La industria asiste estos días asombrada a la brutal escalada de precios de materias primas energéticas como el gas o el petróleo. También el carbón.
Al rally alcista que protagoniza el gas desde el verano y que ha llevado a la electricidad a marcar máximos históricos casi cada semana se ha visto acentuada con la invasión de Putin a Ucrania, fundamentalmente, por la dependencia que tiene la UE del gas ruso.
Sin embargo, los altísimos precios del gas ya venían subiendo. Tanto es así que los máximos del gas y el petróleo anteriores a los que se han registrado esta semana datan de diciembre, cuando ya registraban incrementos entre el 700% y el 800%.
La reacción en cadena que esto produce es evidente. La inflación marcó en febrero (antes de que se desatara la invasión rusa de Ucrania) un 7,4% en España. Los precios industriales rondan un 40% de subida y esto provoca graves consecuencias.
El sector del transporte, por ejemplo, está trabajando a pérdidas por la subida de los carburantes, que han subido casi un 100% en el último año. Las Pymes y autónomos del transporte por carretera amenazan con paros generales desde el lunes, lo que podría dificultar el abastecimiento de supermercados.
El Ejecutivo parece entender ya que la escalada en los precios de la luz no son culpa de las eléctricas sino del precio que está alcanzando el gas en los mercados mayoristas. Y esta apreciación no es menor, en tanto en cuanto, cuando comenzó la tensión alcista en los precios de la electricidad, la propia Teresa Ribera no tuvo problema en señalar a las eléctricas.
La propia Ribera, en aquel momento, el pasado mes de septiembre, llegó a pedir "empatía" a las eléctricas para no encarecer la factura de las familias, y decía que era la avaricia de estas compañías quienes aprovechaban la capacidad de las centrales hidroeléctricas para disparar el precio de la luz, ahora habla del gas ruso y la guerra.
La solución de Europa
Actualmente la solución que ha puesto encima de la mesa la UE y que ha comprado el ejecutivo español es el de la intervención del mercado, es decir, establecer precios máximos para la adquisición, en este caso, de gas.
El objetivo que busca la UE es que, mediante esta intervención del mercado, se evite el encarecimiento general de los precios, también de la electricidad. En este sentido, fuentes del mercado energético señalan que la situación actual no está beneficiando a las eléctricas, quienes, a fin de cuentas, tienen que comprar el gas a precio de mercado y vender la energía por debajo del "spot".
Algunas fuentes del sector estiman que el ahorro que podría permitir en Europa esta intervención puntual de los precios sería de 400.000 millones de euros, y algunos de estos actores considera que es una solución temporal para un mercado "que está absolutamente roto", dicen estas fuentes.
Ahora, además, la Comisión Europea ha puesto a disposición de los distintos países miembros unas herramientas que podrían utilizar los países miembros para hacer frente a la escalada de los precios de la energía en circunstancias excepcionales. Una medida que tendría que tomarse junto a otras como la promoción de la energía renovable, la diversificación del suministro y la reducción de la demanda.
Así, consideran en la UE que hasta que se consiga la independencia energética de Rusia, la mejor solución en el corto plazo es limitar el contagio del efecto de los precios del gas en los precios de la electricidad mediante el establecimiento de límites temporales en los precios del gas.
En caso de que esa limitación afectase sólo al sector eléctrico, que consume un 10% del gas total, tendría un impacto directo en el mercado mayorista. Fuentes del sector ponen el siguiente ejemplo. Si se limitase, por ejemplo, el precio del gas a 80 euros en lugar de a los 500 que está marcando en la actualidad, el mercado mayorista de la electricidad podría bajar hasta los 180 euros. Lo que supondría un abaratamiento del mercado de más de 300 euros.
Algunas fuentes del sector energético consideran directamente que esta medida podría llegar a "salvar las economías europeas de la mayor crisis vivida en las últimas décadas", dicen, y eso que en las últimas décadas hemos vivido crisis especialmente duras.
Déficit de tarifa
Quizá el problema básico de esta medida es que por mucho que la Comisión Europea decida establecer un precio máximo del gas, esto en lo que se traduce es en que alguien tendrá que pagar la diferencia de precios con los mayoristas. Esencialmente porque quien vende la materia prima no aceptará sin más una rebaja de un 80% sobre el precio que marca su materia prima. Dicho esto, si el gas está cotizando estos días a una media de 160 euros y lo queremos dejar en la mitad, por ejemplo, 80 euros, la diferencia hasta 160, es decir, otros 80 euros tiene que pagarlos alguien.
Esto, nos cuentan los expertos, sólo hay dos maneras de hacerlo: bien con cargo a presupuestos: que lo paguen los contribuyentes de la UE o de cada uno de sus países miembros. O generar un déficit de tarifa y que lo paguen los consumidores de los distintos países de los estados miembros en sus facturas del gas durante los próximos años.
Es decir, que si actualmente se topan los precios del gas sí o sí terminaremos pagándolos de uno u otro modo, encareciendo nuestra factura energética.
Ya lo explicó en septiembre del año pasado en Libre Mercado Pedro Mielgo, expresidente de Red Eléctrica y uno de los analistas más certero del sector energético.
La solución que no quiere ver el Ejecutivo
Cabe otra solución que permitiría a los actores del mercado, tanto las empresas eléctricas, como el resto del sector industrial y los consumidores podrían continuar con su actividad y ver reducido de una manera drástica su coste energético. Bastaría con, ya no reducir, sino eliminar los impuestos a los hidrocarburos y la electricidad. Todos. Tanto el IVA como los indirectos a las materias primas. Los transportistas, por ejemplo, verían reducir su factura de combustible a la mitad de la noche a la mañana. Lo mismo pasaría con la factura eléctrica.
Eso sí, el Gobierno parece que no está en absoluto dispuesto a hacer este esfuerzo y prefiere intervenir el mercado para que sean los ciudadanos los que terminemos pagando la factura que esta intervención genere vía impuestos o vía factura durante los próximos años.