La ministra Calviño ha proclamado esta semana por enésima vez la fuerte y vigorosa recuperación de la economía. Y se apoya para ello en tres indicadores. Los datos que todavía no conocemos de PIB y empleo, pero que el Gobierno ya está celebrando, situarán, dice Calviño, a España en valores "prepandemia". Ya ha sucedido en las exportaciones, aunque sigamos presentando déficit comercial (importamos más de lo que exportamos) fundamentalmente por nuestra dependencia energética del exterior. Y esto no es un tema precisamente menor, con los precios que están alcanzando algunas materias primas.
Calviño usa estos brotes verdes para justificar una nueva subida del salario mínimo (SMI). Como si los salarios se pudieran regular por ley. Si tan bien nos va y para subir los salarios sólo hace falta reflejarlo en el BOE, ¿por qué no poner un salario mínimo en 2.000 euros? ¿Mejor en 3.000? Ya puestos, ¿por qué no en 5.000 o 6.000? Porque la propia Calviño conoce el primer efecto de la subida del SMI: desempleo y economía sumergida.
Además, su euforia le ha llevado a recordar que ya cuenta con 9.000 millones de los fondos europeos y que se dispone a repartirlos a discreción. ¿Para ayudar a pymes y autónomos? ¿Para incentivar la inversión productiva? ¿Para dinamizar sectores castigados por la pandemia? ¿Para rebajar la enorme cuña fiscal que sufren empresas y contribuyentes? No. La prioridad del Gobierno está clara: la emergencia climática.
Que el Gobierno ponga como prioridad a los chiringuitos climáticos frente a los acuciantes retos a los que se enfrenta nuestra economía resulta insultante; más aún si aceptamos su pronóstico apocalíptico, ya que las soluciones que quieren imponer y financiar con nuestro dinero (básicamente, reducir el consumo, más Estado y menos mercado), no sólo no se frenaría el calentamiento global, sino que, como han demostrado expertos como Bjørn Lomborg, sólo lograríamos empobrecer a las sociedades, socavar los regímenes de libertades y herir de muerte las mejoras que el capitalismo ha producido en... el medioambiente. Recientes estudios ponen negro sobre blanco una verdad incómoda para los liberticidas ecoalarmistas: las sociedades libres y desarrolladas donde el capitalismo establece las reglas de mercado son las que más han reducido su huella de carbono, menos residuos sólidos producen y más ha crecido la masa forestal.
Pero si todo esto ya resulta de una frivolidad pavorosa, la miopía del Gobierno ante los demás indicadores pone la piel de gallina. Seguimos siendo campeones de Europa en déficit estructural, que ya supera el 5%. Este déficit alimenta una deuda pública desbocada, por encima de los 1,44 billones de euros y más del 122% del PIB.
Que la economía española está lejos de niveles prepandemia queda meridianamente claro si miramos otro indicador, el de la llegada de turistas. España recibía antes del coronavirus más de 81 millones al año. Ahora apenas llega una quinta parte.
A eso hay que sumar que son miles las empresas que han tenido que echar el cierre, y los juzgados todavía acumulan miles de concursos de acreedores bajo la alfombra de la moratoria concursal.
Pero lo peor todavía no se deja ver del todo. Bajo este panorama se esconde el leviatán de la inflación, que amenaza devorar el poder adquisitivo de los españoles. Con el recibo de la luz ha asomado la patita. La tasa ya supera el 2% y esto no ha hecho más que empezar.
Que el Gobierno pretenda vendernos una recuperación que hace aguas por todas partes es muy propio de su incompetencia y desfachatez. Qué caro vamos a pagarlo.