Hace ahora algo más de veinte años, la crisis de las puntocom empujó a los bancos centrales de Occidente a inundar de liquidez los mercados, con la esperanza de evitar un desplome generalizado en la bolsa y la economía. La incertidumbre provocada por los atentados terroristas del 11-S y por la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente hizo que la política de tipos bajos se mantuviese a lo largo de los años, convirtiendo lo que se suponía eran medidas puntuales en condiciones estructurales de la política monetaria.
El resultado de estos excesos es de sobra conocido: semejantes condiciones de mercado cebaron una gigantesca burbuja en mercados como el inmobiliario, dando pie a un auge artificial de la producción que se vino abajo entre 2007 y 2008, cuando los préstamos de más baja calidad empezaron a enfrentar situaciones de impago y morosidad, derrumbando así a aquellas entidades financieras que estaban más expuestas ante el ladrillo. En España, las quiebras se concentraron en el segmento de la banca semipública, es decir, en las cajas de ahorros, cuyo rescate terminó consumiendo más de 50.000 millones de euros de dinero público (un desembolso que, por cierto, se podría haber evitado en caso de haberse articulado un canje de deuda por acciones, como en cualquier otro proceso de reestructuración empresarial).
El estallido de la crisis animó a los bancos centrales a seguir explorando nuevas fórmulas de política no convencional. Como los tipos de interés estaban por los suelos, se activaron los programas de expansión cuantitativa, que en esencia suponen un fortísimo aumento del balance de los bancos centrales. Esta impresión de dinero cebó distorsiones como la observada en las emisiones de deuda pública, que han llegado a cerrarse en tipos negativos a pesar de que las obligaciones asumidas por las Administraciones Públicas nunca han sido tan abultadas. El caso de España es paradigmático: el pago de intereses de la deuda se ha mantenido en torno a 30-35.000 millones de euros, a pesar de que el peso de la deuda se ha triplicado, pasando del 40 al 120% del PIB.
La escuela liberal en sus distintas corrientes (austriaca, monetarista, etc.) lleva años advirtiendo de que todo ese dinero de nueva creación terminaría por filtrarse al conjunto de la economía. Las distorsiones observadas en la deuda pública solo eran, por tanto, el preludio de lo que estaba por venir. Y, como estamos comprobando desde mediados de 2021, la consecuencia de los excesos de los bancos centrales no es otra que un empobrecimiento progresivo de empresas y familias, vía inflación.
Desde que Christine Lagarde asumió la presidencia del Banco Central Europeo, los activos del BCE se han disparado un 86%. El programa de compras de la entidad ha alcanzado los 80.000 millones mensuales. Para colmo, los tipos han seguido en torno a cero, frente a un aumento de los precios que ya alcanza el 10% según los datos del IPC de marzo.
Lo peor de todo es que España está aún peor que las economías de su entorno comunitario porque, a pesar de que comparten la misma política monetaria por la pertenencia a la Eurozona, la entrada de dinero barato en nuestro país está siendo mucho más intensa, por el simple hecho de que el gasto público lleva quince años superando los ingresos fiscales. Entre 2020 y 2021, por ejemplo, el déficit acumulado ha sido cercano a los 200.000 millones de euros, dinero que solo ha circulado en la economía española por la monetización de dicha deuda a través del programa de compra de activos del BCE, que se ha asegurado de rescatar al Gobierno español por la puerta de atrás.
A esto hay que sumarle otros problemas: la insistencia del Gobierno de PSOE y Podemos en tomar el IPC como referencia para todo tipo de pagos (contratos públicos, ayudas sociales, variación interanual de las pensiones, convenios laborales…), la elevación sistemática de los costes que enfrenta el sector privado (vía salario mínimo e impuestos), la ausencia de políticas de oferta que generen competencia y propicien precios más bajos (por ejemplo, con la eliminación de barreras a la unidad de mercado o la inversión) contribuyen más aún a acentuar este problema.
Así las cosas, partiendo de la base de que el BCE ha cometido un gravísimo error con su estrategia expansionista, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha podido reaccionar peor ante semejante escenario. La barra libre ha sido empleada para cebar el endeudamiento, en vez de para corregir rápidamente el déficit. La indexación ha cebado las tendencias inflacionistas, en vez de cultivar un escenario de moderación capaz de contener la escalada inflacionista. El aumento sistemático de los costes ha obligado a las empresas a subir precios para enfrentar un continuo encarecimiento del marco fiscal y regulatorio. Y la insistencia en el intervencionismo económico ha evitado que se tomen medidas tendentes a generar ahorros y eficiencias vía competencia.
Tenemos al peor Gobierno en el peor momento. Incluso en una crisis que emana de Frankfurt, todas las medidas que ha tomado Moncloa son equivocadas. Y el resultado de esta situación no es otro que el de una estanflación cada vez más preocupante, con la economía cuatro puntos por debajo de la producción pre pandemia y la escalada de precios cerca del 10%. El socialismo y el comunismo nos llevan a la ruina, y aunque no hay nada de nuevo en ello, no podemos dejar de recalcar el daño causado, porque el tiempo ha demostrado que lo único peor que la irresponsabilidad de los bancos centrales es el apuntalamiento de políticas económicas que, al eliminar la libertad de mercado, terminan sumiendo al país en una crisis profunda y dolorosa como la que estamos enfrentando.