El Gobierno se dispone a rematar el mercado laboral con otro golpe a empresarios y trabajadores. El artífice de esta última ocurrencia es José Luis Escrivá, técnico económico que no ha dudado en vender su alma al social-comunismo.
La medida aprobada consiste en aplicar un recargo del 0,6% a las cotizaciones sociales durante los próximos diez años. La voracidad del ministro de la Seguridad Social con los impuestos al trabajo es tal que en menos de una semana se ha superado a sí mismo y ha elevado del 0,5% al 0,6% su propia propuesta. La excusa para este hachazo fiscal a las cotizaciones es el aumento del gasto en pensiones debido a la próxima entrada masiva en el sistema de los pensionistas del llamado baby boom (nacidos entre finales de los 50 y principios de los 70).
Con el objetivo de poder costear esta oleada de jubilaciones, el Ministerio de la Seguridad Social quiere volver a llenar la vaciada hucha de las pensiones con 50.000 millones de euros. Y piensa hacerlo a costa del esfuerzo de los trabajadores actuales.
De ese alza del 0,6%, Escrivá ha planteado que un 0,5% lo sufrague el empresario y el 0,1% restante el empleado, aunque la realidad será bien distinta. Y es que, por mucho que los social-comunistas se empeñen en hacer creer a los trabajadores que no tienen por qué preocuparse, porque los paganos serían los empresarios, lo cierto es que no son estos los que pagan las cotizaciones sociales sino los trabajadores.
Cuando un empresario pondera las ventajas e inconvenientes de tener a un empleado en nómina, se desentiende de qué parte del salario recibirá el trabajador. Sólo le interesa saber cuándo tiene que pagar para disponer de él. Por tanto, el efecto inmediato de subir las cotizaciones sociales será el de presionar a la baja los salarios, ya que la productividad del trabajador es la misma. Además, si la legislación laboral obliga al empleador a realizar otros desembolsos aparte de los salariales, esas partidas también formarán parte del oneroso coste laboral.
En definitiva: serán los asalariados los que, vía reducción de su sueldo neto, los que costearán la subida de las cotizaciones sociales. Es decir, será el Gobierno el que les baje el sueldo, no las empresas.
Teniendo en cuenta que la fiscalidad al trabajo en España ya está por encima de la media de la OCDE, el despropósito de Escrivá no podría ser más dañino para un mercado laboral que languidece debido a la crisis del coronavirus y a la incompetencia del Gobierno. Desde la subida del SMI a los intentos de Yolanda Díaz por prohibir los contratos temporales, todas estas decisiones imponen al empresario unas cargas imposibles de asumir.
Cómo extrañarse, pues, de que España sea el país con la peor tasa de paro de la OCDE...