Ni cuando se le ocurrió; ni cuando lo llevó de road show por toda Europa; ni cuando lo negoció en Bruselas; ni cuando lo autorizó Bruselas; ni cuando lo acordó con Portugal. No. El Gobierno sigue sin contar cómo va a topar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad (a 50 euros y no a 30 como propuso inicialmente) para que España y Portugal sean considerados como "isla energética" y poder así controlar la volatilidad de precios del gas que afecta de manera notable a la factura eléctrica.
Desde que Teresa Ribera anunció la pretensión del Gobierno de que Bruselas autorizase a España a topar el precio del gas los periodistas hemos preguntado a unos y otros cómo pretende hacerlo. Desde entonces hemos dado pasos. Se supone que la semana pasada ya deberíamos haber conocido la letra pequeña del plan, pero se aplazó hasta el martes de esta semana, cuando se preveía que vería la luz en el Consejo de Ministros. Tampoco.
El Gobierno sigue sin poner el huevo y todavía no tenemos ninguna certeza del mecanismo escogido para topar el gas. Lo único que sabemos es que, de momento, quienes pagarán la medida serán los consumidores que operan en el mercado libre de la electricidad.
¿Pero qué ha sucedido? Fuentes del mercado advierten a Libre Mercado que aunque el Ejecutivo estaba trasladando a la idea de que sus equipos estaban trabajando a destajo para sacar este martes en Consejo de Ministros el decreto para topar el precio del gas desde Bruselas le han recordado que antes tienen que enviar una propuesta detallada y no una simple idea, para recibir autorización.
Culpa a Portugal
Además, el Gobierno español no tiene ningún empacho de buscar como excusa ante su retraso en la presentación del plan ante Bruselas a que sigue chocando con el vecino Portugal sobre cómo implantar la "excepcionalidad ibérica" del gas. Durante su participación este miércoles en la reunión anual del Círculo de Economía de Barcelona, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, decía que hay "diferencias" con los portugueses sobre la fórmula diseñada para aplicar esa excepcionalidad, que no es otra que intervenir el mercado eléctrico para establecer precios máximos al gas. "Hay algunas diferencias en el tipo de tarifas, los actores y las preocupaciones que pueda tener Portugal y que puedan tener los consumidores españoles", decía Ribera.
Desde la Comisión Europea hemos escuchado a algunos portavoces decir que todavía no han recibido ningún plan cerrado de ambos países para poder dar el visto bueno.
Mes y medio de propaganda
Desde mediados del mes de marzo, cuando los precios del gas alcanzaron su máximo, el Gobierno lleva hablando de isla energética y de intervención de los precios del gas, pero sin que nada más haya debajo del titular. El gran proyecto de intervención de precios, sigue siendo una idea vacía de contenido tras mes y medio de propaganda, y la Comisión Europea comienza a sacar los colores al Gobierno: antes de aprobar nada en Consejo de Ministros el Gobierno debe hacer llegar a las autoridades europeas un plan detallado
Y ese plan es necesario por un motivo fundamental: las interconexiones energéticas con Europa a través de Francia. El plan de Ribera podría hacer que los clientes españoles subvencionen una luz más barata a los franceses. Cómo resolver esta anomalía es uno de los escollos de la negociación. Otro es quién pagará la fiesta. Todo apunta, como ya hemos dicho, a que serán los clientes del mercado libre.
Nerviosismo en el sector
Y por eso, cada vez que aparece en escena la vicepresidenta Teresa Ribera, tiene que tratar de tranquilizar y señalar que España y Portugal están ultimando un acuerdo con la Comisión Europea sobre la propuesta para limitar el precio del gas, una medida que debe permitir contener los precios de la factura de la luz, decía la ministra.
Además, afirmaba que los equipos técnicos de ambos países trabajan están acabando de acordar con la Comisión Europa "algunos ajustes técnicos muy de detalle" sobre este tope al gas, una medida que ha asegurado que incluye "muchos detalles técnicos", como el funcionamiento de la casación horaria.
Esta semana la ministra ha asegurado que espera que los trabajos concluyan "cuanto antes" con el fin de poder llevar el acuerdo al Consejo de Ministros de la próxima semana.