La desastrosa gestión energética española, coronada por la moratoria nuclear que introdujo el PSOE en los años de Felipe González y reforzada por los subsidios masivos concedidos a las energías renovables, empieza a pasarnos factura. La crisis de inflación de 2021-2022, derivada de los excesos monetarios de los últimos años y de la ausencia de medidas de choque por parte del gobierno, se está manifestando especialmente por el flanco de la energía, hasta el punto de que la factura de la luz es hoy diez veces más cara que al comienzo de la presidencia de Pedro Sánchez. La guerra en Ucrania y el conflicto diplomático con Argelia solo han agravado esta lamentable situación.
Cada vez hay más voces que se preguntan qué podemos hacer en el futuro para evitar este tipo de problemas. ¿Es posible romper con nuestra dependencia energética del resto del mundo? ¿Y podemos hacer algo para que nuestro mix energético sea más barato? Soluciones como el relanzamiento de la nuclear o la apuesta por el fracking pueden llevarnos lejos, pero la corrección política ha sepultado ambas opciones y no parece sencillo su puesta en valor tras muchos años de demonización y ataques hacia estas dos formas de producir energía.
Vale la pena, pues, fijarse también en otras posibles soluciones. Una de ellas es la de la eficiencia energética: puesto que no tenemos tanto margen en lo referido al acceso a las fuentes de energía, hagamos lo posible para reducir la intensidad energética de nuestro consumo. Es importante recalcar esto último, porque no hablamos de reducir el consumo, sino la intensidad energética del mismo. De lo contrario, estaríamos comprando el discurso de la izquierda, que siempre que aparecen los problemas de precio en la energía aboga por reducir el uso del coche y el avión o apuesta por racionar la utilización de electrodomésticos o aplicaciones como el aire acondicionado. Pero la eficiencia energética no es eso, porque no implica consumir menos, sino consumir lo mismo, pero usando bienes o servicios menos intensivos desde el punto de vista energético. Por ejemplo, si renovamos nuestro coche de gasolina o diésel, cambiando un modelo de hace diez años por uno de los que acaba de salir al mercado, en seguida podemos comprobar que nuestro consumo de gasolina se reduce, como ocurre también con las emisiones asociadas al uso del vehículo.
El decepcionante plan del gobierno
¿Qué ha hecho el gobierno para avanzar en esta línea? El pasado año, anunció el llamado "Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana", merced al cual se va a habilitar una dotación de 6.800 millones de euros, financiados con cargo al "rescate" europeo. Esta cifra equivale a un magro 4,8% del total de fondos y préstamos blandos puestos a disposición del gobierno de España. De modo que, si bien el gobierno se ha fijado la meta de "duplicar el ritmo de renovación de edificios", el compromiso demostrado a la hora de la verdad en este campo es, cuando menos, decepcionante…
Peor aún: las medidas estarán teledirigidas con criterio político y no energético y económico, como demuestra la intención del Ejecutivo de volcar parte importante de esos 6.800 millones a actuaciones realizadas en municipios de menos de 5.000 habitantes, cuando son las ciudades y no los pueblos las que más necesitadas están de este tipo de mejoras. En vez de primar el ahorro de luz, se busca el electoralismo de la "España Vacía"...
Además, la apuesta del gobierno de PSOE y Podemos mantiene una perspectiva ciertamente estatista, puesto que por ejemplo se reservan 1.000 millones de euros de estos fondos y préstamos blandos a la renovación de edificios e infraestructuras... de titularidad pública. De modo que, en vez de volcar el conjunto de las ayudas hacia el sector privado, se ha optado por derivar parte de estos recursos hacia el sector público. Así, el Real Decreto-ley 19/2021 reduce a 4.420 millones la inversión que irá a parar a programas de rehabilitación y eficiencia energética en residencias y edificios del sector privado. Por tanto, el compromiso real es aún menor y apenas supone el 3,1% del paquete de subvenciones a fondo perdido y préstamos blandos aportados por Bruselas.
El Observatorio de la Salud y el Medio Ambiente de la aseguradora DKV estimó en 2015 que el 80% de nuestros edificios presentan niveles bajos o muy bajos de eficiencia energética y apuntó que el ratio observado entre la inversión en este campo y el ahorro resultante en consumo de electricidad sería de 1/5, de modo que 1 euro de gasto en rehabilitación y eficiencia energética supone 5 euros de reducción en el consumo de energético de empresas y hogares.
La oportunidad, pues, era muy buena. De hecho, el fondo Greenward Partners había estimado que España podría necesitar una inversión total de hasta 85.000 millones de euros para poner a punto sus edificios, de modo que la aprobación del "rescate" europeo parecía la excusa perfecta para financiar un programa así, por ejemplo volcando por esta vía los 70.000 millones en préstamos blandos – y complementándolos con otros 15.000 millones de las ayudas a fondo perdido. Por eso no se entiende la decisión del gobierno de destinar apenas el 3,1% de los fondos Next Generation EU a este tipo de actuaciones.