Está visto que el gobierno social-comunista que preside Sánchez no pierde oportunidad para obstaculizar el aumento de la producción de energía, única forma de abaratarla realmente sin recurrir a arteras maniobras como la de recomendar el uso de la bicicleta, hacer un uso de la electricidad a horas intempestivas o "topar" el precio del recibo de la luz endosando la diferencia a cargo del contribuyente. Así, en la misma semana que se ha sabido que nuestro país está revendiendo a Marruecos parte del gas adquirido a buen precio a Argelia antes de que Sanchez dinamitara los acuerdos de amistad con este último país, los socialistas españoles, junto a podemitas, separatistas catalanes y proetarras de Bildu, han votado en el Parlamento Europeo en contra de la propuesta de la Comisión Europea de incluir el gas y las centrales nucleares dentro de la llamada "taxonomía verde" que permitirá equiparar estas formas de energías a las tradicionalmente consideradas como renovables en los programas de finanzas sostenibles.
Afortunadamente, sin embargo, la propuesta de la Comisión ha salido adelante –gracias, entre otros, a los representantes españoles de PP, Vox, Ciudadanos y PNV–, por lo que Europa modificará la norma y permitirá que el gas y las nucleares entren dentro del etiquetado verde que les permitirá competir con la solar o la eólica, entre otras renovables, para recibir ayudas propias de tecnologías no emisoras de gases de efecto invernadero.
Aun así, las ventajas que España obtendrá de este cambio normativo serán nulas –a menos que sea en nuestra contradictoria condición de importador de estas dos fuentes de energía– mientras los empobrecedores y apocalípticos delirios ecologistas sigan formado parte de los prejuicios ideológicos de nuestro gobierno. Y es que el primitivismo y la reaccionaria oposición de este gobierno social-comunista a la energía nuclear y al fracking –técnica de extracción de gas o de petróleo mediante fracturación hidráulica–, por no hablar de las trabas burocráticas autonómicas que sufre una energía "políticamente correcta" y supuestamente respaldada por el gobierno como la solar, condenan a nuestro país a tener una energía cada vez más cara y dependiente del exterior.
Es cierto que la ruptura de relaciones con Argelia –hasta la fecha nuestro principal suministrador de gas– nada tiene que ver con los insensatos delirios ecológicos del gobierno sino con la sumisión a Marruecos, ya sea porque hemos delegado en este país el deber de controlar nuestras fronteras con África, ya sea por motivos más inconfesables. A este respecto, poco se ha denunciado lo caro que puede pagar España el cambio de postura respecto del Sahara en favor de Marruecos en relación a nuestras aspiraciones de explotación minera del monte submarino Trópico en las islas Canarias, un auténtico maná de metales muy apreciados en la alta tecnología, como el telurio o el cobalto, entre otros.
Con todo, una cosa es la importación de energía –que el gobierno de Sánchez ha encarecido por su nefasta política hacia Marruecos– y otra es la producción nacional de la misma que el Gobierno no para de entorpecer por un reaccionario y mal entendido ecologismo.