La facturación hidráulica ha supuesto un antes y un después en el mercado energético. Esta técnica inyecta en los pozos una mezcla compuesta de agua, arena y un 1% de productos químicos, lo que permite agrietar la roca madre y liberar gas o petróleo que no estaría disponible bajo un sistema convencional de extracción vertical. Esta técnica no es novedosa, puesto que fue concebida a mediados del siglo XIX, pero su desarrollo comercial sí es muy reciente, puesto que se ha dado en cuestión de apenas dos décadas.
La "revolución" del fracking que ha experimentado Estados Unidos durante la década pasada ha convertido al país norteamericano en el mayor productor de petróleo del mundo, por delante incluso de Arabia Saudí. Para ser precisos, se ha producido una subida de casi un 50% en la oferta de combustible Made in USA, lo que ha generado un ahorro tan importante que supera el 2% del PIB.
Lo más interesante de todo es que, mientras la producción estadounidense de crudo ha batido récord tras récord, las emisiones totales de CO2 se han mantenido inalteradas, mientras que la producción de dióxido de carbono por unidad de crecimiento o por habitante ha experimentado una importante bajada, desmontando las críticas y el alarmismo expresado por el ecologismo de corte socialista.
Ahora que España enfrenta un fortísimo encarecimiento de la electricidad, derivado de una política energética basada en apostar ciegamente por un modelo subvencionado de energías renovables, son cada vez más las voces que abogan por un replanteamiento integral de esta estrategia. Como explicó Libre Mercado el pasado mes de noviembre, la energía nuclear tiene un 90% de horas operativas, más que triplicando los niveles de la solar o la eólica. Por este motivo, la moratoria decretada por el PSOE, en virtud de la cual no se desarrollan nuevos reactores ni centrales nucleares, empieza a estar cada vez más cuestionada.
Con el fracking podría pasar ahora mismo. No en vano, la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo estimó hace ahora una década que, mediante la extracción hidráulica, nuestro país podría desbloquear unas reservas de gas equivalentes a setenta años del consumo nacional actual. El valor de estos yacimientos superaría los 700.000 millones de euros. En 2013, el gobierno del PP quiso dar cobertura a este tipo de desarrollos, pero no tardó en toparse con el rechazo frontal de los ejecutivos de autonomías como Cantabria o País Vasco, que son precisamente dos de las provincias donde se ubica el grueso de estas reservas.
La política seguida por Estados Unidos evita este tipo de circunstancias reconociendo a los propietarios del suelo la capacidad de desarrollarlo si así lo estiman oportuno, siempre y cuando se sigan los procedimientos técnicos autorizados y los protocolos medioambientales de rigor. De esta forma, los gobiernos estatales y locales se ven aislados del proceso de toma de decisiones y son miles los particulares que venden sus tierras a empresas que, a cambio, desarrollan explotaciones de fracking y comparten parte de los beneficios obtenidos con los anteriores dueños de tales fincas.
En clave nacional, la situación regulatoria del fracking es muy compleja, puesto que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de abril una Ley de Cambio Climático impulsada por el gobierno de PSOE y Podemos que frena la posibilidad de desarrollar este tipo de actividad, atacando también las técnicas tradicionales de extracción de hidrocarburos. Por tanto, el primer paso para desbloquear la situación y habilitar el desarrollo del fracking en España sería la retirada de dicha norma, vía modificación o derogación en Cortes.