Vienen recortes presupuestarios. El déficit está desbocado, la deuda roza el 120% del PIB y la inflación ha rebasado el 10%. El Gobierno lo niega, pero, quizás, la mayor prueba —más allá de la evidencia de los datos económicos y los mensajes de Bruselas— es lo que ocurre estos días en el Congreso de los Diputados con los socios de Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que han empezado a exigir formalmente al presidente que blinde las inversiones y prebendas logrados con los chantajes presupuestarios que han negociado hasta el momento.
Traducido: que cuando vengan las vacas flacas, ellos sigan teniendo las vacas gordas. ERC y Junts han movido ficha últimamente, usando hasta los incendios forestales, para exigir el control de más partidas presupuestarias desde su feudo autonómico. De ese modo, la partida podrá bajar con los recortes venideros, pero sí, pese a bajar de importe, se traslada desde el Gobierno central a los autonómicos, a efectos de las arcas regionales es una ganancia neta de recursos económicos en plena crisis.
Bildu ha hecho lo propio en el Parlamento de Navarra exigiendo el control del diseño del reparto de los fondos municipales. Y es que el dinero, dinero es, llegue vía municipal o nacional.
Pero, posiblemente, el más obsceno haya sido Podemos. Que no sólo ha pedido literalmente la garantía de las inversiones en Cataluña con una agencia de control y todo, sino que, además, tras presentar la petición por escrito, ha decidido pedir la retirada del documento. Como si hubiese pasado a pensar que no es el momento de ser tan obvio en su propósito y que es mejor negociar esas cosas un poco más en silencio.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem- Galicia en Común ha solicitado, de ese modo, una ley de "creación de la Oficina de seguimiento, cumplimiento y control de la Ejecución de las Inversiones e Infraestructuras del Estado en Cataluña". La ha pedido y luego ha solicitado la retirada del registro de la Mesa del Congreso de su exigencia. Pero el borrador, obviamente, existe y sigue entre sus objetivos.
El redactado de ese texto es nítido: "El Estatuto de Autonomía de Cataluña recoge el derecho de este territorio a recibir por parte del Estado una inversión en infraestructuras equiparable a la participación relativa de su producto interior bruto (PIB) con relación al producto interior bruto del Estado". Y, según Podemos, "esta realidad pactada es la que, en teoría, debería permitir la planificación y ejecución de infraestructuras que son vitales para el correcto desarrollo de un territorio estratégico cuya capacidad para generar actividad económica e industrial está más que reconocida y considerada como uno de los principales activos del Estado español". Pero, "como el propio Ministerio de Fomento ha reconocido, existe un incumplimiento recurrente de las inversiones previstas para Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".
45.000 millones de euros para Cataluña hasta 2030
Los de Podemos no ocultan de parte de quien van: "Este hecho objetivo ha ido generando, en las últimas décadas, un malestar creciente entre los principales actores políticos, sociales y económicos del territorio, pero sobre todo una sensación de abandono y frustración por parte de la ciudadanía, que vive con impotencia deterioro de los principales sistemas de comunicación de transporte público y la falta de nuevas interconexiones de calidad demandadas y prometidas históricamente en todo el territorio".
Traducido: que sus aliados políticos quieren una garantía del dinero de todos esos gastos. Y, como llegan crisis y recortes, pues esa garantía pasa a ser prioritaria.
"El último ejemplo de este déficit inversor es el informe publicado recientemente por la Intervención General del Estado (IGAE), en el que se recoge que en 2021 en Cataluña se liquidó tan solo el 35,8% de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que equivale a cerca de 740 millones del total de los 2.068 millones fijados, un dato que ha levantado las quejas del sector empresarial y político de Cataluña", señalan los de Podemos, con cifras y todo.
"De hecho, hay estudios que cuantifican este déficit. Es el caso del publicado por Foment del Treball, que asegura que este déficit ha pasado de los 28.000 millones de euros del año 2018 a los 35.000 millones actuales, y que serían necesarios 45.000 millones de euros hasta 2030 para revertir este déficit en infraestructuras", explican los morados.
Y, por todo ello, se defiende la creación de "la Agencia de Control de la Ejecución de las Inversiones e Infraestructuras del Estado en Cataluña, con la voluntad de subsanar una situación que en nada beneficia al conjunto de la sociedad y que, sin duda, contribuirá a consolidar el clima de diálogo abierto por el Gobierno del Estado y el Govern de la Generalitat".