De todas las manifestaciones de la estatolatría (que es uno de los fenómenos más peligrosos de esta época que nos ha tocado vivir; esa idea absurda de que el Estado está ahí para resolverte la vida), ninguna me parece más molesta que el papanatismo fiscal. Eso de "patriota es quien paga los impuestos que tiene que pagar" o el señalamiento a cualquier personaje público que tenga la más mínima disputa con Hacienda. Que en parte es lógico: si te crees, como quieren que creamos, que el Estado es un ente de luz diseñado para beneficiar a sus ciudadanos y que sin los políticos estaríamos perdidos; si te lo crees, ya está dado el primer paso para que también pienses que cualquier daño a esa estructura es lo peor que puedes hacer en la vida.
Por eso, en los últimos años, mientras los estándares éticos de la política española se hundían en el subsuelo, hemos visto cómo se obligaba a dimitir a un ministro por haber sido administrador en una empresa familiar radicada en Jersey 25 años antes (por lo que yo sé, sigue sin demostrarse que nada de aquello fuera ilegal); y a otro por un conflicto sobre el cobro de sus colaboraciones televisivas a través una sociedad y por deducirse gastos de forma incorrecta, hechos que en cualquier caso ocurrieron 12-14 años antes de haber sido nombrado (por no hablar de que esto del cobro a través de una sociedad y el debate sobre qué gastos pueden imputarse a la misma han tenido decenas de interpretaciones diferentes para la propia Hacienda). Tenemos a exterroristas (condenados) pactando con el Gobierno, pero no podemos tener de ministro a un tipo que facturó como facturaban todos sus compañeros de plató en la TV (porque por eso lo hizo así).
Tampoco es que me den pena: al fin y al cabo, hablamos de políticos que han utilizado esa retórica viscosa del "Hacienda somos todos" con los demás. Peor es lo que se ha hecho con decenas de personajes públicos, a los que se ha arrastrado por el lodo de las redes sociales por no estar al corriente de sus pagos con la Agencia Tributaria: algo que nos puede pasar a cualquiera y que, además, en muchos casos estaba más que justificado, porque los supuestos delincuentes simplemente estaban luchando en los tribunales por lo que creían justo.
Por supuesto, a la cabeza de la turba se han situado siempre los ministros de Hacienda. Nada peor, nos han dicho, que ocultar dinero al fisco, minorar los recursos del Estado en beneficio propio, dañar las arcas del Tesoro por una cuestión de egoísmo personal. Desde un punto de vista social, pocas cosas destruyen tu imagen pública como estar en la lista de morosos o tener una sociedad que se cruza en el camino de un inspector aburrido.
Pensaba en todo esto esta semana tras la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la UE contra el Estado español por el asunto del Modelo 720 (todos los detalles sobre este caso, en los artículos que publicó Libre Mercado en 2019, en 2021 y el pasado viernes). Todo lo ocurrido es un escándalo de esos que sí deberían provocar dimisiones (aunque es verdad que el máximo responsable, Cristóbal Montoro, hace años que desapareció de la escena).
Una ley injusta y desproporcionada, con más de chantaje que de lucha contra el fraude: el objetivo era doble: (1) atemorizar con multas tan altas que ciudadanos que tenían bienes prescritos no quisieran luchar por esa prescripción y pagarán lo que fuera para evitarse problemas, y (2) cazar ingenuos que no presentaban el modelo (en ocasiones por ocultación, en muchas otras por puro desconocimiento). A nadie le preocupó el efecto devastador que esto podía tener en las vidas de miles de ciudadanos. ¡Qué son unos pocos trastornos del sueño o unas familias rotas por la tensión cuando hablamos de la posibilidad de aumentar la recaudación!
Desde el primer minuto, las instituciones comunitarias...
[Apunte al margen: ¡Cómo tiene que ser la cosa para que la Comisión Europea le diga al Estado español que se está pasando con la lucha contra el fraude! Es como en las películas de mafiosos: cuando el que parecía el más salvaje de todos coge por el brazo a su colega que se está ensañando con un tipo encogido en el suelo y le dice: "Venga ya tío, es suficiente, vas a matarlo".]
Sigo... desde el primer minuto, las instituciones comunitarias dejaron claro que todo aquello era inaceptable, contrario al derecho comunitario e ilegal. Pero nadie movió un dedo. De hecho, los dedos que se movieron fueron para alargar un proceso que todo el mundo daba por perdido. Nadie dudaba de que la decisión final sería ésta. ¿Por qué no terminar con la agonía de tantos contribuyentes aterrorizados, tras las primeras resoluciones de 2015 o 2017? Era tan fácil como aprobar otro Decreto retocando lo que se había hecho mal en el primero.
