Menú

El Gobierno lanza un récord histórico de plazas pero controlará el papel y el boli de los funcionarios para ahorrar

Nunca antes se había aprobado una oferta de empleo similar: 44.787 plazas. Sin embargo, el Ejecutivo pretende ahorrar con unas llamativas medidas.

Nunca antes se había aprobado una oferta de empleo similar: 44.787 plazas. Sin embargo, el Ejecutivo pretende ahorrar con unas llamativas medidas.
Nadia Calviño, Isabel Rodríguez y María Jesús Montero, este martes | EFE

El empleo público vuelve a crecer. El Gobierno ha lanzado otro récord de vacantes para funcionarios que alcanza la desorbitada cifra de las 44.787 plazas en 2022. Nunca antes en la historia de España se había aprobado una oferta de empleo público (OEP) de estas dimensiones.

De esta cifra, 34.151 plazas corresponden a la habitual oferta ordinaria y las otras 10.636 se encajan en lo que han llamado "oferta de estabilización de personal interino". Es decir, son las plazas para hacer fijos a una serie de interinos que no han aprobado la oposición.

"Es un día muy importante para todos los que creemos en lo público" celebró la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer martes. Montero prometió "más y mejores servicios para toda la ciudadanía" con esta nueva convocatoria. "Es la mayor oferta de la historia. Va dentro de nuestro ADN" siguió aplaudiendo la ministra.

funcionarios-2022.jpg

Como se observa en el gráfico anterior, el año pasado, el Gobierno de PSOE y Podemos sumó 30.455 nuevas plazas a la plantilla del Estado, lo que supuso otro nuevo hito en plena crisis económica y con el gasto público en niveles nunca vistos.

Hay que tener en cuenta que los salarios de los empleados públicos cerraron 2021 batiendo un récord histórico al rozar los 150.000 millones de euros. Ahora, el Ejecutivo se ha vuelto a superar.

¿Dónde estarán las nuevas plazas?

Por áreas, dentro de las 34.151 plazas de la oferta ordinaria, se destinarán 25.471 plazas para la Administración General del Estado (15.880 de ingreso libre y 9.591 de promoción interna); 4.992 plazas para Policía Nacional y Guardia Civil (4.342 de ingreso libre y 650 de promoción interna), y 1.737 para la Administración de Justicia (945 de ingreso libre y 792 de promoción interna). Dentro de las 10.363 de estabilización de empleo temporal, se ofrecen 4.691 plazas en Administración General del Estado y 5.945 para la Administración de Justicia.

Para María Jesús Montero es motivo de orgullo que esta nueva oferta de empleo público casi duplique a la de 2017, la última que promovió el Gobierno de Mariano Rajoy. Montero aseguró que desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa se han aprobado más de 143.000 plazas en cinco ofertas, "más del doble que las que acordó Rajoy en siete años" presumió.

Que vayan en bici, controlarles los bolis...

El mismo día que el Gobierno aprobaba esta nueva oferta de empleo público sin precedentes, el Ejecutivo también daba luz verde a un llamativo "Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General del Estado". Su objetivo es "racionalizar el uso de edificios e instalaciones administrativas y establecer formas de organización en el trabajo que propicien ese ahorro".

Sin embargo, el Ejecutivo no daba cifras de cuánto dinero de los contribuyentes piensa ahorrar con la implantación de unas medidas que van desde el control de la calefacción de los edificios hasta el control del uso del papel de oficina o los bolis que utilizan los funcionarios pasando por el fomento de la movilidad de los empleados públicos en bicicleta. Este es el detalle de algunas de las medidas:

  • Control de condiciones de temperatura adecuada en locales e instalaciones climatizadas.
  • Impulso de la instalación en edificios e infraestructuras públicas de placas fotovoltaicas para autoconsumo.
  • Seguimiento del uso de consumibles: papel, plásticos y otros materiales de oficina.
  • Se promocionará e incentivará el uso del transporte colectivo de los empleados públicos para promover la movilidad sostenible.
  • Asimismo, se fomentará el uso de la bicicleta, para lo cual se habilitarán aparcamientos para estos vehículos en los edificios públicos.
  • Por razones organizativas debidamente motivadas se podrá autorizar la prestación de dos días de trabajo a distancia.
  • Establecimiento y racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, iluminación y equipamiento ofimático. Además, se revisará la potencia eléctrica contratada en estos inmuebles.
  • Mantenimiento de un óptimo nivel de ocupación de los inmuebles.

¿Cuánto les subirá el sueldo?

Sobre la negociación con los sindicatos para la subida salarial de los funcionarios en plena tormenta inflacionista, la ministra declaró que "no hay una fecha concreta" para empezar a hablar de este tema y explicó que, una vez pase el verano y se acerque la aprobación de los Presupuestos para 2023, "se intensificarán" las negociaciones.

En una situación normal, todavía sería pronto para hablar de cuánto van a subir los sueldos de los funcionarios en 2023 (la negocia Hacienda), pero con la inflación rozando el 9% en abril, a los sindicatos de funcionarios les aterroriza no poder compensar la subida del IPC o quedarse muy lejos de ella.

Montero ha reconocido que cuando se pactó la subida salarial para este año (2%) no estaba previsto el incremento que ha experimentado la inflación en los últimos meses, por lo que ha dejado entrever que la actualización de los salarios de los empleados públicos será superior a ese (2%). En el caso de los funcionarios, todo apunta a que la revalorización quedará lejos del IPC. Sin embargo, con los pensionistas el Gobierno sí va a actualizar las prestaciones según la inflación.

Según los cálculos que Funcas elaboró para Libre Mercado, cada punto de revalorización del sueldo de los 2,8 millones de asalariados que tienen las Administraciones Públicas implicaría un incremento del gasto de 1.500 millones de euros en los Presupuestos.

Por ejemplo, revalorizar el sueldo de los funcionarios según la inflación de diciembre de 2021 -el 6,5%- tendría un sobrecoste de unos 9.750 millones que recaería duramente sobre las maltrechas cuentas del Estado.

Temas

En Libre Mercado