A lo largo de los seis años anteriores a la pandemia (marzo de 2014 a marzo de 2020), el precio del alquiler de la vivienda, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, subió 3,2% (media del conjunto de España). En el mismo lapso, el salario promedio aumentó 3,8%.
Ambos datos bastan para deducir dos cosas:
1) Alquilar una vivienda no se ha hecho, en general, más inaccesible.
2) No hay una presión generalizada de demanda ni una escasez de oferta (los precios se han mantenido básicamente estables).
Sin embargo, según las noticias en la prensa, el control del precio de los alquileres es una de las exigencias de Podemos y Esquerra Republicana para apoyar los presupuestos del gobierno en su inminente trámite parlamentario.
Si, en promedio, el alquiler de vivienda no ha subido más que los salarios, se entiende que lo que quieren ambos partidos es rebajar el precio de los alquileres, más que “controlar” una subida que no reflejan los datos. ¿Cuál sería el impacto de esa rebaja?
Si el precio disminuye, la demanda aumentará. Pero, al mismo tiempo, muchos propietarios podrían considerar que los precios rebajados no compensan los riesgos, por lo que quitarían su vivienda del mercado. Habría un precio “oficial” más bajo al cual sería muy difícil conseguir una vivienda para alquilar.
La respuesta lógica a esa intromisión gubernamental sería la aparición de un mercado “negro” (en rigor, libre): se firmarían los contratos al precio oficial, pero luego se pagaría en mano una prima pactada entre las partes. El mercado "negro" tiene la virtud de dar respuesta a una demanda insatisfecha. El problema es que, como conlleva riesgos adicionales, lo hace a un precio mayor del que surgiría en un mercado libre. La paradoja, habitual en las medidas propuestas por los socialistas de todos los partidos, es que los que accederán a las viviendas en el mercado "negro" serán los más "adinerados"; los más pobres, que creían poder conseguir un alquiler más barato, no lo conseguirán.
Más en general, el eventual control de los precios del alquiler sería un nuevo ataque al derecho de propiedad. Ataque que se sumaría a recientes intervenciones sobre los contratos de alquiler de viviendas entre privados (prohibición de desahucios, prórroga por seis meses de los contratos que vencieran, posibilidad de pedir una moratoria o condonación parcial del alquiler cuando el arrendador sea un gran tenedor, etc.).
Cuando la propiedad es menos cierta (cuando el gobierno dispone de los precios del alquiler como si las viviendas fueran suyas) y la seguridad de los contratos se hace endeble (cuando el gobierno impone su criterio pese a la enorme diversidad de situaciones), lo que ocurre es que se invertirá menos en vivienda y más en otros sectores menos intervenidos. Así, la vivienda tenderá a hacerse más escasa y su alquiler, más caro. Si, en ese punto, el gobierno vuelve a intervenir, se inicia una segunda vuelta: menos alquileres, menos inversión y más escasez de vivienda.
Si el gobierno quiere facilitar el acceso a la vivienda de alquiler, debería crear las condiciones para que se creen nuevos puestos de trabajo (que la gente lo pueda pagar) y para que los dueños no tengan miedo de ofrecer sus propiedades en el mercado. Lamentablemente, está haciendo todo lo contrario.
El "derecho" a la vivienda es como el derecho a tener un Rolls-Royce: nadie debe impedirme comprar uno, pero nadie está obligado a proporcionármelo ni a facilitarme su compra. Si no hay nadie obligado a alquilarme una vivienda a un precio que pueda pagar, no estamos hablando de un "derecho", sino de un eslogan. Es el engaño común a todos los llamados derechos "sociales". Si se insiste en intentar concretar el "derecho" a la vivienda violando los derechos de los propietarios, los resultados serán malos para todos, pero peores para los inquilinos.