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Castilla-La Mancha prohíbe la instalación de granjas de más de 2.000 cerdos

Garzón ha aplaudido la medida de Emiliano García-Page en su cuenta de Twitter.

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Garzón ha aplaudido la medida de Emiliano García-Page en su cuenta de Twitter.
Dos cerdos en una granja. | Cordon Press

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves la prohibición de la instalación de grandes granjas de ganado porcino en la región hasta el 31 de diciembre de 2024. Tampoco se autorizarán ampliaciones de las granjas ya existentes, aunque sí se estudiará la autorización de explotaciones de porcino con sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento, valorización y separación de purines.

En concreto, la prohibición se establece para los proyectos de explotaciones de porcino que precisen autorización ambiental integrada, es decir, para aquellas que superen las 2.000 cabezas, y no se tramitarán proyectos nuevos ni modificaciones de otros ya existentes que supongan superar esa cifra.

Esta decisión se produce en plena guerra de Alberto Garzón contra las "macrogranjas", aunque ni el ministro de Consumo ha sabido concretar cuántas cabezas de ganado tiene una "macrogranja". A pesar de este ambiguo concepto, el ministro comunista ha aplaudido la medida de Emiliano García-Page en su cuenta de Twitter.

Llama la atención que el propio presidente castellano-manchego haya criticado hace unos días las palabras de Garzón contra las macrogranjas en The Guardian, mientras que ahora, su Ejecutivo pone coto a las explotaciones de los ganaderos.

La medida se ha aprobado gracias a la mayoría absoluta del PSOE en el parlamento castellanomanchego, mientras que PP y Cs han votado en contra. La portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, ha dicho que el objetivo de la medida "no es atacar a nadie" es "velar y ayudar al futuro del sector primario del campo y de los pueblos" haciendo una ordenación del sector" ante, ha dicho, el crecimiento exponencial de autorizaciones para estas instalaciones.

Por su parte, el diputado regional del PP, Miguel Ángel Rodríguez, ha señalado que se ha hecho "de espaldas al sector, genera inseguridad jurídica y condena a una actividad económica que genera empleo y cumple rigurosamente con una normativa medioambiental muy exigente y de sanidad y bienestar social".

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