Sigue el goteo de licitaciones financiadas con fondos europeos. Aunque el fiasco en materia de ejecución presupuestaria está amortiguando el impacto negativo de los programas elegidos por el gobierno de Pedro Sánchez, la cruda realidad es que no pocas licitaciones avanzan a buen ritmo, comprometiendo hasta 12.000 millones de euros en proyectos como la "fabricación de chips".
Sabemos que Bruselas ve con buenos ojos cualquier gasto referido a cuestiones de "digitalización", de modo que no puede sorprendernos que, a lo largo de los últimos meses, las Administraciones Públicas hayan adquirido más de 10.000 ordenadores portátiles. Los equipos serán repartidos entre once ministerios y han supuesto un desembolso total de 13 millones de euros.
Desde el gobierno justifican esta medida apelando a la necesidad de impulsar el teletrabajo y subrayan los beneficios medioambientales que pueden obtenerse en caso de que un menor número de funcionarios se desplace a diario de su casa al trabajo. Pero, como es lógico, cada vez son más las voces que expresan su preocupación por las pérdidas de productividad adicionales que pueda generar esta circunstancia, que además se vería agravada con las continuas subidas salariales que se están concediendo a los trabajadores del sector público y los menguantes niveles de empleabilidad que ya exhibe el sector privado.
La "fábrica de apps"
Pero no es este el único proyecto vinculado con la "digitalización" que se ha concretado en los últimos meses, puesto que el gobierno también ha anunciado que destinará 31 millones de euros de los fondos europeos a desarrollar una "fábrica de apps" móviles, en el marco de una licitación que se anuncia para las próximas fechas.
Esta "fábrica de apps" pretende "acercar los servicios públicos digitales a la ciudadanía". De cara a 2025, el gobierno pretende lograr que el 50% de los procedimientos administrativos estén disponibles a través de aplicaciones móviles. Sin embargo, el historial del sector público español en materia de digitalización deja mucho que desear, al contrario de lo que vemos en países como Estonia, donde se llegó a prescindir del 20% de los funcionarios con la introducción de modernos programas informáticos.