Las políticas no convencionales desplegadas por los bancos centrales desde hace más de una década han inundado de liquidez los mercados y apuntalado niveles insostenibles de gasto público. El primer resultado de semejante expansión monetaria fue la distorsión de los precios, con episodios tan aberrantes como los de los títulos de deuda soberana que se han negociado con intereses negativos. Pero, como no podía ser de otro modo, el tsunami monetario ha terminado trasladándose al conjunto de la economía, en forma de inflación.
El último informe de la consultora Freemarket CI alerta de que "el mantenimiento de una política monetaria y fiscal expansivas durante un dilatado espacio temporal siempre se ha traducido en más inflación y menos crecimiento. Lo que está pasando ahora no es diferente de lo que pasaba antaño. De hecho, la evolución reciente de las principales economías desarrolladas presenta claramente desaceleración del ritmo de crecimiento previsto hace unos meses y un aumento de la inflación, lo que se traduce en la presencia de un creciente riesgo de estanflación, con un escenario similar al de finales de los años 70, pero con el agravante de que hoy existen unos niveles de deuda pública muy superiores a los existentes en aquellos tiempos".
El organismo que preside Lorenzo Bernaldo de Quirós ha modelizado el impacto que tendrá esta crisis en el poder adquisitivo de los hogares. Aunque las previsiones de consenso anticipan que el IPC medio de 2022 será del 5,5%, el cálculo que establece Freemarket CI eleva en dos puntos porcentuales esta estimación, hasta plantear un aumento del 7,5% durante el presente ejercicio. Para calibrar dicho indicador, se toman en cuenta factores que inicialmente no estaban en la ecuación, pero que solo contribuyen a agravar el problema, caso de la guerra en Ucrania y de la subida en los precios de las materias primas.
"Si sólo se contase con la previsible evolución de los precios de los bienes ligados de manera directa o indirecta a la energía, la inflación ascendería al 10,5%. Por tanto, y contemplando una opción más conservadora con una inflación media del 7,5% en 2022, el coste medio por hogar de la subida de precios será de alrededor de 2.650€ unos 220€ al mes", apunta el informe.
"Según la última Encuesta de Estructura Salarial realizada por el INE, el salario medio español se sitúa en 24.396 euros brutos. En este supuesto, la caída de la renta disponible derivada de la inflación superaría el 12%. Si, en vez de tomar el salario medio, se calcula el salario más frecuente (18.507 euros brutos) la reducción sería de un 16%", explica el estudio.
Efectos sobre el empleo y el déficit
Freemarket CI apunta que, "con este escenario de precios, unos sindicatos fuertes y un mercado laboral rígido, la destrucción de puestos de trabajo (o, en el mejor de los supuestos, la ralentización de la creación de empleo) es algo totalmente esperable. Esta presunción se ve reforzada por la mala evolución de la productividad del factor trabajo que resista tasas de incremento negativas. Esto significa que un aumento de los salarios, ligado en todo o en parte a la marcha del IPC, impulsa al alza los costes laborales de las empresas y, por tanto, afecta de manera negativa a su competitividad, vía apreciación del tipo de cambio real, y a su demanda de mano de obra".
Por otro lado, aunque se ha tendido a evaluar el impacto fiscal de la inflación teniendo en cuenta la subida esperada en los ingresos debido a la no deflactación de las tarifas de los impuestos, lo cierto es que también se debe considerar que hay muchas partidas presupuestarias y programas de gasto público cuyo comportamiento está ligado al IPC. El estudio concluye que se dará "un aumento adicional del gasto de 10.700 millones de euros sobre el escenario presupuestado, lo que imposibilita una reducción significativa del déficit". La situación es tan delicada que, si bien se plantea un descuadre entre ingresos y gastos del 5% del PIB, el diferencial podría llegar a ser del 9% del PIB si se dan los supuestos más adversos, con menos crecimiento y más indisciplina fiscal.