"El gobierno demuestra que es compatible mantener una ambiciosa agenda social y al mismo tiempo cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria". Tales las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al presentar los datos de 2022 de las cuentas públicas.
En efecto, es perfectamente posible que el gobierno preste los servicios públicos esenciales (lo de "agenda social" lo dejo a la demagogia de los políticos) con unas cuentas públicas saneadas. Lamentablemente, no es el caso de España. Lo que la ministra Montero presentó fue un déficit fiscal de 63.800 millones de euros, equivalentes al 4,8% del PIB.
Quien quiera conformarse podrá hacerlo: ese 4,8% es la mitad que el déficit de 2020, que fue 10,2%. Sin embargo, yo encuentro motivos de sobra para pensar que las cuentas públicas están en muy mal estado y que, dado el contexto, debería haberse avanzado mucho más.
El déficit actual es la mitad que el de 2020, pero el de ese año fue el tercero más alto en al menos medio siglo. Si uno se compara con un dato muy malo, debido además a una situación extraordinaria, es fácil mostrar una mejoría. Más útil sería tomar como referencia los déficits de 2,6% del PIB de 2018 o 3,1% de 2019.
La inflación lo distorsiona todo. Por un lado, infla la recaudación tributaria en unos € 15.000 millones. Sin esa recaudación extra, el déficit habría sido € 78.800 millones, apenas menor que el desequilibrio de 83.400 millones de euros de 2021. Además, la inflación engorda el PIB nominal (el déficit se compara con un PIB artificialmente más grande). Sin la ayuda de la inflación, el déficit fiscal habría sido 6,1%.
La presión tributaria llegó a 42,9% del PIB, aumentando 3,7 puntos porcentuales en apenas tres años. El gobierno confisca al sector privado 50.000 millones de euros más que en 2019. Eso significa que cada ocupado del sector privado paga en impuestos una media de casi 3.000 euros anuales más que en 2019 (unos 250 euros más por mes). ¡Y ni así consigue Montero cuadrar las cuentas!
El aumento de gasto no financiero (antes de computar los intereses de la deuda pública) moderó su avance hasta 3,1%. Pero lo hizo después de haber crecido un 11,5% en 2020 y un 5,2% en 2021. Durante el año pasado, el conjunto de AAPP gastaron un 27% más que en 2018. Así, el gasto no financiero pasó de un 39,4% a 45,4% del PIB.
Pese a que los tipos de interés de largo plazo siguen reprimidos por el BCE, el pago de intereses por la deuda pública creció 21% en un año, llegando a € 31.600 millones (2,4% del PIB). Es la mayor factura de intereses en siete años.
La mala noticia es que esa es una factura "de rebajas": si aplicáramos a la deuda pública de 2022 el tipo medio pagado en 2015, la factura sería de € 43.900 millones. Si le aplicáramos la media de los diez años que van hasta 2011 (que no es el peor escenario imaginable), la misma sería de € 60.900 millones. Esto nos dice lo que ya sabemos: las "rebajas" no son eternas, por lo que esa factura crecerá aunque la deuda pública no crezca ni un céntimo.
Hay una mala noticia adicional: la deuda pública seguirá creciendo. De hecho, 2022 fue el 15º año consecutivo en que el gobierno español pagó los intereses de su deuda con más deuda pública. Y piensa hacer lo mismo en 2023.
Con estos pocos datos es evidente que un gobierno serio debería haber reducido el desequilibrio fiscal mucho más. Lejos de eso, en 2022 el gobierno de Pedro Sánchez decidió aumentar las pensiones 8,5%, regalar 400 euros a quienes cumplan 18 años, poner un autobús que recorra España para maximizar el número de perceptores del Ingreso Mínimo Vital y contratar a 68.000 empleados públicos más. Una peculiar interpretación de los "principios de estabilidad presupuestaria", que acabaremos pagando los de siempre: usted y yo.