El número de denuncias presentadas en España por okupación ilegal de inmuebles fueron 10.376 en 2015, en 2016 se elevaron a 9.998, en 2017 alcanzaron las 10.619, en 2018 fueron 12.214, y en 2019 se llegó a la cantidad de 14.621. Además, en el primer semestre de 2020 se han presentado 7.450. Es decir, en el plazo de cinco años se han incrementado prácticamente en un 50% este tipo de acciones civiles frente a la ocupación de viviendas. Por ello, en Europa Ciudadana han elaborado un informe llamado "El acceso a la vivienda en España, ¿qué hacer con el problema con la okupación?".
Por todo ello, desde el organismo apuestan por seguir el modelo holandés a la hora de facilitar el acceso a la vivienda y paliar dos cosas: el aumento de los precios del alquiler y la okupación ilegal. "El caso de los Países Bajos es un ejemplo de éxito, a diferencia de lo ocurrido en Alemania y en Francia cuando tratado de fijar un precio máximo por arrendamiento", sostiene José Carlos Cano, profesor de derecho constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. De esta manera, desde Europa Ciudadana ponen como ejemplo la normativa holandesa para implantar en España.
¿En qué consiste el modelo holandés?
Básicamente consiste en dos puntos clave. El primero de ellos tiene que ver con el aprovechamiento de todos los espacios posibles para convertirlos en vivienda: molinos de viento, construcciones abandonadas, lugares de almacenamiento de agua, etc. Holanda ha optado por reformar viejos edificios o darle otra vida a edificios que eran de oficinas para hacerlos zonas residenciales y habitables. Todo ello se ha hecho mediante la colaboración público-privada, que ha funcionado de manera exitosa.
Pero, además de ampliar la oferta de viviendas, han endurecido las penas contra la okupación y han aprobado una interesante ley del alquiler. Para quienes hayan okupado una vivienda o inmueble existen penas de privación de libertad de hasta 2 años y ocho meses. Por otro lado, se ha aprobado una ley que permite celebrar contratos de arrendamiento a corto plazo por un período de tiempo determinado, como ya ocurría con los locales dedicados a usos comerciales, pudiendo alcanzar una duración de dos años. "Esto ha hecho que los estudiantes, los jóvenes y las rentas más bajas tengan la oportunidad de alquilar una vivienda de una manera más rápida y fácil", añade Cano.
Además, "para los propietarios esta ley es mucho mejor que el modelo de Berlín o París, donde se han fijado precios máximos. Al ser contratos más cortos, hay más propietarios en disposición de alquilar y ha subido la oferta de viviendas. Por eso creemos que es una modelo interesante para implantar en España, en lugar de optar por la fijación de precios que, como se ha visto, ha reducido sustancialmente el número de viviendas en alquiler".