La situación creada tras la invasión de Ucrania ha hecho que algunos países europeos comiencen a mover ficha para paliar en algo su alta dependencia energética. No ha sido el caso de España ni lo será: desde el Ejecutivo siguen confiando en la "aceleración de la transición energética" como remedio para las carencias del país y han descartado otras soluciones que están sobre la mesa en otros lugares, como recurrir a la nuclear (proyectando más plantas o alargando la vida de los reactores) o explorar la obtención de nuevos recursos fósiles.
España, de hecho, se cerró la puerta a explotar sus propias materias primas hace poco más de un año. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en mayo del año pasado prohibió la "exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional", especificando que se incluía el mar territorial, lo que incluiría, por tanto, los yacimientos en aguas de Canarias que se toparon hace unos años con las protestas ecologistas.
La norma, además de impedir así la búsqueda y explotación de petróleo y gas, hacía referencia expresa a la fracturación hidráulica o fracking en el apartado dos del artículo 9 prohibiéndolo expresamente:
A partir de la entrada en vigor de esta ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, cualquier actividad para la explotación de hidrocarburos en la que esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen.
La ley impulsada por Teresa Ribera, que en su rechazo a la energía nuclear también ha suspendido proyectos como el almacén nuclear de Villar de Cañas, prohíbe además que España busque o explote minerales radiactivos lo que supone la renuncia a la extracción del uranio en la península y que podría alimentar a las centrales que continúan abiertas.
Al despropósito de que España se haya amputado la mera posibilidad de buscar en su territorio los combustibles fósiles que siguen siendo esenciales para su producción energética se suman los obstáculos que se han encontrado los proyectos que han intentado extraer minerales considerados críticos para la industria, como tierras raras o magnesita, y que se han visto frustrados por trabas políticas o protestas ecologistas pese a que paradójicamente son fundamentales para la "transición verde".
La situación ha vuelto a ser denunciada por el Colegio Oficial de Geólogos, que en una nota publicada esta semana ha denunciado que España "no ha sabido aprovechar el potencial energético de sus materias primas y recursos minerales autóctonos para reducir la alta dependencia del exterior". Los geólogos consideran que "es necesario investigar los recursos naturales" españoles pero sus sucesivas peticiones, propuestas y planes han caído en saco roto. El año pasado, reclamaron sin éxito que no saliera adelante la prohibición del frácking, "un proceso industrial maduro, absolutamente viable, tanto técnica como económica y medioambientalmente, siempre que se respeten los principios de cautela y acción preventiva".
Hace tres años, propusieron una "política geológica nacional al servicio de los ciudadanos" que entre sus ideas incluía la "creación de reservas estratégicas" con la concesión de "autorizaciones de exploración y permisos de investigación" de hidrocarburos, entre ellas "exploraciones geológicas controladas ambientalmente en el mar". La propuesta, defendían, buscaba "conciliar el desarrollo económico del país con la protección del medio ambiente, pero sin descartar a priori técnicas que pueden favorecer nuestra autosuficiencia energética".
"Es un error enfocar el debate entre prospecciones sí o prospecciones no’, lamentaban en un documento en el que también pedían una "política minera nacional", con un mapa de recursos mineros potenciales que pusiera especial atención en los "minerales críticos para la industria". Sobre las tierras raras y los minerales estratégicos, los geólogos también han expresado sus quejas sobre las trabas burocráticas y las protestas ecologistas y vecinales, "en la mayoría de los casos por desconocimiento", que han hecho por tierra varios proyectos.
¿A qué renuncia España?
En 2013, la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos (ACIEP) puso cifras al potencial español en hidrocarburos. Según sus estimaciones, el país habría renunciado por ley a estos recursos:
-Hidrocarburos convencionales (con Canarias, Golfo de Vizcaya y Golfo de Valencia como zonas de mayor potencial):
- Gas natural: 410 BCM (cada BCM equivale a mil millones de metros cúbicos)
- Petróleo: 1944 millones de barriles.
-Hidrocarburos no convencionales, en alusión a los yacimientos a los que sólo se puede acceder mediante fracturación hidráulica o frácking (con la cuenca Vasco-Cantábrica, el Macizo Cantábrico y la Cuenca Surpirenaica como zonas de interés):
- Gas natural: 2.026 BCM, equivalentes a las necesidades de gas del país durante 69 años, según un artículo del geólogo Juan García Portero.
- Petróleo: 100 millones de barriles.
En cuanto al uranio que alimenta las centrales nucleares y que procede en un 30% de Rusia, España ya no podrá extraer por ley yacimientos como el de Retortillo, en Salamanca.
Respecto a otros minerales considerados críticos, el Colegio de Geólogos recuerda las tierras raras de Castilla La Mancha, el litio de Extremadura o el cobre, coltán y wolframio en Galicia, proyectos todos ellos de momento parados, quizás para siempre, a pesar de que según señalan los geólogos "España cuenta con una legislación medioambiental mucho más garantista que la mayoría de los países de los que se importan esos minerales". Señalan además, respecto a las quejas ecologistas, que "las zonas mineras se pueden explotar con absoluto respeto al medio ambiente y garantías de seguridad" y que tras la explotación la zona se restaura para "recuperar su estado original".