Las Sicav han sido cuestionadas con ahínco por PSOE y Podemos, que han denunciado una y otra vez dicho vehículo de inversión como una suerte de "paraíso fiscal" a disposición de los más ricos. Lo primero siempre fue un argumento falso, puesto que la tributación de las Sicav siempre ha sido la misma que la de los fondos de inversión. Lo segundo tampoco tenía mucho sentido, puesto que no pocas Sicav cotizaban en el mercado bursátil, de modo que era posible comprar una acción de cualquiera de estas compañías por precios simbólicos, a menudo por debajo de 20 euros cada título.
Pero PSOE y Podemos no cejaron en su empeño de perseguir esta forma de inversión, gracias a la cual se canalizaban unos 30 millones de euros, de los cuales 8.000 millones estaban directamente invertidos en acciones y empresas de nuestro país. De modo que, a fecha de hoy, las tres cuartas partes de las Sicav han comunicado su cese de actividad, según los últimos datos facilitados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Lógicamente, los gestores de estos vehículos se han cuidado mucho a la hora de disolver estas sociedades y han procedido a articular diversas estrategias de disolución y liquidación orientadas a evitar cualquier coste fiscal y diferir la tributación de las ganancias alcanzadas. Para lograrlo, los accionistas de las Sicav simplemente han transferido sus inversiones a fondos de inversión convencionales.
Si su propaganda se basase en hechos y circunstancias reales, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez debería estar de enhorabuena, puesto que los cambios legislativos aprobados en los últimos años han hecho que tres de cada cuatro sociedades de inversión de capital variable cierren la persiana. Sin embargo, a pesar del fuerte desplome que se ha producido, lo cierto es que los españoles no estamos mejor.
El discurso de socialistas y comunistas afirmaba que las Sicav generaban desigualdad y pobreza, pero lo cierto es que estos indicadores han ido a peor bajo mandato de PSOE y Podemos. Así, mientras se desmantelaban estas sociedades, España ha vivido un repunte de las diferencias salariales, la exclusión laboral o la pobreza, así como una mayor incidencia de los desahucios de primera vivienda.
Sigamos por la cuestión fiscal. Supuestamente, la desaparición de las SIcav aumentaría la recaudación tributaria. Sin embargo, los informes de recaudación que publica la Agencia Tributaria no consideran que las modificaciones normativas que afectan a dichos vehículos de inversión hayan generado un solo céntimo de recaudación extra, como puede verse en el informe de cierre del año 2021 o en la última actualización para 2022, correspondiente al mes de abril. Y es que el mero traspaso de los fondos de las Sicav a otro tipo de vehículos de inversión colectiva es suficiente para evitar cualquier pago tributario, lo que pone de manifiesto que, en efecto, el tratamiento impositivo de estos vehículos nunca fue diferenciado, sino totalmente homologable al de los fondos de inversión. La deuda está subiendo a un ritmo de más de 200 millones al día y la liquidación de buena parte de las Sicav no ha aportado ni un céntimo a la mejora de las cuentas públicas.
Y vayamos ahora a los mercados. Supuestamente, las Sicav introducían distorsiones en los mercados financieros, deformándolos en beneficio de los más ricos. Pues bien, cuando observamos la evolución de la bolsa española podemos comprobar que el gobierno de PSOE y Podemos echa a andar con el Ibex 35 en el entorno de los 9.000 puntos, mientras que hoy vemos que el selectivo se sitúa cerca de los 8.000 puntos, un 12% menos.
Por supuesto, huelga señalar que la inflación se ha disparado al mayor nivel en cuarenta años, la inversión extranjera es cinco veces menor que en los años de gobierno de Mariano Rajoy y el crecimiento se ha desplomado hasta el punto de que no recuperaremos los niveles de 2019 hasta bien entrado 2023. De modo que tampoco hay mejoras en el cuadro macro. De modo que, tal y como siempre advertimos quienes nos opusimos a la demagogia del gobierno contra las Sicav, su liquidación en masa no ha tenido ningún efecto positivo, pero sí ha coincidido con un claro deterioro de las condiciones generales de la economía española. Y es que, mientras el Ejecutivo se empeñaba en perseguir una forma de inversión como otra cualquiera