Por tres motivos:
(1) Les encantan las normas ambiguas y ese sensación de "podéis caer todos". De hecho, como han comprobado en sus propias carnes cientos de famosos en los últimos años, cualquier español puede ser un delincuente fiscal. ¡CUALQUIERA! Si un inspector con mala leche nos revisa las cuentas queriendo encontrar algo... lo encontrará. Porque es imposible cumplir con todas las normas y porque pueden cambiar la interpretación a voluntad siempre que quieran.
(2) Porque ellos no se jugaban nada. ¿Que la norma era injusta? Bien. ¿Que hay miles de contribuyentes que han pasado un infierno? Una pena. ¿Qué consecuencias tendrá ese infierno para Cristóbal Montoro o María Jesús Montero? Se lo han hecho pasar muy mal a mucha gente durante años. Algunos han pagado cantidades desorbitadas de forma injusta; un dinero con el que podrían haber invertido, comprado la casa de sus sueños o pagado la universidad a la que quería ir su hijo. Quizás, con suerte, se lo devuelvan ahora: ¿Y? A lo mejor la casa que querían ya no está en venta o su hijo ha terminado la universidad.
Todos sabemos que la respuesta a la pregunta de "¿qué consecuencias tendrá?" es "ninguna". Hay una irresponsabilidad absoluta, en el sentido más literal de la palabra. Nadie pagará por dañar a otros a sabiendas. Se me ocurren pocas situaciones más injustas.
Porque, por supuesto, lo sabían. Siendo muy generosos sabían que se manejaban en el límite de lo razonable y de lo permitido por el derecho de la UE. Podrían haber planteado una nueva norma para retocar y aclarar los aspectos más polémicos. Pero no quisieron. Alguna consulta vinculante para dejar una vía de escape a los que tuvieran más miedo y poco más.
(3) La razón última es que no querían asumir el coste político. Uno no estaba dispuesto a admitir que se había equivocado y pasado de rosca; la otra, ni hablar de derogar una norma que en teoría luchaba contra el fraude fiscal, no fuera a ser que alguien le acusara de ser blanda con los malvados entre los malvados. Era más cómodo que Bruselas te hiciera el trabajo. Cómodo si estás en tu oficina en el Ministerio; para los que tenían un procedimiento abierto o bienes en el extranjero que no sabían si declarar... no lo ha sido tanto. Como además, paga otro (el contribuyente), por qué no llevar el proceso hasta el final. Recurso tras recurso a costa de la Hacienda pública. Y si pierdes, como ha sido el caso, las multas, las demoras, los intereses o los recargos también los pagará el mismo contribuyente.
Pensemos en Montoro y en Montero. Imaginemos un caso de naturaleza similar que les afectase personalmente. Un caso en el que apenas tuvieran posibilidades de ganar. ¿Habrían seguido recurriendo durante años, con los costes que eso implica y la posibilidad de tener que pagar las costas? ¿O habrían pagado y terminado con todo tras la primera resolución en contra? Todos sabemos la respuesta: ni de broma las cosas serían iguales. Si el resultado del proceso lo hubiesen pagado ellos, esto se habría acabado en 2015 o 2017.
No sé ustedes, pero a mí esto me parece que encaja como un guante en la definición de perseguir un interés personal (en este caso, defender su imagen política) con "el dinero de todos". Que luego llamamos corrupción a cualquier cosa o nos dicen que dañar la caja común es el peor de los crímenes. Si aplicáramos sus propios criterios a estos casos y les pusiéramos delante del espejo de su día a día, no se salvaba ni uno. Yo estoy harto de esta historia de que un autónomo que mete una factura de una comida es un peligro para la sanidad pública. Pero nadie le tose a un ministro que se gasta millones en una defensa sin sentido para no tener que dar la cara ante la opinión pública; un desastre que además de destrozar muchas vidas, acaba con una compensación millonaria que tendrá que abonar el Estado. ¿Dañar el Tesoro para beneficiarte tú? Si es a través de una sociedad en Panamá te destrozarán la vida o publicarán tu nombre en la lista de morosos; si lo haces dando órdenes desde un despacho con moqueta en la calle de Alcalá, seguirás dando lecciones de honestidad al resto. Y eso es casi lo que más me cabrea, que encima de que no tienen nada de lo que presumir, sean tan cansinos.