El pasado 17 de junio, los ministros del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea se reunieron en Bruselas y acordaron la reactivación de ciertas reglas fiscales a partir de 2023. Aunque las normas de estabilidad presupuestaria no se volverán a aplicar por completo hasta 2024 o 2025, el próximo año sí se espera que los países con más déficit público tomen algunas medidas correctoras de su déficit presupuestario.
Para ser precisos, el ECOFIN habló explícitamente de activar "una política presupuestaria prudente, limitando los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo". Por lo tanto, el gobierno de España no podrá continuar su espiral de gasto deficitario y deberá reducir el descuadre entre ingresos y gastos.
La desviación presupuestaria creció en 2019, se disparó en 2020 y continuó en niveles muy altos en 2021, de modo que Bruselas espera de España el primer sacrificio en cuatro años. La cuestión es cuál será el alcance de las medidas correctoras, una pregunta que ha procurado responder la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).
Según el organismo que dirige Cristina Herrero, el gobierno de España tenía planteado para 2023 un aumento del gasto cercano a los 23.000 millones. En cambio, si se limitan los gastos primarios corrientes al crecimiento potencial a medio plazo, como pide el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), el crecimiento del gasto deberá moderarse hasta el entorno de los 15.500 millones.
Por lo tanto, si traducimos las recomendaciones del ECOFIN, encontramos que lo que esperan nuestros socios comunitarios es un tajo al gasto de 7.500 millones de euros durante el curso 2023. Una exigencia que tiene difícil encaje con la agenda de un Gobierno entregado a la causa del gasto.
El efecto de la subida de tipos
Pero el problema no acaba ahí. La AIREF también ha apuntado en sus últimos informes que el encarecimiento de la financiación derivado de la subida de tipos de interés elevará los pagos del Tesoro por concepto de intereses en unos 12.000 millones de euros en 2025. Esta cifra ya sería de 7.000 millones en 2023, según el Banco de España. Y es que, el fin de la "barra libre" que venía ofreciendo el Banco Central Europeo tiene consecuencias directas en las cuentas públicas, puesto que los bonos españoles dejarán de financiarse a base de imprimir dinero.
Estamos, pues, ante un ajuste de al menos 14.500 millones de euros en 2023: 7.500 millones por la nueva regla fiscal que ha marcado el ECOFIN para 2023 y 7.000 millones que irán destinados al impacto de la subida de tipos en la financiación de la deuda pública (y que habrá que recortar de algún sitio). Un duro golpe para un Pedro Sánchez que, en cualquier caso, heredó un gasto público de 480.000 millones y ha elevado dicho epígrafe hasta los 610.000 millones, lo que supone un aumento del gasto de 130.000 millones.