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Diego Barceló Larran

¿Quién paga las carreteras?

Esto es injusto. Cuando se subvenciona la ópera, la factura, en parte, también la está pagando el pensionista o el parado con el IVA de lo que compra.

Diego Barceló Larran
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Esto es injusto. Cuando se subvenciona la ópera, la factura, en parte, también la está pagando el pensionista o el parado con el IVA de lo que compra.
Autovía entre Santiago y A Estrada | ADEGA

Cada vez que el gobierno ofrece un bien "gratis", alguien lo está pagando. Cuando el gobierno, como en España, ofrece muchísimos servicios "gratis" (salud, educación, carreteras, museos, conciertos y un larguísimo etcétera), se produce una opacidad total: nadie sabe cuánto paga (esto lo comenté en un artículo anterior) ni para qué. Lo cierto es que hay una maraña de subsidios cruzados: todos los que no utilizan alguno de los servicios "gratuitos", pagan de todos modos su parte.

Esto es injusto. Cuando se subvenciona la ópera, la factura, en parte, también la está pagando el pensionista o el parado con el IVA de lo que compra. Cuando alguien lleva a su hijo a un colegio privado, está pagando dos veces: la cuota que paga y la plaza en la educación pública a la que tiene derecho su hijo. Hay miles de ejemplos así.

Además, es ineficiente. Cuando algo tiene un precio nulo por decisión gubernamental (gratis, estrictamente, no hay nada), por definición la demanda es mayor de la que existiría en un mercado libre. Esa mayor demanda, para ser atendida, exige dedicar más recursos de los que serían necesarios. Recursos que, por lo tanto, no pueden aplicarse a otras necesidades más urgentes.

La forma más racional, justa y eficiente de organizar una economía es que cada uno pague por lo que use o consuma. Eso implica la existencia de precios, mecanismo básico para que los recursos, siempre escasos, se aprovechen al máximo. Esto es compatible con que se otorguen ayudas a determinados colectivos que no puedan pagarse determinados bienes esenciales.

El gobierno de Pedro Sánchez, súbitamente, comienza a alegar este punto elemental de teoría económica para aplicarlo al caso de las carreteras. Evidentemente, es una nueva patraña para recaudar más. No obstante, merece la pena aprovechar el debate para clarificar este punto.

Hoy las carreteras las pagan, en mayor o menor medida, todos los españoles, las utilicen o no. Incluso, aunque no tengan coche o no sepan conducir. Puede alegarse que, por ejemplo, una anciana se beneficia de las carreteras (aunque no conduzca) porque por allí llegan las cosas que compra en el supermercado. Aun siendo eso cierto, no invalida el argumento anterior del exceso de demanda que tienen las cosas con un precio artificialmente nulo (en este caso, las carreteras).

Como el mantenimiento de las carreteras las hace el gobierno, podemos estar seguros de que los costes de hacerlo no son los más eficientes (por su propia naturaleza, el gobierno siempre gasta peor que alguien sujeto a la competencia). Esto potencia los males de la situación actual.

La solución ideal consiste en: 1) suprimir todo el gasto público destinado al mantenimiento o construcción de carreteras; 2) bajar los impuestos en esa cantidad; 3) privatizar el mantenimiento y construcción de carreteras entre diferentes empresas; 4) que las empresas privatizadas cobren a los usuarios (un peaje, una cuota, una combinación), siempre garantizando la existencia de un camino alternativo sin pago.

Las ventajas serían múltiples: 1) el coste de mantenimiento sería más bajo; 2) habría incentivos para construir nuevas carreteras (con la consiguiente creación de empleos); 3) la competencia entre las distintas carreteras, el tren y el avión aseguraría costes competitivos para los usuarios; 4) los que no utilizan las carreteras dejarían de subsidiar a los que sí lo hacen. Los únicos perdedores son los que ahora las utilicen intensivamente, pues dejarían de ser subsidiados por el resto. Eso les obligaría a esforzarse por bajar sus costes y/o a revisar sus precios. También podrían perder algunas empresas si estiman mal el tráfico que tendrían que atender; en ese caso, ellas mismas deberían asumir el coste del error y nunca ser "rescatadas".

Poner las carreteras como un servicio ofrecido en el mercado es una buena idea. Es el mismo principio que asegura, entre otras miles de cosas, una excelente provisión de productos elementales como el pan, la leche o los huevos. Pero si no va acompañado de una reducción de impuestos, sería otra forma de transferir más recursos y poder a los políticos. De ser así, entonces es mejor dejar las cosas como están.

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