La Unión Europea ha dado comienzo a toda una catarata de nuevas normativas con la finalidad de reducir las emisiones de CO2 un 55% para el año 2030 y dar un paso más hacia ese objetivo de lograr las cero emisiones de carbono en el 2050. Para lograrlo, desde Bruselas han dado comienzo al plan Fit For 55 que incluye medidas de todo tipo y que afectan a diferentes industrias, entre ellas, la portuaria. La idea de la UE es hacer que los buques mercantes entren a formar parte del Régimen de comercio de derechos de emisión. Lo que supone en la práctica es que tendrán que comprar derechos de emisión de CO2, lo cual aumentará los costes.
Uno de los grandes perjudicados podría ser España, que tiene los puertos que más contenedores mueven de toda Europa. Solamente el puerto de Algeciras, que es el más grande de nuestro país, mueve más de 100 millones de toneladas anuales desde 2016. Ante esta amenaza regulatoria, el puerto ha presentado alegaciones, tal y como informa El Confidencial, ya que podrían perder hasta un 60% de sus operaciones, lo que supone una caída de 300 millones de euros anuales y la posible pérdida de 1.600 puestos de trabajo directos y unos 4.200 indirectos. De esta manera, los puertos mediterráneos podrían ser los más perjudicados, ya que los buques podrían desplazarse a los puertos del norte de África, que son los principales competidores de los del sur de Europa.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, ha asegurado en la presentación del balance de 2021 que aplicar estas normativas solamente desde Europa no tiene sentido, "ya que surgen paraísos fiscales desde el punto de vista del CO2. Las emisiones no se reducirán mientras el daño económico a los puertos con actividad de transbordo en el Sur de Europa será irreversible". En el mismo acto, Landaluce pidió al Gobierno que intervenga en esta intención de la Unión Europea.
Los derechos de emisión de CO2 se crearon en el año 2005 para penalizar a los sectores más contaminantes y hacer que se volvieran más eficientes. Por parte de la UE, se asigna una cantidad limitada a cada país, que distribuye los permisos de emisión a las empresas de forma directa o a través de subastas públicas. El problema, es que cada año Bruselas va reduciendo el número de permisos y las compañías pagan más caros estos derechos de emisión para no enfrentarse a las cuantiosas sanciones, algo que, entre otras cosas, ha provocado que el precio de la energía se haya disparado este año debido a que se ha pasado de los 20.000 a los 60.000 euros por cada derecho otorgado.