PSOE y Podemos ya tienen su Ley de Vivienda. Era condición inapelable que los socialistas aprobaran la regulación del precio de los alquileres para que Podemos diera luz verde a los Presupuestos Generales del Estado de 2022, y lo han conseguido. Eso sí, con algunos matices. Tras meses de negociaciones, ambas formaciones han acordado hacer una distinción entre los grandes y los pequeños propietarios aplicando diferentes medidas intervencionistas a cada una de estas dos categorías.
El peor golpe se lo llevan los considerados "grandes propietarios", que PSOE y Podemos califican como los dueños de 10 o más viviendas. Este concepto es de lo más ambiguo y nada le impedirá a cualquier político rebajar dicha cifra en el futuro, como ya propuso el partido de Iglesias para considerar "gran tenedor" al dueño de 5 pisos y no al de 10. No fructificó.
Tal y como han filtrado fuentes de la negociación, el Estado pretende ser el que decida a qué precio pueden alquilar sus viviendas estos grandes propietarios en las llamadas zonas tensionadas. Considerar a una comunidad autónoma, capital o un barrio como "zona tensionada" es la excusa que utilizan los gobernantes para limitar los precios de los alquileres en toda España.
Algunas dudas
La duda está ahora en si, con esta Ley, primará la decisión del Estado sobre otras administraciones menores, como las autonómicas. Por ejemplo, Cataluña tiene limitados los precios de los alquileres a todo tipo de propietarios y la Comunidad de Madrid se niega a hacerlo. Por tanto, si la Ley de Vivienda Estatal respeta las competencias autonómicas, lo anunciado este martes tendría un efecto nulo en las regiones que apoyan la libertad de mercado, como Madrid.
Lo mismo ocurre con otra de las medidas más polémicas: "El impuesto a la vivienda vacía, a través del recargo del IBI hasta el 150%, que podrán aplicar los ayuntamientos", señalan en el Gobierno. Fuentes del sector inmobiliario consultadas por este periódico tienen dudas de que el Ejecutivo pueda obligar a los ayuntamientos a aplicar esta penalización a los pisos considerados vacíos si el alcalde de turno se niega, como es el caso de Madrid. "Han anunciado una chapuza", critican estas mismas fuentes.
Los pequeños propietarios
A pesar de que este mazazo a los grandes propietarios supone poner en jaque una parte importante del negocio de los arrendamientos en nuestro país, lo cierto es que más el 80% de los caseros de España son particulares —no fondos u otras categorías—. Y el propietario de a pie también va a sufrir el azote de la medida de PSOE y Podemos.
Así, según lo filtrado, para estos "pequeños propietarios" se establece la "congelación de precios e incentivos fiscales para bajar el precio". ¿Esto quiere decir que los dueños de una vivienda alquilada ya no van a poder actualizar las rentas conforme al IPC? O que, si tienen la vivienda alquilada a 700 euros y se les va el inquilino, ¿no se lo podrán subir a 750 euros al siguiente? ¿Qué significa realmente esta congelación? Las dudas son muchas y desde el Ministerio de Vivienda no dan respuesta. La incertidumbre es total.
Sea como fuere, obligar a cualquier propietario a congelar los precios de los alquileres no es más que una manera de expropiar el derecho a alquilar libremente y cobrar por ello lo que crea oportuno. Ya en 2019, el Gobierno de Sánchez decidió que los alquileres sólo podrán subir respecto al IPC, lo que fue calificado por el sector como un "despropósito".
Esto significó que los dueños de los pisos no podrían establecer por contrato ninguna subida adicional que no sea la de la inflación, ni ligar el precio de los alquileres a ningún otro índice de referencia. Expertos de todas las áreas del sector inmobiliario criticaron de forma unánime esa traba a la libertad de mercado. Habrá que esperar a ver la letra pequeña del texto y los detalles, pero con lo anunciado hoy todavía se acorrala un poco más al propietario.
250 euros al mes
En el marco de la Ley de vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la creación de un bono joven de vivienda dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años.
Según ha detallado el presidente, esta subvención va a beneficiar a los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Además, ha informado de que, en los casos de las familias más vulnerables, este bono joven podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor.