y que puso en marcha la reforma de las pensiones que permitía su sostenibilidad.

Sin negociar con los empresarios

De esta manera el Gobierno contenta a sus socios de Gobierno, con quien pactó el programa que aupó a Sánchez a la presidencia del Gobierno, y a los herederos de ETA, Bildu, con quien pactó la derogación de la reforma laboral. Sin embargo, el Gobierno ha tomado esta decisión a espaldas de la dirección que marca Europa, desoyendo los consejos del Banco de España y sin contar con los empresarios.

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